Historia de 94 remates que no se pudieron hacer

Posibles inconsistencias en la forma de cobrar vigencias anteriores al año 2005 de ese tributo municipal podrían afectar los ingresos de Cali.

Un mal final de año iba a tener un grupo de contribuyentes morosos del impuesto predial, propietarios de 94 inmuebles que serían rematados por el martillo del Banco Popular los días 30 y 31 de diciembre, por solicitud de la Alcaldía de Cali.Pero nada pasó a pesar que las notificaciones de los remates fueron publicadas en un medio impreso de circulación regional el pasado 16 de diciembre del 2010 en las páginas 23 a 31 que corresponden a la sección de edictos/área legal.Según el director de Hacienda de Cali, Juan Carlos Botero, la razón para no hacer los remates fue la fecha. “No nos pareció correcto amargarle el fin de año a unos contribuyentes que aunque están en mora con el pago del impuesto predial, también tienen derecho a pasar tranquilos las festividades”.Pero una razón muy distinta es la que certifica un oficio del Banco Popular con fecha del 16 de diciembre de 2010, firmado por el asistente regional Martillo - Zona Sur, Armando Perdomo Losada, y dirigido al Subdirector del Departamento Administrativo de la Subdirección de Tesorería de Rentas del Municipio, Santiago Hung Duque. Este explica que no se pudieron adelantar las diligencias de remates porque el comisionado para esto no recibió todos los documentos que requiere la ley para dicho trámite.Según el oficio, Sicali no aportó los documentos en las fechas establecidas. También explica que la abogada Alicia Omaira González, enviada por el banco desde Bogotá para prestar apoyo directo al proceso y aclarar las dudas que surgieran, no fue bien aprovechada por el área jurídica de Sicali. Los afectadosDos de los predios que serían rematados a final de año pertenecen al señor José Silvio Urbano López, quien tiene una deuda con el Municipio por impuesto predial de las vigencias 1995 al 2010, que suman alrededor de $622 millones.Según alega el abogado de Urbano López, César Augusto Lemos, “el remate no se dio porque Sicali no pudo presentar todos los documentos al Martillo del Banco porque no los tiene. Y no los tiene porque la forma como el Municipio y el concesionario adelantan los cobros coactivos viola el debido proceso y la legítima defensa de los contribuyentes”.El abogado Lemos asegura que Sicali se niega a mostrar los expedientes de los procesos y además se demora en expedir las copias de los mismos, cuando el Código Contencioso Administrativo dice que deben ser entregadas en un término no mayor a tres días.Álvaro Iván Rosso, quien debe impuestos de las vigencias de 1995 a 2007 de la casa en donde vive, ubicada en el barrio Aranjuez, por un valor cercano a los $6 millones, dice que cuando fue a notificarse a Sicali y a averiguar el estado de su proceso, “la empleada me explicó que no era posible ver el expediente porque está guardado en una urna y no es permitido mostrarlo”.“Después de tres semanas de insistencia con Sicali fue directamente a hablar con el doctor Santiago Hung para explicarle que me quería notificar del proceso, pero que necesitaba ver de qué se me acusaba. Y aunque él habló con la gente del concesionario no me dejaron ver el expediente”, dijo Rosso, otro de los contribuyentes que aparecía en la lista de los remates de finales del 2010.Lemos asegura que el cobro que hacen el Municipio y Sicali a su apoderado no es del monto que ellos argumentan porque tanto la actual administración como las anteriores no hicieron la gestión de cobro correcta y por ello prescribió la obligación que corresponde al período comprendido entre 1995 a 2005.Como se recordará, la deuda de los impuestos que cobra el Estado prescribe a los cinco años a partir de la fecha en que se empieza a cobrar. Pero la prescripción de la deuda se interrumpe cuando se le notifica al contribuyente el mandamiento de pago, o cuando este se acoge a un acuerdo para cumplir con su obligación. A partir de esos trámites, vuelven a correr los cinco años.Por eso, dice Jaime Camacho, gerente general de Sicali, es que todavía están vivas muchas de las deudas de años anteriores al 2006, porque hay mandamientos de pagos notificados que reabren los procesos. Más líosPero además de la negativa de Sicali para mostrar los expedientes, algunos contribuyentes morosos alegan que nunca fueron notificados y los que sí lo fueron dicen que hay fallas con este procedimiento.En el caso de Urbano López, según su apoderado, la citación para la notificación de los mandamientos de pago no se hizo en la dirección del predio sino en un kiosko ubicado en el espacio público, “cuyas personas no tienen nada que ver con mi cliente”. En otro de los casos, el de la Sociedad Mieres Ltda. en liquidación, la representante legal de la firma, Alexandra De Mier Lloreda, dice que no fue notificada del cobro del impuesto. Según ella, no existe la guía de la correspondencia de Deltec (papel que firma la persona cuando recibe documentos o encomiendas), que fue contratada por el Municipio para llevar la notificación. “La firma respalda la entrega con una certificación, cuando la ley dice que el respaldo es la guía de la correspondencia”.Igualmente, aduce la señora De Mier Lloreda, la Administración le está cobrando varias veces la misma deuda. “Tengo tres mandamientos de pago. El primero por el año 1995, el segundo que cubre el período de 1995 a 2002 y el tercero por la deuda de 1995 a 2004”.Uno de esos mandamientos de pago fue notificado el 13 de noviembre de 2005, que cayó domingo, cuando los funcionarios están de descanso.El abogado Lemos dice también que Sicali tiene los expedientes foliados de manera irregular, pues una página aparece marcada varias veces con números diferentes y no existen autos o constancias que expliquen el cambio. En otros casos, conocidos por El País, el remate se ordenó a personas fallecidas, no a sus herederos. Según Lemos, “el 80% de la cartera del predial del Municipio tiene los mismos problemas como los de Urbano, De Mier y Rosso”. ¿Qué responden la Alcaldía y Sicali?Los voceros de la Dirección de Hacienda de Cali y Sicali niegan que se esté adelantando el cobro de cartera del predial sin garantizarles a los contribuyentes morosos sus derechos a la defensa y al debido proceso.Según el Director de Hacienda de Cali, Juan Carlos Botero, “el cobro coactivo está exclusivamente en manos del Municipio porque esa función es indelegable. Sicali nos ayuda con la parte operativa del cobro, pero las decisiones las toma el señor Santiago Hung, quien es el jefe de la jurisdicción coactiva delegado por el Alcalde”.Agrega que los expedientes están en custodia de Sicali porque así lo especifica el contrato con ellos y la concesión está en la obligación de aportar las copias que el contribuyente le requiera. Sobre este aspecto, el gerente general de Sicali, Jaime Camacho, señala no se le ha negado a los morosos conocer sobre su proceso de cobro. “Y cuando piden copias estas se pueden demorar porque tenemos carpetas de 608.000 contribuyentes del predial”, explica.Camacho indica que los expedientes están debidamente archivados, foliados y digitalizados cumpliendo la norma.Botero, por su parte, dice que de cerca de 120 tutelas al año que le interponen a la Administración por el tema del pago de impuestos, todas han sido falladas a favor del Municipio. “Eso ratifica que estamos haciendo el cobro de manera debida y que la cartera puede ser recuperada”, indica.El funcionario explica que la Administración está más interesada en persuadir al contribuyente para que se ponga al día, que en rematarle sus bienes. “La recuperación de la cartera va en aumento (ver tabla). Este año iniciaremos procesos a los propietarios de 6.500 predios que deben el predial desde el 2006 y el remate que se programó para fin de año o haremos en marzo a 44 morosos porque los otros se pusieron al día”, afirma Botero.