Hasta extorsiones hay detrás del lío de los escombros en Cali

A 800 metros del Hospital Isaías Duarte Cancino, en el Distrito de Aguablanca, y contiguo a donde se edifica una nueva ciudadela educativa, un inmenso lote es empleado ilegalmente como escombrera.

Para contener los tres millones metros cúbicos de escombros que hay depositados inadecuadamente en toda Cali sería necesario construir cerca de 2.500 piscinas olímpicas.La crisis por la falta de un sitio de disposición en la ciudad se agudizó el año pasado, cuando el Dagma cerró el último lote autorizado: la escombrera de la Carrera 50 con Autopista Simón Bolívar. Desde entonces las grandes obras civiles están despachando los escombros a municipios vecinos donde hay lotes autorizados. Sin embargo, aún quedan los desechos producto de las obras que no pagan una volqueta hasta Candelaria o Jamundí. Actualmente, cerca de 600 carretillas ingresan todos los días al antiguo vertedero para descargar desechos de construcción, pese a que está clausurado. También pasa que ante la falta de soluciones surgen en distintos lugares de la ciudad botaderos clandestinos. Como uno que actualmente funciona en el norte de Cali y que está frente a la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, Ptar, el cual tiene en peligro la estabilidad del jarillón del río Cauca. Según cuentan moradores del sector, a la zona llegaron personas provenientes de Buenaventura y se apoderaron de un lote cobrando $1.000 a carretillas y $15.000 a volquetas por descargar los escombros.“El barrio está lleno de desechos de construcción. Un comedor de ancianos que operaba aquí se cerró por que la cantidad de ratas, atraídas por el escombrera, era impresionante”, comenta María Juana Gavilán, moradora de la zona.De otro lado, la montaña de escombros en Petecuy alcanza una altura de seis metros y desde abajo se puede ver cómo desde la cumbre se desperdigan pequeños trozos de teja, ladrillo y cemento fracturado. La lista de irregularidades con el manejo de escombros no termina allí. A 800 metros del Hospital Isaías Duarte Cancino, en el Distrito de Aguablanca, y contiguo a donde se edifica una nueva ciudadela educativa, un inmenso lote es empleado ilegalmente como escombrera. El humo envuelve el sector cada vez que los recicladores queman llantas viejas para extraer el alambre que hay en ellas. Hombres armados custodian algunas de estas escombreras ilegales y realizan disparos con armas de fuego para intimidar a los vecinos del sector que se convierten en alguna molestia.“En las noches realizan tiros al aire e incluso han disparado en contra de los vigilantes del hospital y la ciudadela educativa”, narra un habitante del sector que prefiere omitir su identidad. El hombre asegura que las llamadas ‘oficinas’ de San Luis, La Rivera y Cinta Larga manejan el negocio de los escombros en el sector. “Les alquilan armas a menores por $5.000 para que cobren el vertimento de escombros”, aseguró. Para Beatriz Eugenia Orozco, directora del Dagma, en Cali no hay nada legal en el tema de las escombreras. “En la ciudad no hay sitios de disposición definitivos ni puntos de transferencia, tampoco hay parques tecnológicos de transformación de escombros”, dice. Según la funcionaria, el problema de la disposición de escombros es de fondo porque se requiere de un ajuste del Plan de Ordenamiento Territorial, POT, en el cual queden definidos los sitios que tengan un uso de suelo favorable para realizar las actividades con los escombros.Orozco sostiene que sí hay donde llevar los escombros y se trata de un sitio en Candelaria. “Es un proyecto privado con licencia ambiental de la CVC”. No obstante, el gran problema con los carretilleros es que transportan pequeños volúmenes de materiales de desecho y no es rentable llevarlos hasta Candelaria. “Al no haber ningún sitio legalizado en Cali ellos generan un impactos muy fuertes sobre espacios públicos, zonas verdes y vías, eso está afectando gravemente la ciudad, son varias escombreras ilegales en Cali. Encontré que se han cerrado cuatro, pero un número igual surge en otra parte”.La directora afirma que existen zonas de alto riesgo con presencia de escombros, una de ellas en el jarillón. “He recibido un acto administrativo de la CVC ordenando el cierre de dos escombreras para este mes, una está ubicada al frente de la Ptar y otra en Petecuy. Ambas son un peligro por las condiciones del río Cauca, debido a posibles riesgos de deslizamiento que pueden generar contaminación y represamiento”, dijo. Para el concejal Michel Maya este problema se debe a la desidia de las pasadas administraciones, que dejaron desbordar la situación. “El gobierno de Jorge Iván Ospina no le dio importancia al tema de los escombros, fue permisivo y cómplice, por eso no hay un lugar para estos residuos”.Por su parte, Gloria Hidalgo, líder de los carretilleros, señaló que desde la administración del alcalde Apolinar Salcedo se viene hablando de las escombreras y plantas de tratamiento. “Desde esa época se habla de estudios, investigaciones y planes, pero no se ha concretado nada. Uno de esos estudios costó $500 millones y sólo le han dado publicidad, nada más”.Para el carretillero Juan Esteban Angarita el problema de los escombros nunca acabará. “Mi papá ha estado en el negocio y me lo heredó a mí. Cuando llegan nuevos alcaldes traen cuentos nuevos y siempre pasa lo mismo: nada”.