Gobierno Nacional anuncia mano dura para recuperar jarillón del río Cauca

Pedirán investigar a quienes frenan la reubicación de ocupantes del dique a través de tutelas. El Gobierno anunció que obras deberán ejecutarse a más tardar en el año 2018.

Al problema del jarillón del río Cauca a su paso por Cali hay que ponerle punto final. Así lo aseguró el ministro de la Presidencia, Néstor Martínez, al anunciar que se firmará un convenio entre el Gobierno Nacional y la Alcaldía de Cali para que a más tardar en el 2018 la reubicación de familias y reforzamiento del dique estén listos.Con dicho convenio, explicó el alto funcionario, se espera ponerles fechas y presupuesto a las intervenciones necesarias para proteger el dique y evitar la inundación de gran parte de la ciudad.Se espera que a más tardar el 9 de abril esté listo dicho acuerdo. Para esa fecha, el Fondo de Adaptación, la Alcaldía de Cali, Emcali y la CVC deberán tener definidos los recursos que aportarán para ese proceso. Se estima que son $850.000 millones los que se deben disponer para ejecutar el convenio. Del total del recurso, $550.000 millones serían entregados por la Nación.“Las obras no se pueden seguir aplazando porque son 900.000 familias de Aguablanca las que están en riesgo de inundación. A lo del jarillón hay que ponerle punto final”, agregó Martínez.Frente a la lluvia de tutelas que ha dilatado la salida de las familias asentadas sobre el dique, el Ministro de la Presidencia anunció que el Gobierno solicitará al Consejo de la Judicatura y la Fiscalía investigar a jueces y abogados por “abusar de sus derechos. Las tutelas son calificadas como fraude a resolución judicial. No vamos a tolerar que a través de tutelas se ponga en riesgo la vida de muchos caleños”, aseguró.Sentenció, además, que “de presentarse alguna emergencia, serán corresponsables quienes abusan de esos derechos constitucionales y eso podría, incluso, tener implicaciones penales”.A su turno, el director del Fondo de Adaptación, Germán Arce, explicó frente a los procesos interrumpidos de la reubicación de las siete mil familias que viven sobre el jarillón, que “hay acciones temerarias de algunos individuos a las que necesitamos ponerles de alguna manera control, porque en los cronogramas de trabajo no está estimado que a punta de tutelas todas las semanas hagan aplazar las intervenciones de la Alcaldía”.Las reaccionesEl alcalde Rodrigo Guerrero dijo, frente a la firma del convenio con la Nación, que será necesario aforar los recursos a través de vigencias futuras que deberán pasar la aprobación del Concejo de Cali.“Ya está definido el riesgo que hay sobre el dique. Hay una orden judicial que nos obliga a reubicar a la gente, no hay nada que hacer. Hemos hecho dos censos y siguen apareciendo personas que se dicen dueñas de terrenos. El tipo de intervención social a realizar en el sector está definido, lo que es muy importante”, explicó Guerrero.Por su parte, el abogado Rodolfo Yanguas, quien ha liderado las acciones judiciales que han frenado las diligencias de reubicación que adelanta la Alcaldía, aseguró que “esto es una amenaza contra mí, porque soy el representante de las más de siete mil familias que viven ahí. Es una afrenta por solicitar que se respeten los derechos de esas personas. Y decir que investigarán a los jueces que se atreven a fallar las tutelas es una intervención grosera y absurda por parte del Gobierno”.Explicó que “la jurisprudencia dice que a quienes viven hace más de 40 años en el jarillón los cobija el principio de la confianza legítima, y es que adquieren derechos sobre el bien, así sea del Estado. Los mismos entes de control han dicho que el proceder de los desalojos es irregular, ni siquiera se les notificó sobre los desalojos a la gente”.