En la Secretaría de Educación de Cali le pagaban salario hasta a un muerto

Agosto 23, 2012 - 12:00 a.m. Por:
Redacción de El País
En la Secretaría de Educación de Cali le pagaban salario hasta a un muerto

La auditoría, explicó el contralor Gilberto Zapata, hace parte del Plan General de Auditorías Programadas y no obedece a denuncias de la comunidad o la Alcaldía.

La Contraloría encuentra graves anomalías en el manejo de funcionarios de la dependencia. De 22 hallazgos administrativos, trece tienen incidencia disciplinaria; uno, penal; y cuatro, fiscal.

Debilidades en materia de control, pagos de licencias no remuneradas, así como a una persona fallecida y deficiencias en la cancelación de primas extra legales hacen parte de los hallazgos derivados de una auditoría practicada por la Contraloría de Cali a la Secretaría de Educación local. El informe, que comprende las vigencias 2011 y el primer cuatrimestre del 2012, señala que las “múltiples debilidades en el control y seguimiento al interior de la entidad ponen en alto riesgo la utilización de los recursos públicos”.En síntesis, se trata de 22 hallazgos administrativos, de los cuales trece tienen incidencia disciplinaria; uno, incidencia penal; y cuatro, incidencia fiscal.Se detectó, por ejemplo, que aunque están inhabilitados para el ejercicio de funciones públicas por la Procuraduría y tener suspendidos sus derechos políticos y civiles según la Registraduría Nacional del Estado Civil, seis funcionarios permanecen activos en dicha dependencia. Aquí, señala el ente de control, hay un presunto daño patrimonial por $29.628.078, correspondientes a los salarios devengados por estas personas.El contralor de Cali, Gilberto Hernán Zapata, explicó que en lo que tiene que ver con el hallazgo administrativo con incidencia penal se trata de un funcionario que teniendo un sueldo se otorgó un valor superior (por ser competente para el manejo de la nómina). Está situación se evidenció en los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2011, así como en enero, febrero y marzo del 2012, por un valor cercano a los $29.290.470. Aunque se logró el reintegro de dicha cuantía, aclara el Contralor, en este caso habría un presunto peculado por apropiación, lo que deberá ser determinado por la Fiscalía.De la misma manera, el reporte señala que 83 funcionarios de esta secretaría tienen asignaciones salariares superiores a lo debido según la normatividad que los rige, evidenciando “debilidades en el control y seguimiento a la liquidación de la nómina”. Además, esto, explica la Contraloría, vulnera el derecho a la igualdad entre los docentes que estén en el mismo escalafón, “lo que puede llevar a la iniciación de procesos judiciales en contra de la dependencia”.También se expone la situación del pago de una licencia no remunerada a un docente adscrito a la Institución Educativa La Merced, por valor de $10.874.737 (de enero a abril del 2012). No obstante se aclara que se hizo el reintegro de la mayor parte de este dinero (faltando $944.016). Lo mismo ocurrió con el pago de $3.414.036 a un funcionario fallecido en enero, a quien se le canceló salario hasta marzo.La Secretaría respondeEl subsecretario Administrativo de la Secretaría de Educación, Alejandro Franco, dijo que la Administración ha dado respuesta a cada uno de los hallazgos y que desde ya pone en marcha un plan de mejoramiento que busca superar las dificultades administrativas. Añadió que algunos aspectos del informe preliminar de la Contraloría fueron desvirtuados. Explicó, frente al señalamiento de los docentes inhabilitados, que “la pérdida de los derechos políticos no tiene incidencia en la vinculación laboral y frente a los civiles, la Secretaría no ha tenido conocimiento se sentencia emitida por entidad competente sobre el particular (Procuraduría). Sin embargo, dijo que se está procediendo a solicitar todos los antecedentes disciplinarios del caso. Además, señaló que el ajuste salarial hecho a los 83 docentes está debidamente fundamentado en decretos de la Alcaldía y que son aplicados cada año.“Respetamos la posición de la Contraloría, pero tenemos la documentación que respalda este punto y eso habrá que darle una discusión posterior”, dijo.Ratificó que tanto en el caso de la licencia no remunerada como en el del docente fallecido, el trabajador y la esposa del maestro muerto hicieron reintegro de los recursos.También indicó que el funcionario sobre el que recae el hallazgo de tipo penal por, supuestamente, haberse otorgado un valor superior a su sueldo, es objeto de las investigaciones pertinentes “y en su debido momento se darán a conocer los resultados”.“El plan de mejoramiento contemplará el fortalecimiento de los procesos de control interno, gestión de auditoría, optimización de nuestros software, así como el refuerzo del personal, pues se trata de una dependencia que maneja más de ocho mil personas, lo que requiere una estructura más compleja”, dijo el Subsecretario.Primas extra legalesEn el pago de las primas extra legales a docente, directivos docentes y administrativos según Decreto 0216/91 se evidenciaron, según la Contraloría, deficiencias como: Los pagos no tienen el concepto o análisis jurídico de la Secretaría para verificar la viabilidad de los derechos de petición y la legalidad de las resoluciones con las cuales se confieren los pagos extra legales. Un solo funcionario se encarga de las liquidaciones que son enviadas al Ministerio y no se le hace previa revisión a este trabajo. El valor pagado a diciembre 2011 por dicho concepto es de $16.813 millones.El subsecretario Alejandro Franco aclaró que se trata de situaciones dadas en la vigencia 2011 y que en el presente año todas las primas extra legales se revisan y certifican por el Ministerio. ”Este año recibimos la certificación de 1.200 primas, que corresponden a $28.000 millones, que están listos para ser pagados”, dijo.

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