La polémica tras las reubicaciones de los habitantes del jarillón del río Cauca

Toda una polémica se ha generado por el modelo de entrega de viviendas y la compensación económica a las familias que tienen negocios productivos y fueron reubicadas del Jarillón del Río Cauca, en el marco del plan que lidera la Administración Municipal para reforzar el dique y evitar una tragedia similar a la ocurrida tras la fuerte ola invernal que causó estragos en todo el país en 2010 y 2011.

Desde el Concejo de Cali se cuestiona el proceso que se ha adoptado para reasentar a 8777 familias de esta estructura que, de romperse, generaría una enorme inundación ante una posible creciente del río Cauca. Desde la Alcaldía sostienen que las acusaciones responden a intereses personales que buscan frenar el proyecto, pues todo se ha hecho conforme a los requisitos exigidos.

Para el concejal Carlos Andrés Arias Rueda, hay inconsistencias en las fichas de caracterización que diligenciaron algunos de los habitantes. Citó el caso de una persona que inicialmente aparecía como propietario de cuatro cerdos y luego como criador de aves de corral. “Se están inflando las cifras y eso aumenta el valor de la indemnización. También conozco cuatro casos de personas, a quienes el mismo director del Jarillón les había contestado por escrito el año pasado que no figuraban en el censo, que no aparecían en el Plan Jarillón, pero posteriormente les pagaron entre 36 y 51 millones de pesos en indemnizaciones”, dijo el edil.

También denunció la demolición de aproximadamente 100 viviendas de un lote del sector Venecia, que pertenecía a un particular. “Estoy pidiendo que me informen si este predio fue declarado de utilidad pública o fue expropiado, pero a la fecha no nos han informado nada”, indicó.

La concejal Patricia Molina, por su parte, denunció la reubicación de personas que no hacían parte del Jarillón ni como inquilinos.

“Yo tengo separadas 153 sentencias que ordenan que a una persona que este ubicada, así sea en espacio público, tienen que reubicarla en igualdad o mejores condiciones y eso no se cumple”, aseguró Molina.
También cuestionó el modelo de compensación económica a quienes tienen su negocio, pues asegura que a muchos se les exige entregar una contabilidad para demostrar sus utilidades y la mayoría son personas que viven en la informalidad y no tienen esa opción. “A algunos les hicieron hacer balances fraudulentos”, sostuvo.

Juan Diego Saa, gerente del Plan Jarillón, rechazó las acusaciones e insistió que la entrega de vivienda ha sido para quien cumpla los requisitos como “haber sido afectado por la inundación del 2010 y 2011 y que no tenga otra casa en el territorio nacional, pues si ya la tiene y vivía en el Jarillón no le podemos dar otra más porque ya tiene cómo mitigar el riesgo”.

Dijo, además, que no es cierto que haya presiones para recibir las compensaciones económicas. “Eso es falso, nosotros a nadie le exigimos que haga estados financieros. Si una persona lleva las cuentas y tiene posibilidad que un contador haga esos estados para demostrar que desarrollaba una unidad económica informal, puede acceder a compensación; pero sino lleva cuentas, hay un equipo de profesionales dentro del plan que va y hace la valoración de dicha unidad para mirar cuánto vale el traslado de maquinarias y el negocio”.

Aseguró que en total se han dado 117 compensaciones económicas por 4050 millones de pesos “y cada una de ellas tiene todos los soportes donde se verifica que el pago se hizo de forma adecuada”. Explicó que “la compensación máxima por negocio es de hasta 70 salarios mínimos (51,6 millones de pesos), y se paga a los habitantes que entregan sus estados financieros porque llevan un libro contable. Para quienes no tienen la posibilidad de llevar esos libros, la compensación máxima es de hasta 10 salarios mínimos, más de 7 millones de pesos”.

Precisó que “el fin de la compensación es facilitarle a la gente el traslado de su unidad productiva a otro lado pero no se le compra el negocio”.

Así lo indicó Juan Diego Saa y aclaró que frente a las denuncias de personas que aparecen como propietarias de diferentes negocios obedece a las actualizaciones de inventarios que se han hecho desde 2011, tras la ola invernal. "Los negocios de los propietarios han evolucionado y quien tenía en 2011 una máquina, en 2016 ya tiene mucho más".

Dijo que este año se espera reubicar a unas 2000 familias más. “Ya se inició el trabajo con Brisas del Cauca (donde se espera reubicar 1005 familias), en Puerto Nuevo serían unas 700 familias, pero allí tenemos propietarios de predios y se está trabajando en el avalúo de los mismos para comprarles las casas. Las otras personas a reubicar son cerca de 350 familias de la Playita”.