Informalidad, un mal que se toma el comercio de la capital del Valle

El País conoció que 21.929 establecimientos de la ciudad no están registrados ante la Subdirección de Rentas e Impuestos Municipales. Granada, la Calle 9, la Avenida Sexta y el Parque de El Perro son las zonas donde se presentan más casos, según la Secretaría de Hacienda Municipal.

La informalidad se está apoderando del sector comercial de Cali. El País conoció que 21.929 establecimientos de la ciudad no están registrados ante la Subdirección de Rentas e Impuestos Municipales.Entre los negocios que le están haciendo ‘conejo’ al pago de tributos al Municipio se encuentran graneros, estaciones de gasolina, supermercados, distribuidoras, discotecas, almacenes de ropa y panaderías. Situación que no permite cuantificar el valor total de lo que deja de percibir la ciudad por este concepto. Según la Secretaría de Hacienda las zonas de Cali donde más se repiten los casos de evasión son el barrio Granada, el Parque de El Perro, la Calle 9, la Calle 14 con Carrera 56, la Autopista Sur y La Casona.Fulvio Leonardo Soto, Subdirector de Impuestos de Cali, dijo que dicha cifra fue obtenida tras cruzar información de la Secretaría de Hacienda con otras entidades comerciales y con trabajo de campo realizado en toda la ciudad.“Tan sólo en el programa de omisos de la Secretaría de Hacienda tenemos 18.400 establecimientos comerciales que presuntamente no han sido registrados”, declaró el funcionario. Soto añadió que a través del trabajo de campo, la Secretaría de Hacienda logró detectar 3.529 establecimientos más que no han sido registrados, luego de visitar 10.533 locales comerciales. Asimismo, se pudo determinar q ue 284 han declarado el mismo valor de ingresos brutos desde el 2005.“Esto quiere decir que el 30% de los negocios visitados durante los últimos meses no están registrados, por ende no tributan. Es un porcentaje alto”, dijo.En este sentido, el funcionario complementó que comenzarán a ejecutar las acciones pertinentes de fiscalización para poner en cintura a los establecimientos comerciales que no tributan y de esta manera generar un incremento en los ingresos del Municipio.Entre las razones que argumentan los comerciantes para no registrarse se encuentra el desconocimiento y la evasión flagrante de la norma.Para Pablo Aníbal García, uno de los propietarios de los establecimientos que no está registrado ante la Administración Municipal, la apertura de un negocio representa un enorme gasto que se ve incrementado con impuestos.“Primero son muchos trámites y segundo para un negocio pequeño no es negocio pagar impuestos. Por el contrario, deberían darnos incentivos”, declaró García. Albeiro Aristizábal, presidente del Gremio de Comerciantes del Centro de Cali, Grecocentro, manifestó que falta por parte de la Alcaldía una campaña que permita crear la cultura de pago entre los comerciantes.“Aquí la Administración en lugar de apoyar, sanciona. Nosotros como gremio estamos dispuestos a brindar toda la ayuda que necesiten para unificar criterios y estimular que los informales se cambien a la formalidad. Pero sólo con el garrote queda muy verraco ”, agregó.Julio Escobar, director de estudios económicos del Banco de la República, explicó que el fenómeno se debe a los costos que implica ser formal. “Cuando los comerciantes emprenden un negocio le temen al fracaso. Según la Cámara de Comercio, seis de cada diez negocios no superan el segundo año de operaciones. Eso hace pensar a los comerciantes a la hora de pagar impuestos”.Según el analista, es importante que la Administración Municipal y el Sena le hagan seguimiento a estas nuevas iniciativas de empresa, por los menos durante dos años.“Estos establecimientos generan empleo informal que en muchas ocasiones no garantizan un ingreso mínimo y mucho menos seguridad social lo cual es muy negativo para ciudad”, concluyó el experto.Las multas Dentro del trabajo de campo, la Secretaría de Hacienda de Cali tiene una primera etapa pedagógica en la que se le enseña al comerciante cómo inscribirse legalmente.Si éste no se legaliza le llega el cobro jurídico al que se le suma una multa del 5% sobre el total de la deuda. Si el comerciante sigue renuente la multa asciende al 10% sobre el ingreso del negocio.