La Asamblea del Valle del Cauca, un edificio que se cae a pedazos

Edificación se está cayendo a pedazos y diputados dicen que falta presupuesto, mientras que analistas aseguran que a los políticos se les olvidó hacer su principal tarea: ejercer control político.

En la Asamblea Departamental del Valle del Cauca no hay ni para comprar café. El azúcar, el papel higiénico, la papelería para funcionar sale del bolsillo de los diputados porque el presupuesto solo da para pagar los honorarios. Pero la crisis de la corporación no es solo financiera: a los asambleístas, dicen, también se les acabó la ‘gasolina’.La decadencia —cuentan— llegó con el sino trágico del secuestro y posterior asesinato de once de los doce diputados plagiados por las Farc en el 2002. Dicen que la época dorada de la corporación fue entre finales de la década de los 80 y comienzos del 2000, cuando en la Asamblea se le hacían debates de altura al Gobernador de turno y se impulsaban proyectos de infraestructura que marcaron huella en la región.Ahora, la veedora ciudadana Luz Betty Jiménez de Borrero, considera que los diputados son inoperantes, que no actúan en defensa de los principios y fines del Estado Social del Derecho en materia de empleo, seguridad, bienestar general, cultura, salud, educación, medio ambiente, entre otros.El abogado y analista político Víctor Hugo Vallejo agrega que ejercer control político no siempre tiene que ir ligado al papel opositor. Explica que ese control consiste en hacer seguimiento al cumplimiento de tareas de cada funcionario. A su juicio, la asamblea “hoy estaría sobrando” porque no realiza su función principal, que es la de hacer el control político y demanda gastos altos cuando “prácticamente lo que hace es nada”. Sin embargo, el diputado Rubiel Antonio Muñoz defiende su trabajo y el de sus compañeros.Sostiene que lleva 14 años en la Asamblea Departamental y es testigo de que en la corporación se hace lo que corresponde, sin acudir a protagonismos ante los medios de comunicación. “Nosotros no vamos más allá de lo que la norma nos permite. Los controles fiscales debe hacerlos la Contraloría Departamental y los disciplinarios la Procuraduría Departamental”.Comenta que, por ejemplo, el Concejo de Cali tiene mucha más dinámica porque es la junta directiva de la ciudad. “Si en el Valle tenemos 3,8 millones de habitantes, Cali tiene 2,5 millones. La dinámica de la ciudad está por encima de la de la región. Cuando uno desglosa el presupuesto del Departamento ($1,4 billones) ve que queda para inversión $6.000 millones, el resto está comprometido, hasta para los desayunos escolares hay que hacer maromas”.Su homólogo y vicepresidente de la Asamblea Departamental, Mario Germán Fernández de Soto, ve su trabajo de otra manera: En este año, dice, se han hecho 22 debates de control político, “valdría la pena ver las actas, porque cada diputado ha hecho su trabajo”.Indica que él ha presentando el mayor número de debates y “hemos aprobado ordenanzas fundamentales”: la que le da al Valle del Cauca la posibilidad de recuperar su categoría especial, la que autoriza al Gobernador a firmar el acuerdo de reestructuración de pasivos, las que crean el plan de impulso al subsector pesquero y acuicola del Valle del Cauca y los centros Vida al Adulto Mayor.Sin embargo, dice que este trabajo no es reconocido porque la Asamblea no cuenta con los suficientes recursos para hacer el trabajo de prensa, pero la analista Rosalía Correa refuta esa posición y dice el buen trabajo no necesita de mucha alharaca. “Cuando se está haciendo una labor real los medios no necesitan que les paguen para que hagan un cubrimiento, lo que pasa es que la labor de la Asamblea carece de tanta creatividad que por eso los medios no la miran”.Comparte la opinión de los analistas y precisa que la Corporación fue concebida para estar separada del poder ejecutivo, lo que pasa es que se hacen coaliciones con el Gobierno y las mayoritarias son las que mandan en esos entes legislativos y la Asamblea termina siendo un apéndice de la Gobernación.“Desde ese punto de vista creo que la Asamblea es inoperante, cuesta mucha plata y debido a que no hay una independencia, no cumple con la labor que debería”, sentencia.También de formaBasta con mirar el frente del edificio San Luis para darse cuenta de la decadencia de la Asamblea Departamental: las paredes están sucias, a las ventanas le faltan vidrios y en el muro del balcón crece un helecho que se fortalece por la humedad y el abandono. Adentro, el panorama no es mejor. Los baños no tienen baterías sanitarias, los pisos están levantados por la falta de mantenimiento, las once placas que fueron instaladas hace siete años en el patio en honor a los diputados muertos ya están resquebrajadas.El balcón del recinto en el que se debaten las ordenanzas para el Departamento está a punto de caerse, por lo que en la puerta de entrada un letrero hecho a mano alerta del riesgo que puede correr quien atraviese la cinta amarilla.El diputado Rubiel Antonio Quintana explica que del mantenimiento del edificio debe encargarse la Oficina de Desarrollo Organizacional del Departamento y que, por ejemplo, el café, el azúcar, el papel higiénico, los honorarios para cada asistente, un motorista y la papelería necesaria para los comunicados sale de los bolsillos de los asambleístas.“No tenemos con qué pagar un abogado que nos asesore en el estudio de las ordenanzas. Toca hacerlo con los amigos porque la Asamblea no tiene presupuesto para eso. Aquí no hay plata ni para comprar tinto”, revela.A los empleados de planta, que fueron reducidos de 33 a 8 nadie los reemplaza en periodo de vacaciones. “Si alguien falta, otro funcionario debe encargarse de esas tareas que están pendientes”, explica el diputado Fernández de Soto.Pero aclara que esta última situación no se debe a falta de presupuesto. Según él, se debe a la reforma que hubo el año pasado que permitió reducir la planta de funcionamiento porque se han tomado las medidas administrativas, financieras, fiscales y jurídicas para no generar un déficit mayor.“Hoy tenemos $1900 millones para presupuesto que nos garantiza que la Asamblea puede funcionar perfectamente en esta vigencia, lo que no tenemos es para gastos de inversión en obra”, indica.Este hecho, explica Rosalía Correa, lo que demuestra es la falta de respeto por la Corporación, porque la Gobernación no le dedica los recursos a un sitio que debía ser clave para la institucionalidad del Valle. El analista político Víctor Vallejo va más allá. Sostiene que eso no es problema de presupuesto sino de capacidad política. “Ellos están más pendientes es de lo que les puedan dar a título burocrático o contractual y no de lo que requiere la comunidad, que en últimas es a quien representan”.Los recursos La Asamblea Departamental recibe cada mes $1200 millones que son únicamente para el pago de los honorarios de los 21 diputados.Los gastos de inversión de obra y mantenimiento corren por cuenta de la Gobernación del Valle, sin embargo, desde hace varios años al edificio no se le hace ningún arreglo. Uno de los diputados dice que se deben hacer unos estudios técnicos para verificar la condición actual del edificio San Luis porque tiene varias fisuras profundas en sus muros, pisos y paredes, sin embargo, están a la espera de que se ordene la realización.En esas instalaciones no solo sesionan los diputados, también funcionan las oficinas de la Secretaría de Agricultura Departamental y de los jubilados de la Gobernación (Fundesarrollo).