Investigarán a funcionarios de la Alcaldía por presuntas irregularidades

Personería advierte posibles faltas de ocho secretarios en la firma de 34 convenios interadministrativos, que suman más de $81.000 millones.

La Personería de Cali abrió investigación disciplinaria contra ocho secretarios del gabinete de Jorge Iván Ospina por las presuntas irregularidades cometidas al firmar 34 convenios interadministrativos con la Empresa de Renovación Urbana, Emru, por un total de $81.000 millones.Los secretarios involucrados en esta investigación son Mariluz Zuluaga, de Bienestar Social; Luis Eduardo Barrera, de Metrocali; Mario Hernán Colorado, de Educación; Marco Aníbal Zambrano, de Vivienda Social, y Diego Cardona, de Deporte. Los otros tres encartados son ex funcionarios como Argemiro Cortés, que estuvo al frente de la secretaría de Cultura hasta el año pasado y hoy aspira a la Alcaldía; Johannio Marulanda, quien dirigió Planeación y Alejandro Delima, que tuvo un breve paso por el Dagma.Varios de los convenios cuestionados tienen objetos que llaman la atención.Por ejemplo, el 21 de octubre del 2009 se firmó el convenio 32895 por valor de $8.000 millones suscrito cuando Planeación Municipal era dirigida por Johannio Marulanda. Su fin era: “Realizar el enlucimiento de los espacios públicos de la ciudad”. Ese objeto comprende “las acciones de mantenimiento correctivo en áreas determinadas de interés, dejándolas en excelentes condiciones de ornato, logrando la buena presentación de la imagen física y del paisaje urbano arquitectónico”.Según un informe con corte al 13 de agosto del 2010, casi un año después de firmado el convenio, la Emru sólo había gastado un poco más de $1.688 millones de los $8.000 millones que le transfirió Planeación para enlucir a Cali.La Emru contrató a varias empresas y particulares para adelantar las obras, tales como Carlos Quijano Sinisterra, por $99 millones; Fundación Hijos de la Ceiba por otros $99 millones; Javier Sánchez Pinilla por $263 millones; Julio Serna Gómez por $100 millones; Aurelio López Gaspar por otros $100 millones; Edgar Cadavid Cardona por $99 millones; Segura Hermanos EAT por $100 millones; Hugo Bonilla Vanegas por $96 millones; Fabián Zambrano Wilson por $104 millones; Mauricio Polanco Giraldo por otros $104 millones, Isco Ltda. por $99 millones; Julián Toro por $269 millones y José Luis Granada Alarcón por $150 millones.Por casos como este, donde no se sabe cómo hizo la Emru para contratar a quienes terminaron ejecutando el convenio, es que la Personería pone en tela de juicio que se hayan cumplido los principios que rigen la contratación estatal.Dudas del PersoneroManuel Torres, personero de Cali, señala como contexto en su informe que “la función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad”.Y recalca que la contratación estatal, “aunque se haga por la modalidad directa, debe siempre celebrarse atendiendo los principios mencionados, especialmente cuando se trata de Contratos Interadministrativos”.Según Torres, para la celebración de dichos convenios se debe garantizar la selección objetiva, “lo cual únicamente se logra cuando se compara entre varias propuestas aspectos como cumplimiento, experiencia, organización, equipos, plazo, situación financiera y demás”.Por eso cree que “la Emru ha celebrado convenios interadministrativos sin tener dentro del personal de planta la capacidad técnica y administrativa para desarrollar los objetos contractuales. Además, al revisar algunos convenios, los objetivos y las funciones establecidas no concuerdan con los fines y el objeto de la entidad de renovación”.Por último señala que “se evidencian posibles irregularidades en la celebración y ejecución de 34 convenios por presunta violación a la selección objetiva de los mismos, tanto de la entidad contratante como la ejecutante, al transgredir los principios de transparencia y economía del Estatuto Contractual advirtiendo que con dicha celebración se pueden burlar los procesos de licitación pública consagrados en la ley, que debieron adelantar dichas secretarías”.