Las dos caras de la tendencia de los 'food trucks' en Cali

Las dos caras de la tendencia de los 'food trucks' en Cali

Enero 28, 2018 - 07:55 a.m. Por:
Felipe Salazar Gil, reportero de El País
Food Truck

Continúa la polémica en torno a la comida rápida y el espacio público. Se trata de los vagones de comida, también conocidos como Food Trucks que buscan ser reconocidos por el Municipio.

Reportería: Felipe Salazar Gil / Edición: Óscar Ospina - El País

La comida es una de esas necesidades que el ser humano sublimó a la categoría de placer. Son pocas las veces que ese placer suele ser un motivo de discusión. Sin embargo, cuando la comida se combina con el espacio público el tema se convierte en una novela que, al menos en Cali, parece apenas escribir su primer capítulo.

Las miradas se posan, puntualmente, sobre los vagones de dos metros de ancho por dos metros de largo que desde hace más de cuatro años se estacionan en torno a los parques y en calles de los barrios para ofrecer platillos a comensales.

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El tema es álgido. En un lado están los emprendedores de los llamados ‘food trucks’ (por su nombre en inglés), quienes advierten que este es un modelo de empresa que genera ingresos para más de 100 familias y que, pese a no estar regulado, no afecta a nadie y genera un nicho de negocio que dinamiza la economía de la ciudad; por el otro lado están líderes de barrios del norte y sur de la ciudad, quienes aseguran que los vehículos están impactando con residuos, exceso de ruido y problemas de movilidad dichas zonas.

De hecho, la resistencia de un sector de la comunidad y el vacío jurídico que actualmente hay para este tipo de negocios ha generado que en la última semana se agite el ambiente en torno a los carros de comidas. Por ejemplo, en el parque del barrio El Ingenio, uno de los sectores en los que más se presenta este fenómeno económico, la semana pasada la Policía instó a los dueños de los puestos de comida a no estacionarse más en esa zona y cerrar sus puertas, so pena de imponerles comparendos por invadir el espacio público.

Esto generó una protesta por parte de los empresarios, quienes parquearon sus vehículos sobre la vía sin prestar el servicio e hicieron un recorrido alrededor del parque para exigir que los dejen trabajar. Pese a ello, desde ese miércoles 17 de enero, los propietarios de los camiones de comida no volvieron a estacionarse sobre la Carrera 83, entre calles 14 y 16.

En vías de barrios como Calima, Caney, La Flora, Capri y El Ingenio se han instalado los puestos de comida. La regulación definiría sitios donde ya están identificados los negocios.

“Cuando empieza el año siempre llega la Policía a sacarnos, como para mostrar resultados ante la gente y hacer presencia. Pero al otro día volvíamos porque no había operativos y las cosas se relajaban; luego llegaba ‘El Lobo’ (así le llaman los vendedores ambulantes al camión de la Secretaría de Seguridad) y nos tocaba enganchar los remolques a los carros y salir. Era un juego del gato y el ratón, pero las cosas cambiaron con la entrada en vigencia del Código de Policía porque ya hay sanciones y eso genera temor en los que tenemos negocios”, asegura Sebastián Daza, propietario de un vagón en el que desde hace tres años vende jugos y batidos en el parque de El Ingenio.

Por su parte, Rodolfo Domínguez, presidente de Aso Food Trucks Cali, que agremia a 29 vagones de comida, afirma que los vendedores se sienten perseguidos y que “el argumento del Estado es que generamos ventas ambulantes, pero somos negocios con peso jurídico. Además, no entendemos por qué no se están controlando a los vendedores del centro u otras zonas críticas y solo se enfocan en nosotros. Exigimos el derecho a la igualdad y al trabajo, porque la ley no puede regir para unos y para otros no”.

Domínguez, quien trabaja con su camión de comida en el parque del barrio Capri, advierte que la labor de estos negocios trasciende un mero intercambio comercial. “Hemos rescatado espacios públicos a los que la gente no iba porque estaban invadidos de consumidores de alucinógenos o eran inseguros; ahora las familias ven que hay una oferta novedosa y han vuelto a tener esparcimiento en los parques. Estamos generando dinamismo social y económico, no somos un problema sino una oportunidad para que la ciudad sea más segura”, dice.

Según la Secretaría de Movilidad, estos remolques pueden ser sancionados por los guardas de tránsito por mal parqueo. La multa por esta infracción es de $368.850.

El negocio ha crecido de forma exponencial, explica Daza. Hace tres años en El Ingenio podría haber un par de estos vagones estacionados, pero en el último tiempo esa cifra se multiplicó a tal punto que ya se pueden contar hasta 22 de estos vehículos. En la ciudad, según cuentas de este emprendedor, pueden estar rodando hasta 80 puestos de comida como el suyo.

Regulación, en camino

El fenómeno de la comida sobre ruedas no es desconocido por la Alcaldía. Es más, en la política de regulación de ventas informales en el espacio público, que fue adoptada por el Municipio en octubre del año pasado, se incluyó la regulación de los vendedores vehiculares.

De acuerdo con Samir Jalil, subsecretario de Inspección, Vigilancia y Control, actualmente están ajustándose los lineamientos para regular estos negocios en la ciudad. Esta labor estará a cargo de la Secretaría de Salud, que establecerá las características sanitarias que deben tener las cocinas rodantes y el manejo de alimentos; la Secretaría de Movilidad determinará el tipo de vehículo autorizado para estas ventas, los horarios y los días en los que estos vehículos se podrán estacionar y trabajar en determinados sitios.

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Por su parte, el Dagma definirá cómo debe ser el manejo de residuos sólidos generados por los negocios y Planeación Municipal establecerá las zonas de la ciudad en las que se podrán ubicar estos remolques.
“Finalizando febrero esto debe estar definido y en la primera semana de marzo estará lista la convocatoria para que los dueños de los camiones se registren y, aquellos que apliquen a los parámetros del Municipio, puedan ser identificados con calcomanías. Una vez tengamos listos los parámetros que deben cumplir estos negocios haremos una convocatoria e impulsaremos que se asocien, con el propósito de que este sea un negocio más organizado. No estamos persiguiendo a nadie, vamos a dejar trabajar pero esto se hará ajustado a una norma”, apunta el Subsecretario de Inspección, Vigilancia y Control.

Mientras que esto se define, explica Jalil, el control de los ‘food trucks’ estará a cargo de la Policía Metropolitana. “Cuando hay quejas de la comunidad y un impacto desmedido, la autoridad está en la obligación de aplicar el Código de Policía e imponer, en primera instancia, un comparendo pedagógico; si no se atiende el llamado de la autoridad, se debe poner una sanción económica”, dice el funcionario, quien aclara que la venta de licor no está autorizada en estos tráilers.

El próximo 6 de febrero se definirán los lineamientos para regular estos negocios. La norma operará en marzo.

No obstante las intenciones de las autoridades por organizar este gremio y regular su funcionamiento en la ciudad, miembros de la comunidad no ven con buenos ojos la iniciativa y advierten que el impacto que generan estos negocios en los barrios no se puede desestimar.

María Elena Bustamante, miembro de la JAC de El Ingenio, sostiene que los vehículos “están dañando la imagen del barrio y desvalorizando las casas, porque este ya no es un espacio donde hay calma, sino que hasta altas horas de la noche hay exceso de ruido y venta de licor. En el parque del barrio solo estaban autorizados doce negocios, pero hoy hay más de veinte personas montando ventas en pleno andén”.

Entre tanto, Germán Ramírez, presidente de la JAC de La Flora, señala que “si se quiere regularizar estos negocios, no puede ser en la vía pública. Para eso el Municipio tiene que comprar o adecuar un terreno, porque el POT dice que, al menos en nuestro barrio, los corredores comerciales son la Avenida 6, la Avenida 4N, las calles 44, 47 y 70; no se puede ir en contra de la norma para favorecer a unos pocos”.

Las sanciones del Código de Policía

De acuerdo con la Ley 1801 del 2016, también conocida como Código Nacional de Policía y Convivencia, se contempla una sanción para quienes realizan actividades indebidas en espacio público, como la explotación comercial.

Dependiendo del impacto que identifiquen los uniformados en la zona afectada, las multas que se pueden imponer oscilan entre $104.164 y $833.312.

Actualmente y hasta que se defina la reglamentación de los ‘food trucks’, estos vehículos pueden ser objeto de sanciones.

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