Lo que se esconde detrás de los 'amanecederos' clandestinos de Cali

La tragedia ocurrida en Bogotá revivió el lío de los amanecederos caleños. En casas y bodegas clandestinas se esconde un mundo de excesos. La cara oculta del 'after party'.

El domingo de amor y amistad, Lina estaba con sus compañeros de universidad celebrando en un bar de San Fernando, por la Calle Quinta. A las 10:00 p.m. apagaron la música. Era hora de cerrar. Uno de los compañeros dijo que él conocía otro sitio para seguir la rumba, en un subterráneo, por los lados de La Luna.Era un lugar como escondido, todo se veía apagado. Bajaron unas gradas, pagaron $10.000 cada uno y entraron. “Había un olor horrible, una energía muy pesada en el ambiente. El lugar estaba muy oscuro y muy frío, el aire acondicionado estaba full y la música era muy estridente”, relata Lina.“Nosotros fuimos los primeros en llegar. A la medianoche empezó a llegar mucha gente, sobre todo parejas gay, bailaban con mucha euforia, casi todos fumaban, el aire se puso pesado. Había pocas parejas heterosexuales”.“Le dije a una amiga que me acompañara al baño porque no me atreví a ir sola. Había un señor esperando entrar y no abrían la puerta. Él la tumbó de una patada y habían dos niñas como de 15 o 16 años haciendo algo”...“La pista estaba llena, había como 60 personas, bailaban hombres con hombres, mujeres con mujeres, mujeres con hombres, pero de una manera más que eufórica. Había mucha promiscuidad, unos estaban con unos, después con otros, no les importaba. Unos señores con unos peladitos. Metían droga, una locura”... “A las mujeres unos travestis nos miraban como con envidia. Se limpiaban el sudor con servilletas y nos las tiraban en la cara. Nadie controlaba nada”. “Yo no aguanté una hora más eso y me fui”, concluye Lina.***Nada ha cambiado desde la tragedia de Sandra, hace un par de años, víctima de una encefalitis por el abuso de drogas y de los daños en su capacidad motriz debido al exceso de parranda. La bodega de la zona industrial de Acopi, entre Yumbo y Cali, sigue allí como amanecedero de rumba. Los rumberos de sol a sol continúan llegando los viernes, sábados y domingos cuando les cierran los bares y discotecas en Cali. El aguardiente número 2 (ilegal) sigue circulando. Y también el póper y las pepas de éxtasis.Desde la tragedia de Sandra -una estudiante de 17 años de edad devorada por un ‘after party’-, se empezaron a ver en la ciudad muertes por cocteles de pepas y heroína, recuerda Jorge Quiñónez, toxicólogo de la Secretaría de Salud. Entonces, cada fin semana empezaron a llegar al Hospital Universitario del Valle, dos y tres jóvenes moribundos, intoxicados con esa mezcla letal de trago y estupefacientes que suelen consumirse sin control en esas fiestas sin Dios ni ley, donde nada se prohíbe, todo es permitido y la euforia no tiene límites.Érika acaba de cumplir 18 años. Desde los 15 va a esas fiestas semiclandestinas convocadas a través de Facebook. Nunca tuvo problemas para entrar a las rumbas por ser menor de edad. “No pedían cédula ni nada, pagaba $20.000 o $30.000 y podía entrar todo el trago que quisiera”, dice.Recuerda que “eso era una locura”: algunos fumaban, metían droga y hasta tenían sexo y nadie les decía nada. “En la casa todos estaban sanos porque pensaban que estaba en una fiesta de amigos del colegio o la universidad”. En la mañana todo el mundo salía loco de la rumba. Algunos se demoraban hasta el mediodía.Su usuario de Facebook está en varios grupos de amigos que la han agregado a ‘clubes’ y discotecas de Menga y de Juanchito. A su vez ella ha estado etiquetada como fan de estos negocios en la red.En Menga hay 30 o 32 discotecas que funcionan con autorización de la Administración de Yumbo. En Juanchito hay unas 25 autorizadas por Candelaria. En la salida a Jamundí funcionan media docena más. Son sitios con aforos grandes, algunos con capacidad de hasta 800 personas. “Dentro de Cali difícilmente hay cinco con un aforo de 180”, dice Alejandro Vásquez, presidente de Asonod, la Asociación de Establecimientos Nocturnos de Diversión.Por eso, los suburbios de la ciudad se han convertido en zonas francas para la rumba legal y la ilegal. Porque al lado de las discotecas autorizadas surgen los ‘after party’ que convocan a 200 o 300 muchachos por las redes sociales, por el PIN o por Whatsapp con el pretexto de una rumba universitaria. La cita es en bodegas que ya no ocupan industrias de Yumbo (apenas pasando la 70), en casafincas de Dapa, en casas de Menga, en sótanos clandestinos del centro de Cali (del antiguo Hotel Aristi, de la Beneficencia del Valle), del sector La Luna; en un patinódromo del Sur, en viviendas alquiladas por ocho días en Santa Teresita, Ciudad Jardín o Pance.Érika lo sabe y frecuenta algunas hace tres años. Sus padres ya se enteraron de la rumba en la que andaba a través de una amiga común en Facebook y le restringieron esas salidas. Pero desde que se enteró esta semana de la tragedia que ocurrió en un amanecedero de Bogotá donde murieron seis personas aplastadas en una estampida tras la incursión de la Policía, Érika empezó a eliminar su nombre de los usuarios ‘calientes’ y grupos de amigos en la red que la convocaban a esas fiestas.***Un empresario de la noche que reservó su nombre confirmó que existe una competencia desleal para ellos, un negocio paralelo montado por personas que han fracasado en la industria legal de la rumba y se dedican a organizar ese tipo de fiestas clandestinas.Es un negocio bien montado. Usan el internet y los canales de teléfonos inteligentes para convocar. Alquilan un DJ con montaje completo de equipo de sonido, luces, pantallas y cañones de humo (de los cuales hay una lista de más de 20 disponibles en la ciudad). Alquilan sillas y mesas y arman la rumba. No hay permisos del gobierno, autorizaciones sanitarias o de bomberos. Ni, por supuesto, pago de impuestos. Lo paradójico es que en muchos casos utilizan edificaciones que están en poder de la Dirección Nacional de Estupefacientes y que aparentemente son más fáciles de ‘alquilar’ por un fin de semana, para armar esas fiestas.Por eso, no todos los ‘after party’ son permanentes como lo es el subterráneo de La Luna. Los realizan cuando ven la oportunidad para hacerlo, cuando están listos el sitio y la clientela, o en fechas especiales como el Día del Amor y la Amistad, el Halloween y puentes de fin de semana. “Cuando la autoridad se da cuenta y los aborda negocian las dos o tres horas adicionales que necesitan para seguir”, dijo una fuente oficial que pidió reservar su nombre.Los asistentes no solo son estudiantes. Hay una clientela selecta que incluye profesionales de todas las áreas, funcionarios públicos y de la rama judicial, gente de la farándula y la cultura y, por supuesto, ‘profesionales’ graduados en la rumba. Un funcionario de la Alcaldía de Cali recordó que hace unos tres meses uno de esos ‘empresarios’, dueño de un reconocido rumbeadero del norte de Cali que está cerrado, organizó un parrandón en una casa de Ciudad Jardín con reconocidas orquestas de salsa y vallenato.El agite en las redes sociales fue grande. Pero el evento finalmente no se llevó a cabo porque la Secretaría de Gobierno lo impidió, no había autorizaciones legales y, entonces, el ‘empresario’ metió una tutela contra el Municipio que no prosperó. Además de que violan el horario autorizado para la rumba o Ley Zanahoria cuando están dentro de Cali, el lío de estos amanecederos es que no hay control de lo que pasa adentro.Las puertas permanecen con llave y como son sitios que no han sido diseñados para funcionar como discotecas o establecimientos de diversión, entonces no tienen las normas mínimas de seguridad humana. En las 7500 visitas que ha realizado a negocios de la ciudad, el teniente Alberto Hernández, director operativo del Cuerpo de Bomberos de Cali se ha encontrado con que el 60 % no tiene certificado de seguridad. Las entradas y salidas son estrechas, cuando su ancho debe ser proporcional al aforo del sitio según rangos de seguridad establecidos. No hay salida de emergencia o solo hay una, cuando deberían haber dos o más de acuerdo a la capacidad del lugar. A veces esas salidas están obstruidas con cajas o asientos arrumados y los corredores no tienen señalización luminosa para evacuación. Por su puesto, tampoco hay licencia sanitaria que certifique la calidad de lo que allí se vende y se consume. Por lo regular, el licor que se expende es el número 2 como lo llaman en ese mundo; es decir, el ilegal, o el que se produce de forma paralela al de la Industria de Licores del Valle que es el número 1.Lina no sabe cuál de los licores se bebía en el subterráneo. Pero esa especie de ‘coctel molotov’ que armaba con el humo espeso de cigarrillos y los vapores de lascivia que inundaban el ambiente tenía a todos alucinando.Tal vez una parranda sin medida como esas fue la que le destrozó el cerebro y el cuerpo a Sandra. La que extravía a jóvenes incautos. La que oculta la verdad de una fiesta sin freno que muchos no quieren ver.ControlesLa Administración Municipal asegura que está actuando frente al flagelo de los negocios ilegales. El secretario de Gobierno, Carlos José Holguín, sostiene que este año se han visitado 900 sitios donde se vende licor (restaurantes, bares y discotecas), en compañía de Bomberos, Secretaría de Salud, Policía y Dagma.En esos operativos fueron cerrados 155 negocios nocturnos por no tener el certificado de uso de suelo o por ejercer otra actividad diferente a la que reportaron en el permiso. Por ejemplo, se hacen pasar como bares cuando son restaurantes. Y la Policía, a su vez, reporta que ha clausurado 401 establecimientos de diversión nocturna este año por incumplir el horario oficial de cierre.Sin embargo, Alejandro Vásquez, presidente de Asonod, señala que el Gobierno se acuerda de hacer los operativos a los establecimientos cuando sucede una tragedia como la del fin de semana pasado en Bogotá. Y agrega que esa actitud represiva no es suficiente para combatir la ilegalidad en la industria de la diversión que hay en el país. Hace falta más.“Las prohibiciones lo que traen son comerciantes inescrupulosos que se lucran de esa prohibición”, advirtió. Además, sostuvo que eso eleva los niveles de corrupción porque no falta el funcionario que se lucre ‘negociando’ la omisión de su autoridad. Sin embargo, la vida no se puede negociar. La de Sandra ni la de las seis personas del Night Club de Bogotá. Por más rumba que parezca.