La chatarrización de los buses antiguos tiene varado al MÍO

La chatarrización de los buses antiguos tiene varado al MÍO

Febrero 09, 2014 - 12:00 a.m. Por:
Redacción de El País

Pese a los $90.000 millones disponibles para negociar, los propietarios de buses se niegan a vender. Piden mediación del Gobierno.

Este mes, la buseta de Mauricio Cabral cumple un año de haber sido chatarrizada. En febrero de 2013 la negoció con la empresa GIT - uno de los cuatro operadores del MÍO-, porque le tocaba irse: su ruta y su tarjeta de operación ya habían sido canceladas por Tránsito Municipal. Mauricio tenía pignorado el vehículo a la cooperativa de la CVC donde trabaja su esposa. Y para poder negociarlo, el operador se comprometió por escrito a recoger en un mes la deuda, a fin de dar de baja el carro de los registros del Tránsito y chatarrizarlo de inmediato. Era una manera de hacer negocio y cumplir con la cuota de eliminación de la oferta de buses antiguos en la ciudad. Es la exigencia para implementar el MÍO.Sin embargo, un año después, Mauricio no ha recibido un peso por esa venta. Al contrario, su esposa fue embargada por la cooperativa ya que el operador no pagó la pignoración y los fiadores están reportados en las centrales de riesgo.Dora Hernández negoció hace año y medio su buseta de La Ermita con Unimetro por $50 millones. Le pagaron la mitad y se metió en un taxi para seguir subsistiendo. Quedaron de pagarle el resto del dinero en un mes, pero no fue así. Ella le ha pedido abonos de dos y tres millones a la empresa varias veces para sacar adelante el taxi, pero dice que está a punto de tirar la toalla.Incluso Leobardo Amú, exgerente de Corfecali, que también estaba en el negocio del transporte urbano, negoció dos busetas en enero de 2013 con GIT por $58 millones cada una y trece meses después no ha recibido un peso. “Me dijeron que llevara la documentación y en siete días cancelaban la totalidad del vehículo. Llevé la documentación en enero de 2013, el 16 de abril siguiente me desintegraron las dos busetas y hoy no he recibido ni un peso; si yo viviera de eso me estaría muriendo de hambre”, señala.Como ellos hay 180 propietarios ‘orillados’ en la vía, que negociaron sus buses para darle paso al nuevo Sistema de Transporte Masivo de Cali, pero no han recibido el pago por la desintegración de su vehículo.Adicionalmente, aún quedan 1374 buses viejos en Cali por chatarrizar. Algunos están trabajando legal o ilegalmente, otros están guardados. Muchos se niegan a negociar con los operadores porque dicen que no quieren repetir las experiencias de Mauricio, Dora, Leobardo y el resto de propietarios. “Es que no tienen con qué pagar porque están quebrados”, advierte Alexis Guevara, líder del gremio.Por eso, el Gobierno Nacional y Metrocali decidieron dar una manito en este problema y aprobaron el año pasado $90.000 millones para que los operadores negocien de una vez por todas los buses antiguos con sus propietarios y despejarle el camino al MÍO.Sin embargo, hoy esa negociación está varada. Y tiene también varado al MÍO. Operadores y propietarios de buses no se ponen de acuerdo. Estos últimos no quieren vender por los $62 millones que les ofrecen aquellos por cada carro, más $18 millones del Fondo Fresa (una compensación de un salario mínimo por 30 meses), con lo cual la oferta sube a $80 millones. Y, por otro lado, los operadores tampoco quieren pagar los cien o más millones de pesos que piden los dueños de los buses para dejar el viejo negocio del colectivo y darle vía libre al nuevo sistema de transporte masivo.Los recursos aprobados por la Nación están calculados para cubrir al precio ofertado de la chatarrización de los 1374 buses pendientes de salir, pero no para pagar la deuda de los que ya fueron desvinculados y todavía se deben. Menos aún si la pretensión de los propietarios supera los cien millones de pesos por vehículo. Tal vez por eso, el Tránsito de Cali tramitó solo 14 nuevos procesos de chatarrización de vehículos en enero pasado, pese a la urgencia de sacar esos buses y el anuncio de nuevos recursos.De hecho, Eduardo Bellini, gerente de Blanco y Negro Masivo, señaló que aunque hay disposición para comprar, “muy, pero muy eventualmente llega uno que otro a vender”. Más aún, advirtió que los $90.000 millones que hay para ese proceso, “podrían no usarse si la Administración no toma la decisión de sacar de una vez por todas el sistema colectivo de transporte”, porque los dueños de los buses no quieren negociar.Pero el alcalde Rodrigo Guerrero ha advertido que primero debe pagarse el bus a quien lo va a sacar, justamente para no repetir la historia de pagos incumplidos que tiene quebrados a cientos de dueños de buses.Lo cierto es que, como dice Bellini, más de mil buses del transporte colectivo siguen operando porque es rentable para ellos. “Nadie va a sacar un bus que le está produciendo seis millones de pesos mensuales si no lo obligan a salir”, agrega el empresario. Ese es el paralelismo del que se quejan los operadores. Los dueños de buses, por su parte, dicen que estarían dispuestos a parar durante un día todos los buses del colectivo que aún circulan, no sacarlos a trabajar, a ver si el MÍO es capaz de suplir ese servicio. Con ello quieren justificar su presencia aún en las vías de la ciudad por falta de cobertura del masivo.Tras una ruta de salidaEn ese tire y afloje por la chatarrización han tratado de mediar el Ministerio del Transporte, la Superintendencia de Puertos y Transporte y la Personería de Cali. La ministra de Transporte, Cecilia Álvarez, dijo hace unas semanas en esta ciudad que el problema es que “el proyecto quedó mal estructurado, hay unos componentes de la tarifa que no han permitido que salga adelante. Los gobiernos anteriores no tomaron la decisión de sacar la competencia desleal de las rutas y también algunos operadores han incumplido con ese tema”. La personera auxiliar Carmen Elvira Ospina, que asiste a las reuniones con los transportadores, señaló que se le ha pedido al Tránsito que haga un plan para la reducción de oferta y no lo ha hecho. “Propendemos porque haya un retiro digno de estas personas que le han servido a la ciudad y necesitan su plata para emprender una nueva actividad. Pero sobre todo, exigimos garantizar que el ciudadano tenga en qué movilizarse desde su casa a sus sitios de trabajo o estudio y para eso es el plan de Tránsito”, dijo Ospina.El Superintendente de Transporte, Juan Miguel Durán, ha sugerido el restablecimiento de la mesa de negociación entre operadores y dueños de buses, incluso con unas tablas de referencia, para resolver el asunto.Los gremios de propietarios ven con buenos ojos la iniciativa. Óscar Pineda de Soproter, y Miguel Ángel Victoria, de Asoprotrans, coinciden en que la chatarrización de los buses es una negociación entre particulares y las partes deben ponerse de acuerdo sobre los precios sin que una le imponga un valor a la otra con la complacencia de funcionarios públicos.Sin embargo, sí piden la presencia de la Personería y la Defensoría del Pueblo como garantes del proceso negociador. Por su parte, el presidente de Metrocali, Luis Fernando Sandoval, indicó que ya está listo el patrimonio autónomo de los $90.000 millones para negociar los vehículos. Incluso anunció el pago ya del Fondo Fresa a 1006 beneficiarios y a otros 764 que están en proceso de pago. Otro incentivo para la negociación.De esta manera, la negociación de los buses antiguos para su desvinculación, depende más que del bolsillo, de la voluntad de las partes para llegar a un acuerdo. Y de un plan de tránsito que ayude a la transición y garantice el servicio de transporte a los caleños.El negocio de busesLa negociación de los buses que deben salir de circulación se está haciendo bajo unos parámetros establecidos por los operadores.Por un bus modelo 1998 pagan $58 millones; por un modelo 1999 se reconocen $59 millones; por el modelo 2000, $60 millones; por el 2001, $61 millones, y por los modelos 2002 y posteriores, $62 millones.A esto se agrega el pago del Fondo de Reconversión Empresarial, Social y Ambiental, Fresa, equivalente a 30 salarios mínimos mensuales legales vigentes.De este Fondo aún quedan por pagar $43.000 millones a 2463 vehículos beneficiados en las tres primeras fases.Según el Tránsito, a 31 de enero pasado habían sido desvinculados 3599 buses del servicio colectivo de transporte.

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