En septiembre, el Municipio asumirá el recaudo de impuestos de los caleños

Agosto 15, 2012 - 12:00 a.m. Por:
Redacción de El País

Así lo anunció la Secretaría de Hacienda de Cali al indicar que se están realizando los ajustes necesarios para que en aproximadamente un mes la Alcaldía retome la gestión tributaria.

Después del 20 de septiembre, el Municipio podría retomar la gestión tributaria y el cobro de los impuestos locales, según los tiempos que establece la ley para hacer efectiva la terminación unilateral del contrato entre la Alcaldía de Cali y la Unión Temporal Sicali. Según la Dirección de Hacienda local, cumpliendo todos los tiempos para la notificación, publicación de avisos y el trámite del recurso de reposición al que tiene derecho Sicali, el 20 de septiembre sería la fecha estimada para que el Municipio retome la gestión tributaria.Cabe anotar que el lunes anterior, la Alcaldía de Cali acabó de manera unilateral el contrato con esta unión temporal argumentando que su objeto contractual es ilícito, debido a que va en contravía de lo dispuesto en la Ley 1386 de 2010, que prohibe la tercerización del cobro de los impuestos. Como se recordará, el 11 de febrero del 2005 la Alcaldía de Cali (cuyo mandatario era Apolinar Salcedo) y la Unión Temporal Sicali firmaron un contrato para que este último adelantara la modernización y optimización de la gestión tributaria, el fortalecimiento de las finanzas y el saneamiento fiscal del Municipio. La suscripción de dicho contrato le significó la destitución del cargo a Apolinar Salcedo. “En este mes que se necesita mientras el acto administrativo queda en firme, la Administración planea hacer una socialización de la decisión tomada por este gobierno con los concejales, los representantes de los gremios, las constructoras, los notarios, las inmobiliarias y la academia”, explicó Cristina Arango Olaya, directora de Hacienda de Cali.Plan de contingenciaEl Municipio ya tiene listas las nuevas sedes donde operarán los centros de atención al contribuyente, las cuales estarán ubicadas en las oficinas de Metrocali (antigua estación del Ferrocarril, junto al Terminal de Transporte) y en la oficina de atención de megaobras (frente a la Plaza de Toros, donde funcionó el Blockbuster).Igualmente, se brindará atención al público en el primer piso del CAM, donde actualmente atienden los empleados de Sicali, una vez este contratista haga entrega formal de la sede. “Y a través de la línea de atención 195 se brindará información al contribuyente caleño”, informó la Directora de Hacienda local. Por su parte, Jaime Camacho, gerente de Sicali, manifestó que aún la entidad no se ha notificado del acto administrativo que da por terminado el contrato por parte de la Alcaldía, debido a que el representante legal de la unión temporal se encuentra fuera de la ciudad. El directivo aseguró que “aunque Sicali no está de acuerdo con la forma como se terminó el contrato, sí están dispuestos a acatar la decisión de la Administración”. “Nosotros estamos dispuestos a discutir un plan de entrega de la documentación y las instalaciones físicas que tiene Sicali y que son propiedad del Municipio, dentro del proceso de liquidación del contrato. La intención no es entorpecer la gestión tributaria de la ciudad”, señaló Camacho.Sin embargo, agregó el Gerente de Sicali, los socios de la entidad estudiarán el valor que le pedirán a la Alcaldía como indemnización por la terminación anticipada del contrato, el cual estaba vigente hasta el 2020.El presidente de la Cámara de Comercio de Cali, Roberto Arango, respaldó la decisión tomada por el gobierno del alcalde Rodrigo Guerrero de terminar el contrato con Sicali. “Ese tipo de contrato es ilegal y además le ha significado un gran detrimento patrimonial a la ciudad. Sólo los contratistas obtuvieron beneficios”, resaltó el dirigente gremial.Nicolás Orejuela, director ejecutivo de la Unidad de Acción Vallecaucana, dijo que “esta fue una decisión valiente de un gobierno que no prefirió tomar la posición cómoda de esperar el fallo de segunda instancia del Consejo de Estado”. “Es claro que ese contrato es ilegal porque la Procuraduría lo cuestionó desde la etapa del proceso licitatorio y cuya firma dio como resultado la destitución del alcalde de ese entonces. La función de la gestión tributaria nunca debió quedar en manos terceros”, enfatizó Orejuela.

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