En Cali, los contratos de obras civiles tienen sus ‘dueños’

Noviembre 28, 2010 - 12:00 a.m. Por:
Ricardo Pérez Vargas y Fabio Posada Rivera | El País

El País revela cuales son las personas y los consorcios que concentran los contratos de obra civil en la región. Polémica por Código de Autorregulación. En el Valle ocurre lo mismo.

Un incesante rumor recorrió los pasillos del hotel Hilton de Cartagena la semana pasada, durante el Congreso Nacional de la Cámara Colombiana de la Infraestructura, CCI. “En Cali y el Valle no hay condiciones para competir por los contratos importantes de obra civil pues existe una rosca de ‘aparecidos’ que se está quedando con todo”.Vea el top 10 de los mayores contratistas de Cali y el Valle Durante los tres días que duró el certamen nadie quiso adjudicarse el comentario, pero el descontento del gremio era palpable, según pudo notar en varias conversaciones la enviada especial de este diario al certamen.En el ámbito del encuentro, Construcciones Civiles S.A., Conciviles, una de las más tradicionales compañías de construcción, que tuvo sus orígenes en el Valle, recibió un reconocimiento especial del presidente Juan Manuel Santos, con motivo de sus 60 años.Este aniversario coincide con otro rumor que señala como próximo el cierre de sus oficinas en Cali. “Esa decisión, en parte, tiene que ver con las cada vez más difíciles oportunidades para conseguir contratos en la región”, dijo una fuente de la CCI que pidió omitir su nombre.Luis Alberto González, gerente de Conciviles, desmintió esta versión y aseguro que “estamos trasladando algunos puestos hacia Bogotá porque se necesita que estén cerca de entidades del Gobierno para procesos y trámites, pero la oficina sigue en la ciudad”. De todas formas, el descontento por lo que ocurre en la región es difícil de ocultar.La sensación de que es poca la transparencia en los procesos de contratación estatal para obras civiles se afinca en otro hecho cuestionado: una misma persona, Rodrigo Cerón y Cerón, fue contratada tanto por la Alcaldía de Cali como por la Gobernación del Valle, y ahora por Acuavalle, para prestar “asesoría técnica, económica, financiera y jurídica en la estructuración del modelo a seguir” para las 21 Megaobras, las Vigencia Futuras y el cuestionado contrato por $165.000 millones de Acuavalle para ejecutar obras en el departamento. En todos los casos Cerón se obtuvo una jugosa prima de éxito.Incluso algunas versiones sin confirmar señalan que Cerón tendría un conflicto de intereses pues habría obrado como asesor de Conalvías, una de las empresas que ganó contratos en las Megaobras y en las Vigencias Futuras. El implicado negó rotundamente que esto fuera cierto (ver nota anexa).La desconfianza por lo que está pasando en el sector, no sólo en la región sino en todo Colombia, ha llegado a tal extremo que durante el Congreso Nacional en Cartagena, la CCI reveló su propuesta para crear una herramienta de lucha contra la corrupción, dirigida al Alto Gobierno, y que bautizó Código de Autorregulación.Se trata de un manual que “recoge los principios que orientan nuestra actuación y su misión es consolidar la sana y leal competencia en los procesos de contratación en los que participen afiliados”, explicó María Claudia Álvarez, la directora de ese gremio en el Valle del Cauca.Cuatro veces másEl País investigó cómo se manejaron los recursos destinados a obras civiles por parte de la Alcaldía de Cali y la Administración Departamental, para lo cual se estableció un ranking con las empresas o personas que acapararon los mayores montos.Esta indagación sólo tuvo en cuenta los presupuestos ejecutados por los mismos entes territoriales a través de las secretarías de Infraestructura durante los últimos tres años.Esos contratos corresponden en su mayor parte a obras de mantenimiento de vías principales y secundarias, construcción de puentes y andenes, así como mobiliario urbano y arreglos en los distintos corregimientos. Vea la relación de contratos entre 2008 y 2010La información de la cual provienen los datos fue solicitada por El País mediante derechos de petición a ambas administraciones, quienes respondieron en el término que estipula la ley.Lo primero que llama la atención al escudriñar dichos presupuestos es que, contrario a lo que mucha gente cree, Cali gastó más recursos propios que el Valle, aunque en este último la concentración de la contratación alcanza el 82% entre las diez empresas del listado, lo que para Cali tan sólo llega al 62%.En ‘plata blanca’ el Municipio ha gastado durante los tres años que lleva Jorge Iván Ospina como alcalde un total de $95.009 millones, mientras que el Departamento sólo gastó en el mismo lapso un total de $21.301 millones.Como se puede apreciar el Municipio contrató casi cuatro veces más obras civiles que el Departamento con sus recursos propios.Esa diferencia es igual si comparamos los recursos adjudicados al mayor contratista de Cali, el ingeniero José Fernando Castro Spadaffora, que consiguió contratos por $17.021 millones, con el mayor contratista del Valle, Álvaro Hernán Hormaza Sarria, quien sólo logró contratos por $4.596 millones.Al cruzar los listados sólo dos contratistas aparecen con obras adjudicadas por cada ente territorial: Álvaro Hernán Hormaza Sarria y Jairo Martín Vargas Díaz. El primero no sólo tiene el 22% de las obras del Valle, sino que ocupa el segundo puesto en el ranking de Cali, donde logró el 8% de las obras, lo que representa contratos por un valor total de $7.683 millones.Por su lado Vargas Díaz tiene el 4% de la contratación de obra civil en el Departamento y tan sólo el 2% en Cali, aunque en dinero eso significa $2.285 millones contratados con el Municipio y apenas $923 millones con el Valle.Si bien Fabián García Ríos, el tercer contratista con más obras del Municipio, no tiene contratos con la Gobernación, Acuavalle, entidad descentralizada del orden departamental sí le adjudicó tres contratos a tres consorcios en los que tiene alta participación.Aunque la concentración de la contratación de obra civil de la región en unas pocas manos no configura un delito, ni siquiera una falta administrativa, sí es una señal de alarma pues, como lo advierte la CCI, “detrás de esa aparente legalidad de los procesos de contratación podría estar pasando lo mismo que en Bogotá: carrusel y tráfico de influencias, entre otros.Hablan los beneficiadosEl País buscó a los contratistas que aparecen en los listados para conocer sus opiniones. Buena parte de ellos se encontraba en Cartagena en el Congreso de Infraestructura y otros hablaron, pero pidieron no ser identificados dentro del informe.Sin embargo, José Fernando Castro Spadaffora, el contratista que ocupa el primer lugar en el Municipio, concedió una entrevista telefónica en la cual consignó sus apreciaciones. “Llevo más de 23 años contratando con el Estado, en algunas ocasiones lo hago como persona natural, pero en la mayoría de las veces conformamos consorcios con otros colegas como Juan Bedoya y Jaime Puerta, reconocidos ingenieros de esta región, pues las exigencias de las licitaciones no es fácil cumplirlas solo”, fue lo primero que aclaró Castro Spadaffora.Este ingeniero manifestó, con respecto a los $17.021 millones que contrató durante los últimos tres años con la Secretaría de Infraestructura de Cali, que como gran parte de esa contratación la logró a través de consorcios, “sólo tengo el 33% de lo que allí dice y aunque no pertenezco a la Cámara Colombiana de la Infraestructura, las obras son mi mejor carta de presentación, fíjese en la Avenida Pasoancho, esa fue la última vía a la que le hicimos mantenimiento y no se imagina la cantidad de felicitaciones que hemos recibido por ese trabajo”.Castro Spadaffora dijo que le parece “discriminatoria e inconstitucional” la iniciativa de la CCI sobre tener un Código de Autorregulación si éste va a “funcionar como requisito o aval para que los particulares sigan contratando con el Estado”.Otro constructor que aparece en uno de los listados, pero que no quiso ser identificado pues “sería como casar una pelea que no me interesa”, señaló que “acá quieren generar un ruido donde no lo hay. El último informe de la Contraloría de Cali sobre obra civil no tiene un solo hallazgo ni penal, ni fiscal, ni disciplinario, entonces ¿dónde está la corrupción?”.Vea el informe de auditoría gubernamental con enfoque a la contratación de obraÁlvaro Hernán Hormaza Sarria le dijo a El País que “nunca me verán metido en un consorcio, sólo participo con mi nombre, los que usan consorcios se quieren camuflar pues si revisan la capacidad de sus empresas, podrían presentarse solos”.Este contratista que lleva más de 35 años dedicado al movimiento de tierra y la construcción de vías, aseguró que “sí existe una rosca y no es fácil ganar contratos pero lo que pasa es que las exigencias son altas y por lo general son los mismos los que se presentan”. Por su parte, Luis Alberto González, gerente de Conciviles, dice que “en los procesos en los cuales nosotros participamos, considero que han sido claros y ajustados a las normas, lo que pasa es que ahora sólo construimos la Troncal de Aguablanca y no entramos en las vigencias futuras del Valle”.La controversia esta servida. La propuesta de autorregulación lanzada por el gremio de los constructores de infraestructura responde a serios problemas de corrupción que se han detectado por todo el territorio nacional. Pese a ello hay contratistas que no tienen asiento en el gremio, pero si una importante y respetable tradición en el sector.Lo que menos les conviene a quienes construyen las vías y las grandes obras de la región es que se desate una ‘cacería de brujas’ que podría afectar un proyecto vital como las megaobras. Un concejal, que por lo caliente del tema tampoco quiso ser identificado, advirtió: “Se puede generar una gran desconfianza en los contribuyentes y que dejen de pagar la valorización”.Dato claveConstructores de obra civil que salen en los listados elaborados por El País aclararon que la mayor parte de los contratos los consiguen a través de consorcios, por lo cual sus ingresos no son del tamaño que allí se dice.Una de las empresas con las que trabaja el ingeniero Rodrigo Cerón es la banca de inversión Bonus, que aparece como estructuradora de la licitación de Acuavalle por $165.000 millones.

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