Los cargos que le van a imputar al exgerente del HUV Jaime Rubiano

Ocho personas afrontan cargos por peculado y celebración de contratos sin cumplir requisitos. Un implicado fue dejado libre por la juez.

Con la puesta en libertad de Eduardo Cruz Fernández , por falta de garantías procesales, inició el proceso  en contra del exgerente del Hospital Universitario  del Valle, Jaime Rubiano, y siete personas más por el presunto detrimento patrimonial en el HUV que asciende a $20.047 millones por sobrecostos en la compra de los medicamentos.

La diligencia, que inició el pasado miércoles  con la captura de los implicados, actualmente sigue su curso y es llevado   por la Juez 13 de Control de Garantías. Para hoy se estaría realizando la  imputación de cargos. 

Por los hechos anteriormente mencionados son procesados los miembros del Comité Evaluador del HUV José Alejandro Vallejo, Natalia Andrea Caicedo y Johana Vallejo Castillo; Luz Marina Lagarejo, jefe del área jurídica del HUV; el interventor del contrato, Hernando Eli Manosalva; y el gerente de la UT Vallepharma,  Milton Mosquera. Todos fueron capturados ayer.

Eduardo Cruz Fernández, integrante del comité evaluador del HUV y exdirector médico que   se entregó a las autoridades, fue puesto en libertad ayer por la juez por  falta de garantías procesales.

En palabras de la Juez, el Fiscal del caso no trasladó la carpeta del proceso  a la abogada  de Cruz Fernández por lo que se le vulneró, entre otros,  el derecho a la igualdad.

El fiscal manifestó en la audiencia que fue una omisión involuntaria y se dio tal vez por la cantidad de sujetos que involucra  este caso.

Martha Lidia Montoya, abogada defensora de Eduardo Cruz, manifestó que en el proceso de  legalización de la captura de su apoderado se violaron unas garantías. 

“El fiscal le entregó una carpeta a todos los abogados de los implicados en el caso, menos a mí y entonces le dije a la Juez que la carpeta no se me había suministrado y ella requirió al Fiscal y no me la pasó”, dijo.  

La abogada reiteró que al no entregar la carpeta se vulneran los siguientes derechos de su apoderado: el debido proceso, la igualdad y el conocer si realmente se cumplieron con los requisitos de la capturas. “Hay que tener en cuenta que él (Eduardo Cruz Fernández) se presentó ante las autoridades”. 

La abogada  explicó que Cruz Fernández queda en libertad pero que su cliente continúa dentro del proceso. 

Ayer  durante la audiencia también se conocieron los cargos que la Fiscalía imputará  a Jaime Rubiano y a otras siete personas implicadas. Son: peculado por apropiación, celebración de contratos sin el lleno de los requisitos legales e interés indebido en la celebración de contratos.

También trascendió en la audiencia que las investigaciones de la Fiscalía para este caso se vienen llevando a cabo desde el mes de marzo del año 2014.

Según explica el abogado Elmer Montaña, el peculado por apropiación es un delito donde un servidor público  se adueña para beneficio propio o de un tercero de bienes del Estado.  “Por este delito el Código Penal establece entre seis y quince años de prisión, además de multas equivalente al valor apropiado”.

La celebración de contratos sin cumplir los requisitos legales puede incurrir en prisión de cuatro  a doce años y una multa entre cincuenta y doscientos salarios mínimos legales mensuales vigentes (entre $34 millones y $137 millones). El interés indebido en la celebración de contratos contempla penas entre  5  y 18 años.

La Gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro,  celebró que se esclarezcan todos estos actos irregulares cometidos en el HUV. “Yo misma he denunciado estos actos de corrupción, por ejemplo, con las facturas escondidas, que no se cobraban los servicios”. 

Álvaro Muñoz, vicepresidente de uno de los sindicatos del HUV, manifestó que estas investigaciones deben extenderse a otros gerentes que pasaron por el hospital. 

“Nosotros hemos realizado las denuncias antes la Fiscalía y esperamos que se llegue hasta el fondo de todo esto”, concluyó.

Lo que pasó

Según la Fiscalía,  Rubiano habría incurrido en un presunto detrimento patrimonial que asciende a $20.047 millones por sobrecostos en la compra de los fármacos, los cuales rondaron el 38% de incremento sobre el valor de su precio en el mercado.

 En su momento,  Rubiano justificó el convenio con Vallepharma asegurando que “la oportunidad en la dispensación de fármacos  aumentó de un 75% a un 95%.