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Informe exclusivo: invasiones le 'mueven el piso' a Cristo Rey

Municipio asegura que la parte posterior del monumento pertenece a unos baldíos cedidos por la Nación, mientras algunos particulares han cercado el terreno alegando la propiedad.

17 de mayo de 2015 Por: Unidad Investigativa de El País

Municipio asegura que la parte posterior del monumento pertenece a unos baldíos cedidos por la Nación, mientras algunos particulares han cercado el terreno alegando la propiedad.

A espaldas de Cristo Rey, la enorme escultura convertida  en referente religioso y turístico de Santiago de  Cali, se levanta un lío jurídico de dimensiones también monumentales. 

Una historia que aunque parezca irreal,  no solo pone en duda la propiedad de los terrenos que circundan la base de la enorme estatua ubicada en el cerro tutelar Los Cristales, sino que deja al descubierto una serie de supuestos delitos tan graves  como falsedad en documento público, invasión de predios, falsificación de firmas, desaparición de registros catastrales, e incluso, amenazas de muerte.

Así está contenido en el dossier de documentos que recopiló El País sobre un hecho que, aunque apenas lo conoce la ciudad, tiene cerca de una década en un tire y afloje donde lo único que queda claro: es que ni el Municipio sabe con certeza a quién le pertenece la parte posterior del cerro.

Sin embargo, el espacio que el monumento tiene a sus espaldas es cada vez más limitado porque siguen apareciendo cercos de supuestos dueños que buscan mediante posesión hacerse a parte de las tierras.

Según una comunicación de la subdirectora de Bienes Inmuebles de Cali, María Fernanda Penilla, la titularidad de los terrenos en el sector colindante a Cristo Rey son del Municipio por una concesión que le hizo la Nación a la ciudad, mediante la Ley 54 de 1941, de 118 hectáreas de tierras baldías.

Sin embargo Carlos Hernández Hincapié, a quien la comunidad señala de invasor, asegura que los adquirió legalmente mediante la escritura 727, del 27 de marzo de 1991, según documentos de la Notaría 7 de Cali.

“Al contrario, fue a mi papá a quien el Municipio le invadió su tierra al construir en ellas, sin ninguna autorización, el acueducto rural de Cristo Rey-Cabuyal”, dijo Oswaldo Hernández, hijo de Carlos Hernández, quien aseguró que preparan una demanda contra el Municipio. (Ver nota anexa)

Danza de cartas y comunicados

El punto más álgido de esta discusión se inició a finales del 2009,  cuando con postes de madera y alambre fueron cercados cerca de 300 metros a lo largo de la vía a Cristo Rey, incluido el acueducto, hasta unos metros antes de la puerta de ingreso al monumento.

El  documento 414221602-1265 de la entonces directora de Bienes Inmuebles, Andrea María Castro, asegura a la Asociación de Usuarios del Acueducto que el predio fue donado al Municipio por el Ministerio de Economía y que no han autorizado cerramiento.

A partir de entonces, la comunidad que logró en dos oportunidades que se derribaran los linderos, inició una batalla de derechos de petición a los entes administrativos y de control para exigir el desalojo.

El 9 de enero del 2013, el Subdirector del POT, León Darío Espinosa, reitera que el predio Y001600260001, el cual el señor Hernández habría puesto al día en el pago de impuestos, “se localiza en suelo rural de Cali y dentro de este suelo, en la denominada ‘área de manejo del Parque Natural Nacional Los Farallones’”.

Por más que la Dirección de Desarrollo Administrativo del Municipio, la Subsecretaría de Policía y Justicia, el Grupo Jurídico de la Fiscalía, la Procuraduría Ambiental y la Personería han intervenido para tratar de detener la supuesta invasión, no ha sido posible que el corregidor pueda obrar, según él, porque existe un título de propiedad y que debe ser ante autoridad judicial que se determine la propiedad de los terrenos.

El director de Desarrollo Administrativo de Cali, Juan Fernando Reyes Kuri, señaló que la Ley 54 de 1941 es clara en la entrega de los predios baldíos a la ciudad y que no está en tela de discusión la propiedad de los terrenos del monumento y su alrededor.

“Debe quedar claro que  como Administración tenemos la absoluta certeza que el monumento y sus alrededores son del Municipio, que es lo que entregamos vía contrato a la Corporación de Recreación Popular para su administración”, reiteró Reyes Kuri.

Lo extraño, según el abogado Ramiro Prado, apoderado de Carlos Hernández, es que la propiedad aparece en escrituras y en certificados de tradición, “pero el rastro fue borrado de la Oficina de Catastro”.

¿Por qué no ha presentado entonces el abogado una demanda de restitución si dicen tener los títulos de propiedad?, se preguntan en el Municipio?

Un cartel de invasores

Lo único en lo que coinciden la Administración Municipal, los vecinos de Cristo Rey y el supuesto invasor es en que sí existe un cartel dedicado a apoderarse de los terrenos del Municipio en esa zona rural del Occidente de Cali.

Tanto así, que hoy ni siquiera Carlos Hernández figura como el dueño de parte de los predios que reclama “porque le han falsificado la firma y han realizado una venta fraudulenta de más de 21.000 metros cuadrados”, según denuncia interpuesta ante la Fiscalía.

De acuerdo con el certificado de tradición de la matrícula inmobiliaria 370-358736, Carlos Hernández y su socio José Freddy López le vendieron parte del terreno a Francisco Javier Garro Jiménez el 5 de julio del 2012 ante la Notaría 23 de Cali por un valor de diez millones de pesos.

“Se interpuso la demanda porque mi socio murió hace varios años y en este caso no solo me falsificaron la firma sino que pusieron a firmar al muerto”, indicó Hernández Hincapié. 

Pero el 7 de octubre del 2013, el supuesto propietario le vendió nuevamente por $30 millones a Roberto Alfredo Jiménez y Rubén Darío Gil, como consta en la escritura 3208 de la Notaría Sexta de Cali. 

Al respecto, el Juzgado 17 Penal Municipal dictó medida cautelar y ordenó detener el 8 de enero de este año cualquier tipo de transacción que se intente realizar sobre este terreno.

Otra parte del predio, de unos 6.400 metros cuadrados, figura ya también a nombre del abogado, a quien se le habría entregado “como parte de pago por su representación”, según familiares de Carlos Hernández.

Pero la novela no para ahí. Entre el predio que alega Carlos Hernández ser de su propiedad y el monumento a Cristo Rey hay una franja de unos cien metros lineales en la cual ya han ubicado un nuevo encerramiento con postes de madera y alambre de púa.

Detrás de eso, dicen los vecinos, están las familias Ochoa y Durango que sin ningún título alegan la posesión de un predio que ahoga aún más la parte posterior de un monumento que, “si se pudiera mover, ya lo habrían sacado como desplazado”, dijo un residente del sector, quien denunció que personas armadas han amenazado de muerte a miembros de la Junta”.

El País intentó ubicar a las familias señaladas, pero nadie da razón.

Lío sobre el acueducto rural deberá dirimirlo  la justicia

[[nid:422268;http://contenidos.elpais.com.co/elpais/sites/default/files/imagecache/563x/2015/05/acueducto-regional.jpg;full;{El Acueducto de Cristo Rey fue construido por la Secretaría de Salud con un concepto de Planeación que asegura que el terreno hace parte de los predios del Municipio.Foto: El País}]]

Un concepto de la Subdirección de Bienes Inmuebles del Municipio, emitido a comienzos del año 2006, en el que confirmaba la propiedad del terreno fue el banderazo final para que la Secretaría de Salud Pública Municipal iniciara la construcción de la planta de tratamiento de agua en la parte alta de Cristo Rey.

Ocho años han pasado desde entonces y por eso sorprende en la Administración Municipal que apenas ahora se venga a anunciar una demanda de un particular alegando la propiedad sobre los terrenos en los que viene operando el acueducto rural.

Aunque aún no se ha iniciado un proceso legal por alguna de las partes, el acueducto de Cristo Rey está ubicado hoy justo en el centro del terreno que Carlos Hernández alega como propios y que  cercó con postes de concreto, alambre de púa y pinto con los colores de la bandera de Colombia.

El secretario de Salud de Cali, Harold Suárez, aseguró que aunque el acueducto fue construido en otra época y con otras normas, este tipo de obras no se realizan sin tener la certeza sobre la propiedad del suelo.

“De acuerdo a las nuevas normas, y si no se demuestra que el terreno pertenece al ente público, llámese  Alcaldía de Santiago de Cali, la Secretaría no puede hacer ningún tipo de inversión sin tener esa certeza y sin certificar la calidad del bien”, señaló Suárez.

El ingeniero Orlando Arbeláez Serna, responsable del Grupo de Agua Potable y Saneamiento de la Zona Rural de Cali, consideró poco probable que la Administración en años anteriores haya realizado una inversión tan alta teniendo la más mínima duda sobre la propiedad del bien.

“Todo lo que hemos hecho ha sido con el visto bueno de la comunidad y  de los propietarios; en los 28 años que llevo en esta dependencia, nunca hemos hecho una obra en contra  de la voluntad de un propietario. Incluso, nuestros indicadores a veces no son los óptimos porque las personas no nos colabora con un predio o una servidumbre”, dijo el ingeniero Arbeláez.

“A mí me extraña muchísimo que una persona  diga ahora lo contrario, pero me gustaría que se acercara y revisáramos el caso. Nosotros tenemos  un departamento jurídico  y un abogado asignado donde podemos revisar la situación con mucho gusto”, agregó.

Sin embargo Oswaldo Hernández, hijo de quien alega la propiedad del terreno, aseguró que su padre vivió muchos años fuera del país y que se han visto afectados de muchas formas.

“No es solo que tomaron el terreno, sino que nos tumbaron una ramada y ahora tenemos una casa prefabricada a diez metros del acueducto y no nos han autorizado el servicio de agua potable porque insisten en que somos invasores”, dijo Hernández. Lea aquí la segunda parte de este informe: Comercio ilegal, la otra amenaza que tiene en 'jaque' a Cristo Rey 

 

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