La polémica detrás del desmonte de las antenas de telecomunicaciones

Junio 19, 2015 - 12:00 a.m. Por:
Redacción de El País
La polémica detrás del desmonte de las antenas de telecomunicaciones

Esta es la antena que el Juzgado Civil del Circuito de Cali ordenó desmontar. La compañía ya envió trabajadores a inspeccionar la infraestructura, dicen vecinos.

Mientras muchos ciudadanos consideran que la presencia de antenas constituye un riesgo para su salud, los operadores celulares dicen que su desmonte afecta la calidad del servicio.

En las últimas dos semanas fueron dos los pronunciamientos de la justicia que ordenaron desmontar antenas de telecomunicaciones en la región. Los casos se han dado en Ciudad Jardín y el corregimiento de Dapa (Yumbo) y se sustentan en la prevención de eventuales  daños sobre la salud y la vida de los ciudadanos. 

De acuerdo con el último informe de la Personería Municipal, esta entidad recibe por año un promedio de 72 quejas por la presencia de antenas en sectores residenciales, pues en algunos casos sin contar con el consentimiento de la comunidad, las estructuras son  instaladas en patios y azoteas de viviendas.

La polémica  radica en que según expertos en telecomunicaciones, por el momento no hay evidencia científica que determine si realmente las antenas constituyen o no un peligro para la salud humana, pues estudios realizados dentro y fuera del país muestran resultados contradictorios. 

Por otro lado, entidades como la Personería reconocen que la normatividad  frente a los requisitos y permisos de instalación que deben cumplir los operadores es incipiente. Según Planeación Municipal, en el primer trimestre del año se encontraban en investigación 177 antenas por circunstancias relacionadas con dichos permisos.  

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En respuesta a la preocupación de los ciudadanos, los operadores del servicio de telefonía celular e internet exponen  que el  retiro de las estructuras impacta negativamente en la prestación del servicio y dicen además, que el tipo de radiación emitida por las antenas se encuentra bajo los parámetros exigidos por la ley.

Nancy Patricia Gutiérrez, presidenta de Asomóvil

El  desmonte de la infraestructura es para nosotros un tema preocupante. El retiro de una base afecta a los usuarios, la calidad de prestación del servicio y la velocidad, por ejemplo, de internet.

En ese orden de ideas, si se afecta el servicio se afectan los derechos de las personas a la información, la comunicación, la educación e incluso la salud porque a través de las comunicaciones móviles funciona hoy en día toda la actividad del ser humano.

Estudios internacionales como los de la Comisión Internacional de la Protección contra la Radiación No Ionizante, organización reconocida por la Organización Mundial de la Salud, han concluido que la exposición  por debajo de los niveles recomendados no tiene ninguna consecuencia para la salud y en Colombia, de acuerdo con la normatividad existente, las antenas están dentro de esos parámetros. Además, con la Alcaldía estamos trabajando para ordenar el tema de la instalación. Lo que se ha generado con las antenas es un mito por la desinformación.

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José Gombal Caicedo, abogado

La Constitución Nacional protege  la vida y la salud de todo ciudadano. Esa es la base. ¿Qué dijo la Corte Constitucional con relación a las famosas antenas? que en el momento hay unos estudios que dicen que  estas antenas no causan ningún problema y otros estudios que dicen que sí, entonces como no existe una certeza absoluta sobre las consecuencias, vamos a prevenir para que el día de mañana la gente no tenga que esperar a tener cáncer para que la antena sea retirada. Esto se hace a través del principio de precaución.  

Hay que tener en cuenta que la mayoría de estas tutelas han sido negadas en primera instancia, porque el ciudadano no ha  acreditado que tiene cáncer o algún problema, pero la Corte Constitucional ha dicho: vamos a aplicar el principio de la prevención, y los solicitantes solo deben acreditar que viven cerca, muy cerca de una antena. 

 En Cali se habla de 250 metros de distancia entre la antena y otras estructuras, pero no de las viviendas y eso debe revisar  y reglamentar.

Andrés Navarro Cadavid, ingeniero electrónico. Phd. Comunicaciones

Es una discusión muy compleja. Yo no puedo afirmar si las antenas son o no dañinas para la salud. Hay todo tipo de estudios al respecto y unas recomendaciones de la Unión Internacional de Comunicaciones, que estableció  unos niveles considerados seguros, pero como han salido otros estudios  que sugieren que tal vez no son tan seguros,  pues se están revisando. Pero no hay nada concluyente, no hay nadie que pueda decir si hacen daño o no.

Ahora, las consecuencias de retirar las antenas es que nos quedamos sin sistemas celulares. Es como retirar los carros: el humo de los carros es dañino y todos lo sabemos, pero no los vamos a quitar de la ciudad. Por otro lado, más importante que las distancias  a las que  deben ser instaladas las antenas, es que se respeten los niveles de radiación. Lo que uno les preguntaría a las personas que abogan por el desmonte es si utilizan wi-fi en sus casas, porque usamos un montón de dispositivos que generan ondas electromagnéticas que no les preocupan, entonces si van a analizar el tema, lo deben analizar completo.

Andrés Santamaría, personero de Santiago de Cali

Creemos que la reglamentación actual contenida en el POT de Santiago de Cali, para la instalación de estructuras de telecomunicaciones es insuficiente en atención al contenido de las últimas sentencias de la Corte Constitucional como la T-397 de 2014, pues se queda corta cuando solo hace mención a una distancia mínima de 250 metros entre estructura y estructura, especialmente cuando la jurisprudencia hace mención a la necesidad de regular las distancias entre estas estructuras  e instituciones educativas, hospitales, hogares geriátricos y viviendas en general.

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Por otra parte, aunque no se ha tenido conocimiento de estudios científicos que prueben las afectaciones a la salud humana, acompañamos la posición de la Corte que acoge el amparo de derechos con base en el principio de precaución.

La Personería ha evidenciado que la no implementación oportuna de acciones correctivas y sancionatorias han promovido la proliferación de torres de telecomunicaciones a lo largo y ancho de la ciudad en desmedro del derecho colectivo de los caleños a gozar de un ambiente sano.

En Colombia, los límites de exposición a ondas electromagnéticas están reglamentados por el Decreto 195 del 2000

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