Fallo que anula la interrupción voluntaria del embarazo en Colombia está 'en pañales'

La Interrupción Voluntaria del Embarazo se cumple en el Valle gracias a una fuerte Red de Mujeres. En lo que va corrido de 2013 ya van 25 IVE en Cali. Un 60 % de solicitudes son por abuso sexual.

Dejar en la cabecera de la camilla una bolsa de dextrosa con restos fetales flotando en un líquido sanguinolento. O decirle, ¿por qué llora, acaso no era eso lo que quería?Esas son formas de sanción social que personal médico y/o paramédico (no todos) de algunas instituciones de salud (no todas) aplica a algunas mujeres cuando solicitan un procedimiento de Interrupción Voluntaria del Embarazo, IVE, legalmente establecido por la Corte Constitucional en Colombia.Son modalidades de guerra sicológica sutiles, pero crueles. Como escuchar en la sala de espera, delante de todos: “Que siga la violada” o “¿Usted es la que viene para la interrupción del embarazo? pase al consultorio”. O que las lleven a ecografía y les digan: “Ay, mírelo tan lindo”. Comentarios que caen como una puñalada en el vientre cuando el feto es producto de una violación que ha dejado a la víctima en estado de shock o de depresión severa.Estas y otras experiencias aún encuentran las integrantes de la Red de Mujeres por los Derechos Sexuales y Reproductivos de Cali, al hacer el acompañamiento a congéneres que solicitan una IVE por cualquiera de las tres causales aprobadas por la Corte.Desde la promulgación de la sentencia C-355 de 2006, que ampara la IVE en tres circunstancias especiales, la Secretaría de Salud Departamental ha identificado 214 casos en el Valle, el 75 % en Cali y el 25 % restante en 16 municipios.En Cali, el Hospital Universitario del Valle, HUV, atendió 38 casos en 2012, pero la tendencia va en aumento: en lo que va corrido de 2013 ya van 25. Un 60 % de las solicitudes son por abuso sexual.Organizaciones como Womens Link Worldwide aclaran que la sentencia C-355 de 2006 sigue vigente a pesar del fallo del Consejo de Estado del pasado 18 de marzo, que anula el Decreto 4444 de 2006 “por errores de forma, no de fondo”.Médicos objetores de conciencia admiten que hay personal que como seres humanos tienen creencias religiosas o posiciones éticas por las que actúan con rechazo hacia quien toma esta opción. Y otros creen que la mujer por sí misma se siente culpable y todo lo que sucede lo interpreta como si fuese juzgada.“No es una política institucional de la EPS o IPS, pero hay actitudes individuales del personal paramédico que demuestran que todavía falta mucha sensibilización, entrenamiento y educación al respecto”, dice una defensora de derechos de género que pide reservar su identidad para evitar “la estigmatización que nos cobija al igual que a las que ejercen su derecho a la IVE”.Un médico de una IPS, que reserva su identidad, acepta que para él y sus colegas fue muy difícil aceptar realizar las IVE. Sobre todo cuando la fecha de la violación referida por la paciente no coincidía con el número de semanas del feto.Sin embargo, Javier Fonseca, subdirector médico del Departamento de Ginecología y Obstetricia del HUV, que atiende pacientes remitidas por EPS del régimen subsidiado, argumenta que esa causa ya no es discutible. Puede ocurrir, dice, que una mujer violada no estuvo en condiciones de denunciar de inmediato: “Y lo hace cuando se ve embarazada y no se acuerda cuándo fue la violación porque quiere olvidarla. Así que no podemos entrar en detalles, sino que debemos cumplir la norma porque sería dilatar el procedimiento”. Sobre la malformación fetal incompatible con la vida, la Red de Mujeres exige que se cumpla con el único requisito del certificado médico. Pero Fonseca explica que a veces les remiten solicitantes de IVE por esta causal, pero la valoración arroja que el bebé, por ejemplo, tiene un pie torcido, lo cual no aplica.“Los médicos no siempre tenemos el concepto claro a nivel individual de cuál es el riesgo de no sobrevivencia de un bebé. Y va a ser más claro si lo da no solo el ginecólogo, sino el pediatra, el neonatólogo y otras subespecialidades”, afirma.Aún así, el galeno comprende que el espíritu de la ley es no ponerle trabas a la paciente, porque ir de concepto en concepto dilata el proceso y el protocolo exige que no se demore más de cinco días. No obstante, agrega que si en un control prenatal hallan un caso de malformación genética, ellos mismos le explican a la mujer los riesgos y las posibilidades de vida y de calidad de vida del bebé y las opciones como la IVE.Algunas se acogen a este derecho y son intervenidas. Y otro buen número prefiere continuar con su embarazo. “La semana pasada pasó con una pareja; se les explicó que el bebé tiene serios problemas, pero optaron por seguir hasta el final a pesar de los riesgos o inconvenientes”, dice. El punto de mayor divergencia es aplicar la causal “cuando la salud y vida de la mujer está en riesgo”, que los médicos entienden como salud física. Así la OMS defina que salud no es ausencia de enfermedad sino un estado de bienestar biosicosocial (mental, emocional y físico).Los casos más dramáticos son de menores de edad. Como el de la quinceañera que al verse embarazada entró en depresión e intentos suicidas. Al ser rechazada, tomó una mezcla de medicamentos. De milagro no se murió, pero fue necesario ese intento de suicidio para que recibiera el procedimiento.En noviembre llegó desde Pasto una joven de 17 años con 14 semanas de gestación. Pese a tener la denuncia de que fue violada a la salida de una fiesta, los médicos de un hospital de esa ciudad se declararon objetores de conciencia.Ella se lanzó a un carro y tomó pastillas, fue hospitalizada y remitida a una IPS de Cali que también la rechazó porque su estado depresivo no era asimilado al “concepto salud y/o vida en riesgo”. Fue necesaria la intervención de las secretarías de Salud Municipal y Departamental y hasta del Ministerio, para que su embarazo fuera interrumpido.O el de una embarazada en situación de calle, consumidora de drogas psicoactivas, que no fue atendida pese a tener diagnóstico de VIH, pero los médicos alegaban que esa condición clínica no era válida. Con todas esas dificultades, en el Valle la sentencia se cumple gracias al trabajo de una red de mujeres que está lista para defender este derecho. “La IVE es una opción de vida porque nos redujo el índice de muerte por abortos no adecuados de 15 en 2011 a 1 en 2012”, dice Martha Castaño, coordinadora de Salud Sexual y Reproductiva de la Secretaría de Salud del Valle.Agrega que “las mujeres no quieren abortar porque sí, esa es una situación extrema, pero cuando es necesario el Estado la protege para que se haga en condiciones dignas y seguras, haciendo ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos que ampara la Constitución”.La causal saludLa talanquera verdaderamente embarazosa que encuentra la Red de Mujeres es la deliberación sobre qué se entiende como salud entre el gremio médico y lo que dictan las sentencias de la Corte Constitucional, la OMS y hasta la Relatoría de la ONU.Según las defensoras de derechos de género, “los médicos alegan que esa es la interpretación nuestra y nos muestran los listados de las enfermedades que ponen en riesgo físico a la mujer, pero no aceptan los de riesgo mental o emocional cuando la interpretación es de la Corte que determina que salud es un concepto integral”, dice una de ellas.Médicos objetores de conciencia argumentan que es un concepto muy ambiguo y que así, pueden solicitar IVE “porque antes del embarazo no me dolía la cabeza y ahora sí, entonces no deseo continuar”.La Red de Mujeres aclara que ni la Corte ni las entidades defensoras de derechos de género obligan a nadie a abortar, pero que sí es un derecho optar por la IVE si así lo deciden en especial, mujeres de población vulnerable, sin escolaridad ni nivel de vida y víctimas de abuso sexual, por asalto (violación) o por engaño (promesas, regalos o drogas en bebidas, por ejemplo), sino de amenazas, intimidaciones, desplazamiento, etc.