Exclusivo: la 'gran estafa' en la que cien vallecaucanos perdieron más de $26.500 millones

La sociedad South Commerce Group era para muchos un milagro inversionista. Cuatro años después de creada ya figuraba en la lista de las 500 empresas más exitosas del Valle y cada vez más empresarios con excedentes de capital depositaban confianza y dinero en esta firma caleña.

Pero en finanzas los milagros no existen y de la sociedad creada en 2007 por Luis Felipe Arbeláez solo quedó un pasivo de 102 víctimas, documentos que certifican que el gestor desapareció con más de $26.500 millones, deudas en bancos por $6.970 millones y un acta de la Superintendencia de Sociedades pidiéndole a la Fiscalía investigar una posible captación masiva.

Con una empresa en crecimiento y unos dividendos que sagradamente se entregaban mes a mes, era impensable que algo así pudiera ocurrir. Y menos cuando el 2012 cerró con ventas por $22.368 millones y en 2013 tuvo ingresos operacionales por $22.402 millones representados, según registros mercantiles, en exportación de café a Estados Unidos e importaciones de leche en polvo de Perú y Bolivia, así como de azúcar, que llegaba procedente de Guatemala y Brasil.

Pero otra realidad asomó en septiembre del 2013, cuando algunos inversionistas llegaron a la sede de la Carrera 2 Oeste # 2-41, del barrio El Peñón, para hacer efectivas sus órdenes de pago y por primera vez les pedían un plazo para recibir sus ganancias. Las obligaciones se fueron acumulando día a día y no hubo dinero ni para pagar comisiones a los ejecutivos de negocios ni el salario de los empleados.

Pero, ¿cómo desaparece de la noche a la mañana un negocio tan boyante? ¿Quiénes fueron los responsables del descalabro económico? ¿Dónde está el dinero de los inversionistas?

Dos meses después que estallara la crisis, Luis Felipe Arbeláez volvió al país por un par de días, procedente de Estados Unidos donde residía desde tiempo atrás, y el 21 de noviembre de 2013 citó una reunión en la oficina del abogado Jesús Rojas para tres cosas: dejar como gerente a Jean Carlos Zaparrata, amigo de su esposa, acabar la unidad de negocios y prorrogar las obligaciones con los bancos.

Así lo dijo un asistente a la reunión, quien explicó que la única respuesta que dio sobre el dinero de los inversionistas, fue que “tienen que esperar porque mucha plata ganaron con la empresa” y advirtió que si alguien lo demandaba, le daba la información a la Dian para que investigara si declaraban el dinero.
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“Cuando escuché eso interrumpí la charla y le dije que bajo la estructura del chantaje no se hace ningún acuerdo; ni amenazando a los inversionistas con la Dian”, dijo el abogado César Vanegas, quien representa a varios de los afectados.

A raíz de eso, los encargados de negocios se comunicaron con sus clientes para informarles que fueron despedidos y que Arbeláez Restrepo no dio razón alguna de dónde estaba el dinero, aunque sabían que había inversiones en Estados Unidos.
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Pero lo peor estaba por venir. Tras una visita a EE.UU. de los abogados de uno de los inversionistas, empresario de un ingenio azucarero, se organizó una reunión en el Club Español el 28 de diciembre del 2013, Día de los Inocentes, para informarles que en ese país solo había una bodega vacía.

Aún así, se abstuvieron de tomar acciones legales confiando en que Arbeláez les cediera un contrato con la firma brasileña Coperzucar Trading para importar un saldo de 8.833 toneladas de azúcar y recuperar algo con las ganancias de esa operación, pero él se negó al pedido.

A finales del 2014 de nuevo tuvieron razón de Arbeláez cuando en una carta explicó que la crisis se originó en que “a principios del 2012 se hizo evidente un desfalco realizado por mi exsocio (Álvaro Salcedo Saavedra), quien aprovechando su cargo como gerente y representante legal de South Commerce Group INC., la filial en Miami, realizó un manejo indebido de fondos”.

Explicación que no cree uno de los inversionistas, quien le aseguró a este diario bajo reserva de su identidad que “lo lógico es que sí a uno le roban siete millones de dólares al menos instaure una demanda, pero no existe denuncio ni en Colombia ni en EE.UU.”.

Sin más qué esperar, el 7 de febrero de 2014 fue denunciado el caso ante la Superintendencia Financiera, que cuatro meses después ordenó la “suspensión inmediata” de las actividades de la empresa que constituyen captación y compulsó copias a la Fiscalía.

Igualmente, la Superintendencia de Sociedades, por tratarse de una sociedad comercial, ordenó la intervención a quienes conformaban la Junta Directiva de la empresa, representantes legales y revisores fiscales. A raíz de ello, Arbeláez propuso un plan de pagos que rechazaron los inversionistas, pidiendo que lo dejen trabajar en EE.UU., le retiren las denuncias y que en seis años les cancela el dinero perdido.

Pero ninguna de las acciones de Luis Felipe Arbeláez después de diciembre del 2013 demuestran interés por responderles a los inversionistas. Al contrario, sus movimientos denotan el esfuerzo por tratar de ocultar sus bienes o activos que quedaban de la compañía para evitar embargos en un eventual proceso judicial.

El 2 de diciembre de 2013, en el Consulado de Colombia en Miami, le otorgó poder a su suegro Fernando Hernández y de inmediato pasó varios bienes a familiares de su esposa.

Su propio suegro compró en $5 millones un lote en Lagunaseca que la empresa adquirió en $203 millones y uno de los dos apartamentos que tenía en Balcón de las Flores se lo vendió por $78 millones a su cuñado Juan Sebastián Hernández, aseguró uno de los investigadores.

Tratando de establecer el paradero del dinero de los inversionistas, El País revisó bases de datos con información sobre paraísos fiscales y encontró documentos de un offshore en Panamá en el que figuran Luis Felipe Arbeláez, su esposa Isabel Cristina Hernández y el abogado Pedro José Mejía.

Según la escritura firmada ante el notario 4 de Panamá, Jaime Eduardo Guillén, el pacto social de South Commerce Group Corporation como sociedad anónima fue protocolizado el 7 de abril del 2010 con la presencia de los panameños Yipsa de Burnett y Franklin Rosález como testigos.

Un día después se inscribió en el Registro Público de Panamá con un capital de US$500.000 y con Arbeláez como presidente y director; su esposa Isabel Cristina Hernández como tesorera y directora, y el abogado Pedro José Mejía como secretario y director.

El País intentó comunicarse con Arbeláez en el número reportado en Miami, pero no fue posible; y al llamar a la oficina del abogado Pedro José Mejía, su secretaría aseguró que estaba fuera del país y aunque se le explicó de qué se trataba el informe y se dejaron los números de contacto, el abogado jamás se comunicó con este diario.

También a nombre de Luis Felipe Arbeláez figura una casa en Florida que compró el 30 de agosto del 2013, cuando ya conocía la crisis de la empresa y está avaluada en US$520.000.

Y mientras South Commerce Group sigue inscrita en la Oficina de registro de Miami, las víctimas, quienes perdieron entre $20 millones y $7.500 millones, esperan razón de su dinero.

El 14 de diciembre del 2016, la Superintendencia de Sociedades ordenó la apertura de proceso liquidatorio de South Commerce Group y las personas que hacían parte de la Junta Directiva y el pasado 8 de febrero la agente liquidadora , Omaira Grijalba, presentó un proyecto para adjudicar bienes

Seguros de que la empresa podía salir adelante y continuar operando más allá de Luis Felipe Arbeláez, los mismos encargados de negocios realizaron créditos de libranza entre septiembre y noviembre del 2013 para importar una leche en polvo desde Bolivia y que ya estaba vendida a la empresa Indulácteos de Bucaramanga.

Pero faltaba más en esta cadena de desilusiones para empleados e inversionistas. Resultó que la leche llegó a Buenaventura y en el traslado hacia Cali se desapareció la tractomula con los 1.222 sacos de leche entera.

Como la importación estaba respaldada con una póliza de Seguros Bolívar a nombre de South Commerce Group, fue el representante legal de la empresa el que cobró la póliza y la aseguradora le pagó la indemnización por $193 millones y se perdió también la inversión de los empleados.

No obstante, varios de los empleados encargados de atraer a los inversionistas fueron demandados por quienes perdieron su dinero por presuntamente hacer parte de un fraude, mientras varios de ellos aseguraron que también fueron víctimas de Luis Felipe Arbeláez.

“Cuando ofrecíamos un producto determinado o commodities de leche o café, sabíamos que la empresa estaba facturando y que figuraba entre las principales del Valle; no nos íbamos a tumbar nosotros mismos ni a nuestros familiares y amigos que llevamos a invertir”, aseguró Eric Paz Domini.

Por su parte Beatriz Puentes Ramírez, quien también hacía parte del equipo de negocios, aseguró que “los empleados creíamos tanto en la empresa, que muchos invertimos nuestros ahorros; incluso, nos endeudamos con créditos en bancos porque confiábamos en la rentabilidad del negocio”.

Arbeláez en un documento enviado a quienes perdieron su capital, aseguró que los empleados, quienes tenían inversionistas de Cali, Bogotá y Medellín desfalcaron la empresa. “Tras de ladrón bufón; no solo nos robó sino que salió a echarnos la culpa, cuando la plata pasaba solo por él a través de las cuentas”, dijo otro exempleado.

Juan Esteban Vargas era el encargado de la Unidad de Negocios y recordó que llegó a la empresa porque conoció en la universidad a la esposa de Arbeláez, Isabel Cristina Hernández, y lo invitó como inversionista. “Ella sabía que yo manejaba las inversiones de mi familia y la de mi esposa y empezamos como inversionistas y luego me retiré de otra empresa para ir a trabajar allá y terminé enemistado con varios de mis familiares”.

Juan Fernando Cuervo Ayalde hacía parte de la misma unidad e indicó que “vinculé a un socio de mi familia en Bogotá y perdió $1500 millones... Nosotros quedamos muertos laboralmente y nos tocará empezar de cero lejos del sector financiero”.

Todos los empleados de la unidad de negocios de South Commerce Group figuran actualmente reportados en Datacrédito por créditos millonarios de libranza que sacaron a su nombre y que no los canceló la empresa.

Además de los activos de la empresa se intervino a Luis Felipe Arbeláez, como dueño de la empresa; su esposa Isabel Cristina Hernández; María Melva Restrepo, tía de Arbeláez; Miguel José Martínez, un amigo de su familia; José Ignacio Bohórquez, quien era el representante en Cali; Julián Buenaventura Cobo; y un hermano del dueño de la empresa.

Días después se vinculó a su exsocio en los Estados Unidos, Álvaro Salcedo Saavedra y a la madre de éste, Aiza Saavedra de Salcedo al proceso que adelantaba la Superintendencia de Sociedades.

En total, se han embargado un lote en Yumbo, dos fincas en Filandia (Quindío), un apartamento y dos garajes en el edificio Las Palmas, en
Cali, y una camioneta KIA. Esos bienes suman cerca de $1.900 millones.