La 'micro-corrupción' en obras le cuesta a Cali $6.000 millones al año

Mientras el país se centra en los grandes escándalos de corrupción como el de Reficar y Odebrech, que involucran obras monumentales de miles de millones de pesos, en los barrios de Cali, las comunidades viven sus propios males por bibliotecas inconclusas, alarmas comunitarias que no operan y pistas atléticas a medio construir, por solo mencionar algunos casos.

Obras que se realizan a través de pequeños contratos denominados ‘hormiga’ por sus inversiones menores, pero que están sin concluir o son inoperantes.

Según la Contraloría de Cali, en el 2016 determinó 748 hallazgos administrativos (faltas de funcionarios) en Cali, 32 con presunta incidencia fiscal (lesión del patrimonio público) por un valor de $7651 millones, de los cuales el 80 % estarían relacionados con pequeñas obras, o contratos ‘hormiga’ en barrios de Cali. Eso correspondería a $6120 millones.

“Muchas veces la comunidad ni se entera de que hay un presupuesto para determinada inversión. Una es la obra planeada, otra la que se termina aprobando y se contrata. Finalmente el contratista entrega una cosa distinta. Hay errores desde la planeación y la ejecución. En ocasiones hay obras que se contratan y nunca se ejecutan, pero sí se cobran”, sostiene el contralor de Cali, Ricardo Rivera.

Agregó que para remediar esto, su despacho está revisando, junto con la ciudadanía caleña, cada contrato que se esta realiza en las comunas. “La idea no es solo sancionar, sino que las obras se ejecuten para que den un beneficio real al ciudadano”.

Entre los casos de obras sin concluir se encuentra la edificación de seis bibliotecas públicas, las cuales se empezaron a construir en el año 2015, pero actualmente están paralizadas. Una de ellas es la biblioteca del barrio San Marino.

Hernán Marín, presidente de la Junta de Acción Comunal de este barrio, explica que la obra estaba presupuestada dentro de los recursos de los Territorios de Inclusión y Oportunidades, Tíos, pero se acabó el presupuesto y quedó a medias. “La biblioteca está parada hace un año. Nos dijeron que arranca este año, pero eso es tan solo una expectativa”, dice.

Luz Adriana Betancourt, secretaria de Cultura de Cali, ente que está al frente de estas obras, advierte que esto es grave. “Son siete bibliotecas que fueron contratadas en la pasada Administración. Ellos (la Administración Guerrero) hicieron varias licitaciones en el 2015, hay un contratista que ganó cuatro de esas obras, otro dos y un tercer contratista una”.

Agrega que en el 2015 estas bibliotecas estaban presupuestadas con un tamaño más pequeño, “pero según exponen (los contratistas), al momento de socializar las propuestas con la comunidad manifestaron que se podían hacer con diseños más amplios, y los modificaron, invirtieron el recurso que tenían y obviamente no alcanzó porque requerían más material, entonces no la concluyeron”, sostiene.

Betancourt añade que en general, a ojo, la bibliotecas están en un 70 % de construcción. “La Administración Guerrero deja los presupuestos para terminarlas, nosotros comenzamos a hacer trámite ante Planeación Municipal, pero no nos permiten continuarlas porque no tienen licencia”.

Y añade que ya tienen una ruta para terminarlas. “La licitación está colgada desde diciembre, pero se suspendió hasta que la curaduría nos dé viabilidad”.

La Secretaria de Cultura de Cali asevera que en este momento se encuentran en audiencias de liquidación de los contratos por incumplimiento. “Les estamos diciendo (a los primeros contratistas): ‘señores, ustedes tenían que haber tramitado la licencia de construcción y no lo hicieron’”.

Complementa que tienen un compromiso con la Contraloría de Cali para que a noviembre de este año estén terminadas las siete bibliotecas.

Según datos de la Secretaría de Cultura, hasta el momento se han pagado cerca de $1809 millones para la construcción de estas bibliotecas y hay un presupuesto de obra faltante de $2063 millones para culminarlas. Los recursos ya están aprobados.

Fabio Hernán Soto, constructor de tres de estas bibliotecas (Alfonso López, San Marino y Unión de Vivienda), precisa que ellos entregaron la primera etapa de estas obras.

Cuando se le pregunta al constructor por qué no se concluyeron con los presupuestos iniciales, declara: “La plata no alcanzó, era poca, son obras que valen $650 millones y presupuestaron $300 millones”.

Hugo Millán, ingeniero supervisor de estas bibliotecas, sostiene que no se concluyeron porque los recursos que se apropiaron fueron insuficientes. “Por otro lado se contrató diseño y construcción simultáneamente y se corre el riesgo que la edificación quede más grande en el proceso de socialización con la gente... no es problema de planeación, sino de presupuesto, se le acabó el recurso a la Secretaría de Cultura que hizo una apropiación de recursos para continuar la segunda fase en el año siguiente (2016), lo que no entendemos es por qué esta Administración no ha continuado con esta etapa... lo que sucede es que la nueva Administración tuvo una mala percepción sobre los hechos y pensó que la plata estaba mal invertida”, indicó.

Construcciones paralizadas

En el 2015 fue derribada la caseta de la Junta de acción Comunal del barrio Comfenalco III para edificar una nueva, en ese espacio operaba una escuela de baile, una guardería, se realizaban talleres y jornadas de salud y era empleada para las fiestas del barrio. Pero a la fecha la obra está detenida, según cuentan porque no han instalado el piso y la energía, lo que cuesta $30 millones.

“Empezaron la construcción de la nueva sede de la JAC del barrio, tumbaron la vieja, la dejaron inconclusa, le falta el piso, las puertas, el cableado eléctrico, adentro está en obra negra. No han dado fecha de entrega”, cuenta Luis Carlos Hernández, miembro de la Junta de Acción Comunal del barrio Comfenalco III.

Esaúd Urrutia, secretario de Desarrollo Territorial y Bienestar Social de Cali, quien antes de la reforma administrativa era el encargado de la obra, explica que la nueva caseta debió ser entregada el 31 de diciembre de 2015.

“Otorgamos una prórroga porque faltaron unos recursos ($30 millones), llegaron tarde y hay que solicitarlos nuevamente para culminar los pisos. Esos recursos los pondrá el Municipio, una vez se apruebe, arrancan las obras, yo creería que el próximo mes tiene que estar resuelto eso”, dice.

Una obra en el barrio Charco Azul tiene una situación más compleja. Allí se prometió una pista de trote, pero a la fecha solo hay polvo y tierra.

“Esto es un elefante blanco. El alcalde saliente se comprometió a realizar un espacio deportivo con todas las de la ley. Cancha de fútbol con prado y pistas de trote y salto triple. Se aprobó el proyecto por $200 millones y no hicieron nada. Esto quedó un peladero. Esta obra esta parada hace un año, la plata se desapareció, ninguna de las entidades dice qué sucedió. La cancha la han desbaratado tres veces. La solución es ninguna”, expresa Justino Rosero, líder del sector de Charco Azul.

Ante este caso el secretario de Deporte de Cali, Silvio López, precisa que al conocer la situación envió una auditoría. “Esta pista se estaba realizando en un predio que no corresponde a la Secretaría de Deporte. El lote está afectado por un proyecto de vivienda y por eso no se pudo concluir. Nosotros llamamos a la Contraloría para que hiciera una investigación”.

En relación a las soluciones para concluir la obra, el funcionario manifiesta que en un acuerdo con la comunidad se realizaron unas obras adicionales en la zona.

“Le programamos unos biosaludables (gimnasios al aire libre) a manera de compensación por no haber concluido la obra y tenemos planeados construir más”. Añade que los recursos de la pista atlética ya se pagaron en su totalidad.

El caso de las alarmas

Una de las inversiones pequeñas que estaban enredadas, y que al parecer tendría salida los próximos meses, es la puesta en marcha de 26 alarmas comunitarias en la Comuna 1 que no estaban conectadas con la Policía.

“Por situado fiscal se apropiaron $111 millones para un proyecto de alarmas comunitarias, eso fue en el 2014, pero resulta que quedaron sin conectividad con la Policía”, explica Rosa Elvira Arango, líder de la Comuna 1.

La mujer precisa que tras una acción en conjunto con la Contraloría se llegó a un acuerdo con el contratista para que en pocos meses entren a operar.

Según Laura Lugo, secretaria de Seguridad de Cali, estos equipos estarán operando en dos meses. “Los costos los asume el contratista porque la garantía cubre eso”, dice.

Por su parte, Álex Sánchez, contratista de este proyecto, manifiesta que ya se realizó un acuerdo con la Contraloría, la comunidad y el Municipio. “Nos comprometimos a realizar el l ajuste con la instalación de un panel para que queden con conexión a la Policía, eso costará $5 millones y nosotros asumimos el costo”.

Jhon Vanegas, asesor de la Contraloría de Cali, manifiesta que el caso de las alarmas es un ejemplo de como se vienen afrontando estos casos de pequeñas obras sin concluir que afectan a la comunidad. “No queremos ser una ‘asustaduría’, nosotros no queremos ser parte de problema sino de la solución , nuestro enfoque es ejecución y cumplimiento para resolver los problemas de la comunidad efectivamente”.