Escombros son una nueva amenaza para el río Cauca

Depósitos ilegales de residuos atentan contra la principal fuente hídrica de Cali. El Dagma dice que está a punto de comprar el lote para la estación de aprovechamiento de estos.

Hace un tiempo, el problema de los escombros en Cali era solo eso, un tema de escombros. Hoy es un tema ambiental y de salubridad, pero que pasa por lo delictivo. Es un asunto de vida o muerte que enfrenta a quienes botan los residuos en las orillas del río Cauca y a quienes tratan de impedir esta acción ilegal. Así lo verificó El País durante un recorrido sobre el jarillón que separa el río Cauca de la ciudad. Entre los distintos asentamientos subnormales que hay sobre ese talud de tierra hay callejones por donde entran los carretilleros a plena luz del día a descargar los residuos de demoliciones que atentan contra el cauce de la principal fuente hídrica de Cali.Miembros de la comunidad sostienen que a diario ven como llegan las volquetas y carretillas con los restos de ladrillo, cemento, arena, piedra, esterilla, baldosa y otros materiales de construcción. Pero cuando les reclaman que no echen esos desechos en las márgenes del río, algunos volqueteros y/o carretilleros los amenazan hasta de muerte. Un líder del Consejo Comunitario de La Playita Renaciente, barrio de Juanchito, ya ha puesto tres demandas ante la Fiscalía de Cali por amenazas contra su vida. “Son dos personas que vienen siempre de Puerto Mallarino a botar escombros aquí. Les decimos que no lo hagan y solo me responden: ‘te vamos a matar’”, dice este líder comunal mientras las señoras del vecindario asienten con la cabeza.Igual sucede en Puerto Nuevo, un barrio que ocupa la berma de protección entre el río y el barrio Alfonso López. Un hombre reitera que “no avisamos a la Policía para no meternos en problemas” y señala un lote lleno de escombros. Hasta hace tres meses hubo tres casas allí, pero los dueños se fueron ante las amenazas de Los Urabeños que vivían en el sector, quienes las demolieron. Al frente de los barrios Alfonso López, Floralia y Petecuy, en varios callejones que conectan a los habitantes de lo alto del jarillón con el río se repite la escena: está tapizado de escombros y al llegar a la orilla aparece la escombrera, como el moño feo y sucio en ese paisaje de miseria y basura maloliente.Allí la causa es otra. Los mismos habitantes permiten el paso de las volquetas y carretillas que van a botar escombros, pero cobran peaje por dejar pasar a los infractores. Un anciano reconoce que él le da permiso “a esa pobre gente que se rebusca para el pan diario”.O sencillamente, los propios carretilleros viven allí. El País encontró una escombrera a la orilla del río, donde la berma del jarillón es pesebrera de los equinos y sitio de vivienda de cinco personas de una misma familia, cuya subsistencia depende de ese oficio. De ahí que la mesa interinstitucional creada para controlar este delito ambiental ha acordado enfocar las acciones hacia los generadores de los desechos y no solo sobre los que los transportan. Firmas constructoras, microempresas y personas naturales que están remodelando, serían los principales causantes de esta disposición ilegal y clandestina de escombros sobre las márgenes del río.El ingeniero Didier Orlando Ospina, director territorial de la Dirección Ambiental de la CVC, entidad que lidera esta mesa, dice que ante la carencia de un sitio para botar escombros en Cali, el único lugar autorizado para ese fin está en Candelaria. “No es que exista allá una escombrera propiamente dicha, pero sí hay unos espacios que dejaron las explotaciones de arcilla y otros minerales, autorizados para disposición de escombros, donde sirven como relleno”.Pero paradójicamente, la comunidad dice que de Candelaria, específicamente de una ciudadela, llegan las volquetas con escombros a tirarlos a la orilla del río Cauca. Sin embargo, la autoridad ambiental afirma que los desechos pueden venir de Palmira y/o Candelaria, pero que la gran mayoría se genera en Cali.Para contrarrestar el delito, la Policía ha organizado un puesto de control a la entrada del puente de Juanchito. Pero habría que hacer lo mismo en el Paso del Comercio, en Piles, corregimiento de Palmira, y en Yumbo.La CVC, en conjunto con la Policía Ambiental, realiza patrullajes por agua y ha alcanzado a detectar volquetas cometiendo la infracción tipificada por la ley ambiental. Pero mientras detienen la lancha y saltan a tierra firme, los infractores escapan hacia Cali. En otras ocasiones, han sido atacados a piedra desde el jarillón.Guillermo Arango, jefe de Medio Ambiente de la Alcaldía de Palmira, dijo que Cali debería tener su escombrera y denuncia que la carencia de ella y el poco control que se ha ejercido desde la capital los están perjudicando, porque es desde esta ciudad donde están llegando los escombros a la Villa de las Palmas.El funcionario explicó que Palmira tiene su sitio autorizado de recuperación geomorfológica con los permisos de la autoridad ambiental en Coronado, un predio particular donde antes se producía ladrillo. “Llegamos a un acuerdo en el que el particular nos permite depositar material limpio y seleccionado, le recuperamos técnicamente el predio y lo devolvemos al dueño”, explicó Arango.El funcionario añadió que Candelaria también tiene unos sitios certificados y permite el ingreso de escombros de Cali porque así lo ha establecido, “pero en Palmira no vamos a permitir que nos lleguen más escombros de allá”.Coronado es un barrio periférico situado a 15 minutos de Palmira, donde se pueden botar escombros en forma gratuita. “Pero como hay gente que carece de cultura ciudadana y bota sus escombros en las esquinas o en lotes baldíos, hacemos operativos de limpieza y los llevamos a Coronado, así que en Palmira ya tenemos controlado el asunto”, dijo Arango. La preocupación de la Administración de Palmira es que como Cali no tiene escombrera, el río Cauca a su paso por la jurisdicción de la ciudad, en el sector de Piles, se ha vuelto el botadero no solo de escombros sino de basura. “Vamos a realizar todos los controles necesarios para evitar que pasen las volquetas cargadas de escombros y de basura de Cali para Palmira”, puntualizó el funcionario.Ante este panorama, la directora del Dagma, Martha Landazábal, admite que Cali no tiene una escombrera autorizada, pero confirmó a El País que esta dependencia está próxima a adquirir un lote de dos hectáreas donde operará la estación de aprovechamiento de escombros o Parque Ambiental y Tecnológico de Residuos Sólidos.“El Dagma ya gestionó los recursos para comprar el lote para construir un centro de aprovechamiento de escombros y la CVC nos aprobó $5000 millones de la sobretasa ambiental para un predio que se vio inicialmente. Sin embargo, como el avalúo de un nuevo predio –que tiene una alta opción de compra– es menor, vamos a solicitar un cambio de destinación de recursos, es decir, una autorización del consejo directivo de la CVC para utilizar el excedente con el fin de construir esta planta que está presupuestada en $3600 millones”, explicó la funcionaria.Recurso que espera tramitar pronto y como el predio ya cuenta con los conceptos técnico, ambiental y de uso del suelo, y hasta los diseños de la planta, la meta es empezar a construir este mismo año, apenas se concrete la adquisición del predio y abrir una licitación para que un privado empiece a operarla en 2015. La idea no es acumular escombros sino construir la planta de aprovechamiento de escombros, donde se van a procesar los 2500 metros cúbicos diarios de desechos de construcción que produce Cali, como materia prima de productos para ser comercializados luego. Mientras tanto, las acciones que se van a tomar son incrementar los operativos con los puestos de control en las salidas de Cali y Candelaria, y sobre las márgenes del río Cauca. “Vamos a eliminar los permisos provisionales que se dieron para reforzar diques sobre el río Cauca durante la ola invernal, pues eso se utilizó de mala forma y generó un impacto ambiental, así que los únicos permisos vigentes son los de Candelaria, con Emsirvac, Ladecol y Progea”.Dagma-Policía ambientalEl Dagma realiza las campañas de educación ambiental con la comunidad para explicarle qué acciones son infracción y objeto de comparendo. También ha realizado la capacitación de 2118 agentes de policía y 300 agentes de tránsito, que son quienes están facultados para aplicar el comparendo ambiental, y la de los infractores. En 2013 la Policía Ambiental impartió 4934 comparendos ambientales y en lo que va corrido de 2014 lleva 400, de los cuales ha capacitado a 1364. Los funcionarios del Dagma y la Policía hacen seguimiento a las volquetas para evitar que boten los escombros junto al río o en otros sectores. El intendente Policarpo Leal, de Policía Ambiental Valle del Cauca, reportó que entre mayo y junio se hicieron tres operativos en el sector de Piles, donde hay una medida preventiva de la CVC porque hay escombros a lo largo de tres kms de la orilla del río Cauca. “Hicimos capacitación con la comunidad sobre la Ley 1453 de delitos ambientales para que no lo permitan, porque ellos creen que eso les da protección en el invierno, pero no es así porque eso no tiene buena estabilidad y al contrario, está impactando el río”, dijo el agente.