Ley Esperanza, la nueva ilusión de millones de enfermos mentales

Debido a la mala atención en salud mental que se presta en el país, Esperanza Pinilla por poco se suicida. Su caso inspiró una ley que hoy ilusiona a millones de pacientes. La llaman Ley Esperanza. Esta es la historia.

Por la mujer que está al teléfono se inició una revolución en la atención de la salud mental en Colombia. Curiosamente, se llama igual al sentimiento que los pacientes experimentan ahora, tras aquel revolcón que está exactamente a seis meses de empezar: Esperanza.  Esperanza Pinilla.“Todo empezó hace seis años. Primero con escalofríos terribles.  Yo pensaba que era una infección. Me llevaron a urgencias. En ese momento no tenía otros síntomas y me dejaron en observación. Pasé tres o cuatro días con medicamentos para tratar una infección que en realidad los médicos no estaban seguros que tenía. Luego me mandaron a casa, sin un diagnóstico. Empezaron los otros síntomas”. Esperanza vive en Bucaramanga. Trabaja como asistente en la Fiscalía. Tiene dos hijos. Se retiró de la universidad en sexto semestre de psicología para buscar un empleo, tener con qué sostenerlos. Hace 17 años se separó de su esposo. Es el mismo tiempo que lleva viviendo en esa ciudad famosa por sus bellos parques.  Mientras estuvo enferma, en esos seis meses, intentó matarse. No tenía idea por qué. “En mi vida no había ningún problema que me hiciera sentir mal, triste. Pero llegó el momento en que nada me producía placer. Ni siquiera escuchar un disco. Permanecía callada, encerrada, en piyama. Dejé de comer, y sin embargo tenía diarreas y náuseas. También dejé de dormir. Todo eso fue pasando en el transcurso de esos seis meses en los que pasé de clínica en clínica. Me llevaron a médicos generales, especialistas, tanto de mi EPS como particulares. Incluso viajé a Bogotá a que me viera un gastroenterólogo.  Me hicieron toda clase de exámenes. De los huesos, del hígado – pensaban que podía tener un tumor - y todo me salía bien. Eso me desesperaba aún más. No sabía qué tenía. Mientras tanto, la enfermedad avanzaba”.Gerardo Campo Cabal es psiquiatra. Asegura que no solo sucede en Colombia, sino en todo el mundo: los médicos generales que atienden a los pacientes en el nivel primario, que es cuando alguien llega a urgencias de una clínica con síntomas como los de Esperanza, una infección, una gripa fuertísima, no están capacitados para determinar cuándo esos padecimientos están relacionados con una enfermedad mental. A Esperanza nunca la remitieron donde ningún psiquiatra, por cierto. En Colombia existen dos millones de personas con enfermedades mentales y apenas el 10% están diagnosticados. La epidemia se expande y las consecuencias suelen ser catastróficas. En la sala de inimputables del Hospital Departamental Psiquiátrico del Valle duermen 35 pacientes. Todos cometieron un delito, algunos homicidios, mientras padecieron una crisis psicótica. Hay casos de enfermos que sin tener la más remota idea de qué estaban haciendo mataron al papá, a la mamá, a la abuela, a un bebé. La ley no los puede condenar. No estaban en sus cabales. Inimputables.Carlos Andrés Castillo, del equipo de Salud Mental de la Secretaría de Salud del Valle, explica otro asunto. La Ley 100 de 1993, que reglamenta la seguridad social de los colombianos, los servicios de salud, enfoca la atención y la inversión en las enfermedades físicas, no en la salud mental. No la excluye, por su puesto, pero el tratamiento lo limitó solo durante la fase crítica de la enfermedad y ese descuido también es terrible. En su computador tiene una caricatura para explicarlo. Dos personajes conversan. “El año pasado más de 200 mujeres fueron asesinadas en el Valle”, dice el primero. “Afortunadamente ninguna murió de gripa H1N1”, responde el otro. El dibujo está firmado por el caricaturista Vladdo y traduce lo que está sucediendo: se invierten miles de millones para curar los problemas físicos de los colombianos, pero se descuida la mente de un país históricamente violento. Y la violencia está relacionada con los trastornos mentales. Entre más violencia, más enfermedades. Entre más consumo de sustancias psicoactivas, también. El Valle, según la Secretaría de Salud, es una de las regiones del país donde más se está ingiriendo cloruro de metileno. Es una sustancia utilizada para limpiar teclados y computadores que los jóvenes utilizan para drogarse. La epidemia de los trastornos de la conducta es tal, que solo en el Hospital Departamental Psiquiátrico se atienden 30 consultas diarias en urgencias. Al año se atienden 40 mil consultas externas. Apenas cuentan con 25 especialistas, 208 camas. En toda Cali hay 60 psiquiatras certificados. La mayoría atiende en consultorios particulares o en instituciones privadas porque en sitios públicos como el Hospital Psiquiátrico los salarios son bajos. Los enfermos mentales estrato uno, dos, tres, entonces, no tienen cómo consultar un especialista. Esperanza sigue al teléfono. “Ni siquiera podía ir a trabajar debido a mi enfermedad. Pedí vacaciones. Y justo en ese tiempo tuve tres intentos de suicidio”. Se le ocurrió lanzarse al vacío. O envenenarse. Hasta que, agotada de vivir sin ganas de hacerlo, salió de su habitación en busca de un cuchillo. Ver a uno de sus hijos estudiando la detuvo. Lo abrazó. Le pidió que la ayudara, que la llevara a un psiquiatra. Lo hizo como la última opción que tenía, aunque Esperanza estaba segura de que su problema no era de ese tipo. “Yo no estoy loca”, pensaba. Y no, no lo estaba, no lo está. No todos los que padecen una enfermedad o un trastorno mental son dementes. De hecho, es una situación tan común que una de cada cuatro personas han padecido algún trastorno. La demanda de atención es urgente y los especialistas, los pocos especialistas, están en las capitales del país. No existen en los pueblos, en las veredas, en las zonas de conflicto armado. Esperanza y su hijo tomaron un taxi.- ¿Por qué apenas viene hasta ahora?, le preguntó el psiquiatra, preocupado. Por haber transcurrido tanto tiempo sin una terapia, le explicó, el diagnóstico es grave: depresión aguda. Es sentirse triste, abatido, por periodos extremadamente largos: meses, incluso años. Esa enfermedad es la segunda causa de discapacidad en el mundo, después del dolor de espalda. Nadie es productivo mientras esté deprimido. La padecen 350 millones de personas, y cada año un millón de ellas se suicidan. A pesar de eso los ciudadanos se avergüenzan de acudir a un psicólogo o a un psiquiatra. El tabú es una de las dificultades para detectar a los enfermos. También la ignorancia. No es mito: a algunos pacientes mentales aún sus familias los amarran a los árboles de los patios o los encierran en los últimos cuartos de las casas porque desconocen su derecho a un tratamiento digno. “Y además de que los diagnósticos como en mi caso son tardíos, la atención es deficiente. Uno sufre tanto. Hay demoras en las entregas de la droga por parte de las EPS y uno no se la puede dejar de tomar un solo día porque vuelve a recaer. Yo pago por mi cuenta un psicólogo clínico, con el que me veo una vez por semana.  La EPS apenas te aprueban una consulta cada 15 días y algunos no están preparados para este tipo de enfermedades. Si el Estado le hubiera puesto atención a todo esto,  muchos suicidios en el país  se hubieran evitado”, dice Esperanza. En colombia, en el último año, se mataron 1901 personas; En Cali, 87. Cada 40 segundos alguien decide suicidarse en algún lugar del planeta. Cada mes un enfermo mental decide a acudir a la Defensoría del Paciente de Cali para pedir ayuda porque no le han entregado los medicamentos. Noralba Buitrán padece esquizofrenia y denunció que no le han entregado Quetiapina, el fármaco con el que la controla; Rosa María Bolaños, quien tiene un trastorno de ansiedad y depresión, aseguró que tiene dificultades para recibir Aripiprazol; Meyber Arroyo, esquizofrénico, también dijo que no le han entregado su medicina a tiempo. Ninguno entiende por qué. Carlos Andrés Castillo, del equipo de Salud Mental de la Secretaría de Salud del Valle, tiene algunas teorías. El acuerdo 029 de 2011 obligó a que ingresaran al Plan Obligatorio de Salud, POS, una gran cantidad de medicamentos para el tratamiento de las enfermedades mentales que anteriormente no se cubrían. Las EPS no tuvieron la capacidad de respuesta para entregar ese tipo de medicamentos. Por un lado son fármacos tan especializados y costosos que se compran casi que al menudeo; por otro lado, son pocos los laboratorios y las compañías que los producen y distribuyen. La oferta es poca y la demanda demasiado alta. Eso explica la tardanza en la entrega, pero esa es otra de las luchas de Esperanza.Su historia inspiró una Ley en Colombia. Es la 1616. Se expidió en enero de 2013 y el Ministerio de Salud tiene 16 meses para reglamentarla y ponerla en marcha. Restan seis para ello. Básicamente, busca garantizar una atención eficaz a los pacientes con trastornos mentales, que no se repita su calvario y el de tantos otros: la demora en la entrega de las medicinas, la suspensión de los tratamientos. También obliga a que en la atención primaria se atienda al paciente con un equipo de profesionales que incluyan especialistas en salud mental. Y promoción. Que el país entienda que los enfermos mentales no son inferiores, no son locos, no se deben ocultar. Son enfermos. Como los diabéticos, los hipertensos, los que sufren del corazón y hay que ayudarlos.La Ley la creó Alba Luz Pinilla, hermana de Esperanza.  Es representante a la Cámara por Bogotá.  En Colombia, a esa Ley, los pacientes la llaman precisamente Esperanza. Es  la sensación de que algo bueno va a ocurrir, aunque en Cali aún no se sabe cómo. Apenas en noviembre el Ministerio de Salud Nacional capacitará a las regiones para implementarla. Esperanza, en el teléfono, suspira.