Exclusivo: el lío por indemnizaciones millonarias a exfuncionaria

Exclusivo: el lío por indemnizaciones millonarias a exfuncionaria

Marzo 19, 2017 - 07:40 a.m. Por:
Unidad Investigativa 
Alcaldía de Cali

En primera instancia, la Sección Cuarta del Consejo de Estado dejó sin efecto el fallo del Tribunal Administrativo del Valle que ordenaba un segundo pago millonario en favor de Claudia Sandoval.

Fotos: especial para El País

En una tormenta legal, muy onerosa para el Municipio, se ha convertido la demanda instaurada por la exasesora jurídica Claudia Sandoval por un retiro injustificado en el 2001, pese a que ocupaba un cargo de libre nombramiento y remoción.

Aunque el Municipio ya le pagó más de $2628 millones en el 2012, ahora el Tribunal Contencioso del Valle libró mandamiento de pago por cerca de $1000 millones más. Además. Sandoval tiene pendiente otra demanda contra las Empresas Municipales, con la que busca también el reintegro a otro cargo y un pago millonario por los salarios dejados de percibir.

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Todo surge porque en enero del 2001 fue declarada insubsistente por el alcalde John Maro Rodríguez, que llegaba con su equipo de trabajo y quien la remplazó en ese cargo, de libre nombramiento y remoción, fue una persona que tenía solo un año y un mes de graduado de la universidad y por ley debía tener cuatro años de experiencia.

“Si hubieran puesto a una persona con cuatro años de experiencia en el cargo no había pasado nada y yo no hubiera demandado. Por eso el Consejo de Estado dice que hubo desviación de poder”, explicó Claudia Sandoval.

La demanda surtió su primera instancia ante el Tribunal Contencioso Administrativo del Valle y en su ponencia el magistrado Óscar Valero negó en mayo del 2009 las pretensiones de Claudia Sandoval. Ella apeló ante el Consejo de Estado, que en febrero del 2012 ordenó su reintegro al cargo que ocupó una década atrás y el pago de todos los salarios dejados de percibir esos años.

Le correspondió a la administración de Rodrigo Guerrero acoger la orden del Consejo de Estado y le pagó a Claudia Sandoval $2011 millones por salarios y, meses más tarde, $617 millones por intereses moratorios. Igualmente, creó un acto administrativo vinculándola como asesora, de acuerdo a la nueva estructura del Municipio, que había sufrido una reforma administrativa.

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No quedó conforme

Sin embargo, Claudia Sandoval recibió el dinero que ordenó el Consejo de Estado, pero según documentos de la Alcaldía Municipal, no aceptó el cargo de asesora que se le asignó.

“El cargo tenía la misma denominación y el mismo nivel, pero no tenía el mismo salario que ganaba yo en el 2001... Cuando yo estaba de asesora tenía el mismo salario del director jurídico. Sin embargo, proyectaron un decreto incorporándome como directora jurídica en el gobierno de Rodrigo Guerrero y cuando llegó a la Dirección Jurídica de Javier Pachón, no le dieron traslado”, aseguró la exfuncionaria.

Sandoval le solicitó al Municipio el 4 de octubre del 2012 modificar el decreto de nombramiento y que el reintegro se hiciera en un empleo que tuviera un salario igual al de un secretario de despacho y que en el acto administrativo de reintegro “se incluya el 50% de sobreremuneración que corresponde a la prima técnica que devengaba” en enero del 2001.

Dos años después, en el 2014, Claudia Sandoval presentó una demanda ejecutiva contra el Municipio alegando que no se ha cumplido con la sentencia del Consejo de Estado. Esta le fue negada por el Juez 15 Administrativo de Cali con el argumento de que el Municipio cumplió, pese a que la exfuncionaria no aceptó el reintegro.

Esa decisión fue apelada por la exasesora y el 8 de agosto del 2016 el Tribunal Administrativo del Valle, de nuevo con Óscar Valero como ponente, le dio la razón al señalar que no se había cumplido la sentencia y le ordena al Municipio un mandamiento de pago por los salarios dejados de recibir entre el 2012 (cuando hizo el pago Guerrero) hasta la fecha y que sea reintegrada al cargo con mayor nivel salarial.

El 21 de noviembre del 2016 es el Municipio el que acude a una acción de tutela ante el Consejo de Estado invocando “el derecho fundamental al debido proceso y el principio de seguridad jurídica” y pidió suspender los efectos de la sentencia del Tribunal Administrativo del Valle.

Los magistrados de la alta corte avalaron algunas tesis del Municipio como que por el interés de la señora en obtener a partir del 2012 salarios, prestaciones e indemnizaciones, al tiempo que demandaba a Emcali exigiendo lo mismo en un periodo coincidente, “deja entrever su desbordado interés en lucrarse a través de acciones judiciales del patrimonio estatal” porque nadie puede recibir más de una asignación del tesoro público.

Al respecto, Sandoval indicó que no es cierto que pretenda un doble salario porque el pago que ordenó en el 2012 el Consejo de Estado fue una indemnización. “Yo no pretendo que me reintegren como secretaria de despacho o como directora jurídica porque las leyes no las he inventado yo; lo único que me interesa es que me materialicen un derecho reconocido judicialmente y por el cual tanto he luchado”.

“Lo que pasa es que han mezclado la demanda contra el Municipio y la demanda contra Emcali para hacerme parecer que yo soy la que quiero lucrarme de las demandas contra el Estado; ni más faltaba. Cuando a mí me retiran de Emcali sucede exactamente lo mismo y en mi criterio la persona que me remplazó no cumplía con los requisitos para el empleo”, dijo Sandoval.

Fallo adverso

Ante la tutela del Municipio, la Sección Cuarta del Consejo de Estado anuló esta semana en primera instancia lo ordenado por el Tribunal Administrativo del Valle e indicó que el Municipio cumplió con lo que dictó el mismo Consejo de Estado en el 2012 al pagar y nombrar a Sandoval como asesora.

Dice el Consejo de Estado que el Tribunal Administrativo del Valle incurrió en un defecto sustantivo; es decir, no ajustó el caso a la norma que correspondía y violó el derecho que invocó la Administración Municipal.

Por tal razón, deja en primera instancia sin efectos jurídicos lo dicho por el Tribunal Administrativo del Valle y le concede 30 días para emitir un nuevo fallo teniendo en cuenta las consideraciones expresadas por el tribunal.

El País consultó al magistrado ponente, Óscar Valero, quien aseguró que un juez no puede decir que se cumplió una sentencia cuando se ordenó el reintegro de una persona a un cargo de inferior salario.

“La norma dice que los cargos son equivalentes cuando tienen funciones similares, cumplen requisitos y competencias laborales iguales y cuando tienen una asignación básica igual o superior”, señaló Valero e indicó que acata la decisión y cambiará su fallo, pero que apelará la decisión de sus superiores naturales.

A raíz de la decisión del Tribunal Administrativo y de Valero de ordenarle al Municipio seguir adelante con el mandamiento de pago a la exasesora del despacho, diversos sectores han cuestionado la cercanía de varios de los implicados en este proceso.

No solo porque el magistrado Valero estuvo junto a Claudia Sandoval en el gobierno del exalcalde Ricardo Cobo, sino porque la secretaria jurídica del Municipio, María Ximena Román, quien habría proyectado el pago a la exasesora cuando estuvo en Desarrollo Administrativo, también fue compañera de Claudia Sandoval en Emcali.

“Para que no me vengan con susceptibilidades y pongan en juicio mi ética, quiero decir que conozco a Claudia Sandoval porque uno aquí conoce a todos los abogados; porque he sido profesor y director jurídico del Municipio. Yo fui quien le negó en primera instancia la demanda que le falló luego a favor el Consejo de Estado en el 2012 y sigo creyendo que ella no tenía razón, pero ante la decisión del superior lo único que uno puede hacer es cumplir la sentencia”, dijo Valero.

Agregó que “cuando a ella la sacaron de Emcali, promovió una demanda por lo mismo, a quién le tocó el caso fue al doctor Franklin Pérez, el presidente del Tribunal, y había una ponencia favorable a la señora Sandoval y yo me opuse y salvé mi voto”.

También ven con suspicacia exfuncionarios de la administración Guerrero la supuesta cercanía entre Claudia Sandoval, demandante del Municipio, y María Ximena Román, defensora del Municipio; además porque Román también formó parte del despacho del magistrado Valero.

“Es extraño que el Municipio tenía en su defensa a la exmagistrada Bertha Lucía Ramírez, que ganó en primera instancia el proceso ejecutivo, y fue retirada en la segunda instancia y María Ximena Román la remplazó por Mauricio Libreros y se perdió la segunda instancia”, dijo uno de los abogados del Municipio, cuestionando el retiro de la exmagistrada en la parte final del proceso.

Coincidencialmente, Libreros también laboró en el despacho del magistrado Valero, quien aseguró al respecto que “María Ximena Román si fue subalterna mía y es una excelente profesional que no tiene nada qué ver con este tema. Creo que solo cuando estaba en Recursos Humanos de la Alcaldía le tocó dar unas certificaciones sobre la función de Sandoval, pero no más”.

Sobre el abogado Mauricio Libreros, Valero reconoció que también trabajó como auxiliar en su despacho, “pero eso no lo inhabilita ni a él ni a mí para desempeñar la labor de representar al Municipio. Cuando él intervino en este proceso ejecutivo fue en segunda instancia y él asiste solo a la audiencia en donde se va a dictar sentencia”.

Más allá de la suspicacia que le quieren meter a este tema, dijo Valero, no existió una razón para tener que declararse impedido. “Al contrario, si me llego a declarar impedido sin razón, me abren un disciplinario a mí por quitarme de encima un proceso”.

Las partes están a la espera de la segunda instancia en el mismo Consejo de Estado. De fallarse a favor de Claudia Sandoval y ordenar su reintegro a los cargos, no es claro cómo asumiría al mismo tiempo en la Alcaldía y Emcali.

Derecho de petición

En un intento por entorpecer la publicación de este informe y censurar a la prensa, Claudia Sandoval hizo llegar a El País este derecho de petición el viernes a las 10: 22 p.m.

“Por razones de seguridad personal, de mis hijas y mi familia que su totalidad reside en Santiago de Cali, haciendo uso del derecho fundamental de petición, solicito que de manera INMEDIATA se tenga en cuenta por parte de su Unidad Investigativa, su equipo de edición y publicación que: NO AUTORIZO al Diario El País que se publique mi nombre, datos personales y mucho menos cifras que de pleno derecho recibí por parte del Municipio de Cali con ocasión a la Sentencia emitida en febrero del 2012 expedida por el H. Consejo de Estado. Más aún cuando esta recomendación la realicé vía telefónica al señor Hugo Mario Cárdenas de la Unidad Investigativa, a quien llamé el día de hoy a las 2:30 PM a su celular No. XXXXX.

Recomiendo que de ninguna manera se vaya a tergiversar la información toda vez que a dicho investigador se le explicaron pormenores del caso e incluso se le manifestó que tenía a su disposición pruebas documentales que tengo en mi poder de las cuales se evidencia el incumplimiento de la sentencia del Consejo de Estado por parte de la Alcaldía de Cali y de las razones en que argumento dicho incumplimiento basadas en folios y certificaciones emitidas por el mismo ente territorial.

Tengo profundo respeto por el ejercicio del periodismo investigativo, más aún cuando fui asesora legal del medio tan respetable como es el periódico El País, específicamente en la Unidad Investigativa, razón por la cual solicito se me garantice los derechos fundamentales a mi buen nombre, a la reserva de la información que hace parte de mi patrimonio que se pueden ver vulnerados con la información que presuntamente pueda publicarse el próximo domingo en el ejemplar de El País y que podría afectar mi derecho fundamental a la integridad, tranquilidad y seguridad personal y de mi familia, puesto que ya fui víctima de extorsión y amenazas a través de llamadas en razón a que se publicó una columna en el diario El País en el año 2013 en donde se comunicó el monto percibido por la indemnización originaria con mi despido ilegal e injusto del Municipio de Cali que nuevamente se quiere traer a colación, no se bajo qué intereses de personas extrañas al diario El País.

Quiero dejar en claro la responsabilidad de lo que ocurra con la suscrita y mi familia en el evento en que se publiquen cifras canceladas producto de la indemnización laboral con ocasión al despido ilegal y arbitrario que en año 2001 realizó el municipio de Cali y que ordenó el Consejo de Estado”.

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