Indígenas Emberá Katío viven en pésimas condiciones en el centro de Cali

En pensiones de pago diario en el Centro de Cali, 190 indígenas desplazados por la violencia pasan hambre y pobreza.

Plátano. Mucho, mucho plátano. A veces arroz. Porque la carne por ahí es muy cara, la misma cosa el pollo. Si mucho alcanzará para pata de gallina. Y así ha sido el último año. Porque lo más importante es pagar la pieza, tener dónde dormir. Aunque no tengan colchón.Porque antes no es que fueran ricos, pero tenían la tierra. Tenían tres comidas al día. “Ahora, con suerte, tenemos una”, susurra Francy Elena, mientras pone su seno en la boca de su bebé, Catalina. Al menos ella tiene comida siempre. El olor del humo, que viene del fogón donde cocinan lo poco que hay, penetra los huesos. Penetra tanto como la pobreza y la suciedad del lugar. Es parte de vivir ahí, en esa pieza pagada del barrio El Calvario, en el Centro de Cali, donde no hay leyes sino drogadicción y violencia. En cada pieza viven hasta siete u ocho personas en un espacio donde no cabría ni siquiera una cama doble. Y así, de cuarto en cuarto, son en total 190 indígenas Emberá Katío, que vinieron desde Pueblo Rico, Risaralda. Son 40 familias en total, que respiran un aire quemado, que duermen en un piso cuarteado y que pagan $10.000 diarios por esas cuatro paredes. Se reparten entre tres casas de la misma cuadra. Ahí en el suelo, llorando, hay un niño de unos dos años. Llora con sus ojos rasgados indígenas, mientras un río de orines corre por el suelo. A pocos metros, en otro cuarto, hay un bebé en el único colchón que hay en la casa. Al lado suyo está su mamá, cosiendo sentada sobre el cemento. La casa está casi vacía. Las otras mujeres están afuera, “pidiendo moneditas”, porque sino no hay con qué almorzar. Los hombres trabajan vendiendo paletas, pero pues eso, dice Roberto, no es que alcance para mucho. Les pagan $10.000 por el día, así que alcanza solo para el arriendo. El baño hay que dividirlo. “No se puede demorar uno más de cinco minutos bañándose, porque somos muchos”, dice el hombre, con su acento Emberá, que suena algo nariñense, mirando siempre al suelo fijamente. El aire pesado marea. Pero a la pequeña Carmenza, de dos años, no solo la mareó, sino que la mandó al hospital donde le diagnosticaron una tuberculosis anteayer, cuenta su papá preocupado. Ya son varios los que han sufrido de esa “asfixia” y se habla de una epidemia. En esas se la han pasado desde hace un año: rebuscando la vida, esquivando la muerte.Soñado retornoAllá en su tierra tenían una vida. Sembraban cacao, maíz, plátano. Hasta que un día el mundo parecía estar estallando a plena luz del día. Eran los del fusil, esos de la guerrilla, que bombardearon la zona. Y con el miedo latente, huyeron buscando ayuda.Pero no fue solo el bombardeo. Fue la disputa constante. Los enfrentamientos día a día, no solo entre Ejército Nacional y las guerrillas de Las Farc y ELN, sino también con el grupo al margen de la ley de Los Rastrojos. Así reza en un Informe de Riesgo de la Defensoría del Pueblo, el número 002-13 de enero 17 de 2013, en el que se cuenta que Pueblo Rico es un punto estratégico porque es paso obligado al Chocó, por la selva donde es tan fácil esconderse y atacar. A eso se suman la minería del oro, abundante en los cabildos de la zona, y el reclutamiento de niños. Y por supuesto, el tráfico de coca, que se disputan los grupos que controlan el lugar. Por eso vinieron a Cali en mayo de 2013. Cansados de la guerra. Pero ya les parece que fue peor la cura que la enfermedad, y que es demasiado tarde ya, porque no hay a dónde volver.Hijos de nadieAhora solo queda esperar que les cumplan. Porque la Ley decidió ampararlos con un fallo de tutela que interpuso la Defensoría del Pueblo, y que falló este 17 de febrero, ordenando a la Unidad para la Reparación de Víctimas del Conflicto Armado y al Municipio de Cali, atender a estas personas.“Se trata de la vulneración de todos sus derechos”, dice Carlos Hernán Rodríguez, defensor Regional y demandante. Explica que siguen el caso desde el año pasado, pero que en vista de que nadie parecía adueñarse de la situación, decidió interponer una acción legal. Porque, precisa Alejandro Gutiérrez, funcionario de la Defensoría, tras varias reuniones con las entidades mencionadas, las responsabilidades eran “desviadas” con diversos argumentos. Pero Paula Gómez, directora territorial de la Unidad de Víctimas, dice que la razón del por qué no se les brindó ayuda hasta ahora es muy clara: si bien estas personas son víctimas del conflicto armado, no vinieron a Cali por desplazamiento. “El motivo de su viaje a esta ciudad es porque Risaralda les prometió unas viviendas y al final no les cumplieron. Entonces no podemos tomarlos como desplazados por la violencia, porque no fue esa la causa de su llegada”, dice.Sin embargo, aclara, ya se están gestionando kits de ayuda para los Emberá, que es lo que se hace normalmente en emergencia humanitaria. “Pero el retorno a su tierra no se puede hacer, porque no tienen a dónde llegar. Es Risaralda el que debe solucionarles la vivienda”, puntualizó.La Alcaldía de Cali, entre tanto, dice que ya hicieron lo que pudieron. Que en su primera llegada, que había sido en el 2012, se les brindó ayuda humanitaria y se les dio apoyo para el retorno a su tierra. “El fallo no nos ordena atenderlos ahora, sino realizarles un censo”, dice Alexandra Hernández, asesora de Paz del Municipio.Pero más allá de esta disputa, la Personería de Cali, que visitó a los indígenas ayer, piensa que lo importante es coordinar acciones conjuntas entre la Alcaldía de Cali y la Administración Municipal de Pueblo Rico para garantizarles “un retorno que tenga las condiciones de voluntariedad, dignidad y seguridad”.Sigue el miedoAlbeiro, uno de los líderes, relata que acá en Cali, tan lejos de su tierra, el miedo también los acorrala. Como no viven solos, sino que comparten con gente de otras etnias, creencias y costumbres, la convivencia ha sido dura, desgastante. Como el 24 de diciembre, cuando un borracho de la casa se agarró a golpes con otras personas. Todos, asustados, intentaron refugiarse, pero aún así, varios terminaron heridos por botellas rotas. Ahora, mientras cuenta esto, se oyen estruendos en la entrada. Es una mujer que amenaza con un cuchillo a unos del cabildo porque no la dejan entrar a la casa. “Así es todos los días. Entran y salen extraños. Y si no los dejamos entrar, nos amenazan, nos sacan armas”, dice el hombre. Algunos de los que viven ahí, en esa casa de aire pesado, también fuman marihuana y bazuco, sin importarles los 87 niños que ahí respiran. También les roban, cuenta Roberto. Aunque parezca absurdo, aunque tienen tan poco. Les quitan la ropa, las sábanas, el plátano del almuerzo. Ese plátano que es su único sustento desde hace un año. Eso y el arroz.