El Municipio aún no resuelve lío que tiene con Utaru

Agosto 13, 2010 - 12:00 a.m. Por:
Fabio Posada l Editor de la Unidad investigativa

Liquidar el contrato de concesión que firmó el Municipio de Cali con la Unión Temporal Administración de Recursos Urbanos, Utaru, le está saliendo más costoso de lo que se esperaba a la administración municipal. En total el Municipio, que ya perdió $1.500 millones

Liquidar el contrato de concesión que firmó el Municipio de Cali con la Unión Temporal Administración de Recursos Urbanos, Utaru, le está saliendo más costoso de lo que se esperaba a la administración del alcalde Jorge Iván Ospina.Dicha concesión, que le dio vida a los parquímetros y al cepo, un tipo de ‘candando’ con el cual se inmovilizaban los vehículos que se encontraban mal parqueados por la ciudad, se convirtió en un dolor de cabeza para la administración municipal debido a unas acciones legales que han sido consideradas por el Consejo de Estado como “improcedentes”. Ahora el Municipio no sólo tendrá que terminar de pagarle a uno de los socios de Utaru, la firma Urban Resources Management, $8.000 millones de una primera conciliación pactada de mutuo acuerdo en diciembre de 2008, y que el Tribunal Administrativo del Valle aprobó en enero de 2009, sino que enfrenta una nueva pretensión de la misma compañía por otros $6.000 millones.El abogado de Utaru, Hernando Morales, explico que “el nuevo valor que exigimos se causó porque el Municipio, a pesar de tener en firme una conciliación con nosotros, la desconoció e interpuso unos recursos jurídicos que el Consejo de Estado le rechazó por improcedentes. Ese valor cubre los gastos en que incurrió mi cliente cuidando y guardando los 3.114 vehículos que estuvieron en las bodegas de la compañía durante el tiempo que se extendió el trámite legal y hasta abril pasado”.El País intentó ayer en repetidas ocasiones comunicarse con María del Pilar Cano, directora jurídica de la Alcaldía, para conocer su posición frente a este asunto, pero fue imposible obtener sus comentarios.¿Negligencia oficial?La concesión que iba a funcionar desde el 2000 y durante 14 años tuvo una corta vida. Un Tribunal de Arbitramento de la Cámara de Comercio declaró su nulidad en mayo del 2005 por considerar que tenía un objeto ilícito. La razón principal que adujeron los árbitros fue que dicho negocio excedió las atribuciones dadas por el Concejo al alcalde de la época, las cuales permitieron que un privado se encargara de administrar las antiguas zonas de estacionamiento regulado, donde fueron instalados los parquímetros.Como el contrato con Utaru finalmente incluyó el manejo de la operación de los patios y grúas para la inmovilización de los vehículos, así como también de la señalización informativa en la ciudad, el Tribunal falló su anulación.El Municipio cumplió la orden de los árbitros y en diciembre del 2005 liquidó el contrato unilateralmente, luego de infructuosas gestiones para hacerlo de mutuo acuerdo con Utaru.En el acta de liquidación firmada por Apolinar Salcedo, alcalde de la época, se conmina a Utaru para que cancele al Municipio “en los 30 días siguientes la suma de $1.500 millones ó $1.000 millones” por los dineros recibidos provenientes de multas y bodegaje de los vehículos inmovilizados, entre otros. Dinero que anda embolatado debido a que el Tribunal Administrativo del Valle negó en abril de este año el embargo con que el Municipio intentó cobrarle a Utaru.La razón esgrimida por el alto tribunal fue que “no se evidencia una obligación clara para reintegrar, pues hay dos sumas de dinero que resultan opcionales, es decir, bien puede Utaru reintegrar cualquiera de las dos cifras allí estipuladas”.Otro problema que enfrenta la dirección jurídica de la Alcaldía es que en la resolución A-0921, acta de liquidación, extrañamente se olvidó mencionar quién se haría cargo de sacar los 3.661 vehículos que en ese momento se encontraban en los predios dispuestos por la Utaru. Es por este descuido y porque la apoderada del Municipio para el caso en 2005, María Ximena Román, desconoció parte del procedimiento legal y una cláusula compromisoria, que la Contraloría de Cali pidió que se abriera investigación contra los involucrados.Varios concejales de la ciudad, entre ellos Nelson Garcés y Fernando Tamayo, dejaron oír sus voces de reclamo por la actuación directa del Alcalde Ospina en este caso, debido a que Alma Carmenza Erazo, contralora de Cali, le envió un control de advertencia en marzo de 2009 y según dijeron los ediles, “al parecer no se tomaron las acciones correctivas que uno esperaría se tengan para un tema donde hay comprometidos recursos por tan altas cuantías”.

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