Ley busca poner freno a los borrachos homicidas

Por más que la legislación colombiana ha endurecido las penas para los conductores embriagados causantes de homicidios, algunos de ellos se las ingenian para evadir la justicia.

Por más que la legislación colombiana ha endurecido las penas para los conductores embriagados causantes de homicidios, algunos de ellos se las ingenian para evadir la justicia.De los doce casos de homicidios ocurridos desde julio de 2009 hasta la fecha en Cali, en accidentes de tránsito en los que el conductor al que se le ha comprobado alcoholemia, siete han sido debidamente judicializados, incluso dos o tres ya han sido condenados. De los primeros casos que recibió todo el peso de la Ley 1326 de 2009, expedida para evitar la impunidad, está el de Jaime Vélez Tabares y Amira Flor Ulchur, ocurrido en Cali justo un mes después de que la norma recibiera la sanción presidencial el 15 de julio del 2009.La pareja madrugó el 19 de agosto de ese año. Jaime llevaba a Amira, su esposa, en bicicleta desde su casa en Unión de Vivienda Popular a su sitio de trabajo, en el Sur. Pero en la Avenida Simón Bolívar con Carrera 56, la volqueta de placas VCJ 427 arrolló a la pareja. Ella estaba embarazada y murió y él quedó lesionado. “A ese conductor se le allanaron los cargos: tenía antecedentes de haber sido sorprendido conduciendo ebrio y de portar una licencia falsa. Fue llevado a juicio y hoy está en la cárcel”, dice John Henry Stacey, coordinador de criminalística de la Secretaría de Tránsito de Cali.Sin embargo, en los otros casos, las investigaciones siguen en curso porque los borrachos se negaron a practicarse la prueba de alcoholemia. O se fugaron.Como hizo el conductor causante del homicidio del periodista Jaime Gallego el domingo pasado en la vía Cali-Jamundí, el cual huyó sin prestar auxilio a la víctima ni a la menor que acompañaba al infractor y que resultó herida, los cuales son agravantes en su contra.Aunque el accidente ocurrió en jurisdicción de Jamundí, los agentes de tránsito de Cali ubicaron al infractor en una clínica, donde se reportó como accidentado, pero no reveló las circunstancias del verdadero siniestro. Pero la investigación arrojó que él era quien iba al volante del carro que acabó con la vida de Gallego. Sin embargo, la prueba de alcoholemia dio negativa porque fue realizada varias horas después del hecho y en ese momento ya no había rastros de licor en su torrente sanguíneo. Y ante la ley colombiana sólo es válida esta prueba practicada por un médico legista, por lo cual fue dejado en libertad.La Fiscalía y la Secretaría de Tránsito coinciden en que la Ley 1326 sí ha sido efectiva. Antes era difícil establecer la embriaguez porque no se aplicaba a cabalidad la ley que establece la toma de muestras de sangre (detecta alcohol) y de orina (cocaína y otros fármacos).El problema era que hasta entonces sólo se aplicaba el alcohosensor (detecta el aliento alicorado), por lo que no era válido por los jueces en los estrados judiciales. Pero desde que se exigió la toma de las dos muestras (sangre y orina) para establecer el estado de embriaguez, los casos se resuelven máximo en seis meses.Por esa falta de armas jurídicas, muchos casos ocurridos antes de esa fecha quedaron impunes. Incluso, desde el 2006 al 2009 hay represadas unas 170 audiencias para imputación de cargos.“No es posible obligar al conductor a someterse a la prueba de alcoholemia, pero si alguien se resiste al procedimiento debería darse por hecho que tiene cierto grado de alicoramiento”, opina el secretario de Tránsito Fabio Cardozo. El senador Roy Barreras, ponente de un nuevo proyecto para endurecer aún más las penas, sostiene que la Ley 1326 no ha servido, porque acude a la figura del dolo eventual (propósito voluntario de causar daño), categoría difícil de probar. “Y si el homicida confiesa se le confiere una rebaja del 50%, y como la pena está por debajo de los seis años, queda pagando tres, lapso que es excarcelable y por eso al otro día ya está libre”.Esa situación molesta a los familiares de las víctimas, que quieren ver ya al infractor en la cárcel. Pero la Fiscalía explica que una detención tiene un protocolo y si no se tiene la prueba reina del estado de embriaguez, sólo cuenta con los agravantes para judicializar.Por ejemplo, si la pena máxima es de 9 años, el agravante de la embriaguez la duplica a 18 años y el de fuga le suma la mitad, es decir 4 años y medio más. Pero en casos como el de Gallego, si no se puede probar que el conductor estaba ebrio, sólo está determinado el agravante de la fuga. Por esa razón Barreras promueve desde 2009 un nuevo proyecto de ley que busca aumentar la pena mínima para que no sea excarcelable, “pero lo más importante es arrestar al borracho antes de que mate a alguien o a sí mismo, porque el primer objetivo es prevenir los accidentes”. Para Fabio Cardozo hay dos faltas graves en tránsito casi equivalentes a una tentativa de homicidio porque ponen en jaque la vida de otras personas y la propia: volar el semáforo en rojo y conducir embriagado. “Cuando alguien empieza a ingerir licor lo hace en estado consciente, y si es mayor de edad, puede prever que puede causar consecuencias fatales para la sociedad, y no obstante lo hace”, dice.El abogado Víctor Hugo Vallejo sostiene que en derecho sólo es válido lo que se puede probar y que la declaración de un testigo es un indicio, pero jamás es una prueba. “Además, el homicidio por accidente de tránsito siempre será culposo, jamás doloso porque nadie se sube a un carro con el objetivo de matar gente”.Otro de los críticos del nuevo proyecto es Germán Navas Talero, quien se oponía a éste en la Cámara de Representantes, donde fue aprobado en 2009. “Si alguien se toma unas cervezas y debe conducir, me parece injusto que lo arresten”, decía.El Secretario de Tránsito de Cali aduce que los mismos legisladores son tolerantes porque son los que hacen las normas laxas “y a las autoridades nos toca aplicar la ley tal y como está”. Y cuestiona la permisividad de la sociedad colombiana porque la misma familia y los amigos auspician que una persona consuma licor sabiendo que debe conducir.No se salvan los establecimientos nocturnos, que tendrían que actuar con mucha más responsabilidad social y ayudar a afianzar la campaña ‘Entregue las llaves’. “Ojalá en cada negocio tuvieran alcohosensores y cuando una persona salga tras una noche de farra, se haga la prueba y sepa si puede conducir”, dice Cardozo.Barreras concluye que la ley en trámite “permitirá enviar un mensaje muy fuerte a la sociedad colombiana: el que conduzca ebrio terminará o preso o muerto, así que entregue las llaves, busque un conductor elegido o invoque un santo”.Ley más duraEl senador Roy Barreras, ponente del nuevo proyecto para castigar a los homicidas ebrios al volante, dice que éste busca “el arresto a los conductores ebrios antes de que maten a alguien o se maten ellos, con una pena de entre 8 y 30 días, para que como medida coercitiva y pedagógica aprendan que el que va a tomar licor no puede conducir”. Y el aumento de la pena mínima para el que, en estado de alicoramiento, cause la muerte a otra persona en un accidente. de tránsito. La pena mínima será de 6 años con un agravamiento punitivo de la mitad de la pena si está ebrio o cometiendo cualquier otra infracción. “Eso garantiza que el infractor no sea excarcelado y vaya a la cárcel”. Esta ley tuvo su debate el año pasado en plenaria de la Cámara, donde fue aprobada, pero el ponente del Senado la dejó hundir por trámite. Por ello le tocó volver a presentar el proyecto este año, tuvo su debate en la comisión primera del Senado el miércoles, pero estaría lista para sanción presidencial en diciembre y se convierta en ley de la República.“Hay que hacer conciencia de que la accidentalidad por alcoholemia es la segunda causa de mortalidad en Colombia. Algunos años hay más muertos por accidentalidad que por conflicto con grupos armados ilegales o con bandas criminales. En Francia, España y muchos países de Europa, existe ya la figura del arresto del conductor ebrio y penas más duras que las que nosotros estamos buscando imponer en Colombia”, concluyó.