El lío que enredó las obras de un puesto de vigilancia contra la minería en los Farallones

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La construcción de un puesto de vigilancia ambiental en Los Andes está suspendido por oposición en la zona rural.

El lío que enredó las obras de un puesto de vigilancia contra la minería en los Farallones

Septiembre 24, 2017 - 07:55 a.m. Por:
Ingrid Valderruten Peña / Reportera de El País 
Minería en Farallones

Los 60 árboles que autorizaron talar para la obra serán compensados con la siembra de 2000 especies. De las 196,429 hectáreas que tienen los Farallones,622,5 están afectadas por minería. Dentro del parque Cali ocupa 13.074 hectáreas.

Bernadro Peña / El País

En Peñas Blancas, vereda ubicada en el corregimiento de Pichindé, y una de las puertas de ingreso a las minas de oro en los Farallones de Cali, son muchos los rumores que se han escuchado sobre el puesto de puesto de control y vigilancia ambiental que se construirá para ponerle freno a los daños que están impactando la zona.

Pocos habitantes del sector se atreven a opinar del tema y quienes lo hacen prefieren omitir su nombre. Cuentan que la minería ilegal sigue activa -como lo han corroborado las autoridades ambientales-; que en la mayoría son personas del Cauca quienes están ejerciendo la actividad, pero también hay habitantes de la vereda; que ahora la piedra ya no se tritura arriba, sino que la bajan en costales y al hombro o en caballos, para extraer el oro quien sabe dónde. A la mina suben en la tarde noche para evitar ser detectados por las autoridades.

“Yo creo que las minas no afectan la seguridad, porque las personas que vienen a minear (sic) son humildes, entonces el puesto de control del que hablan nos serviría más para el turismo, para tener más visitantes. El principal problema de esa obra fue que no se concertó con la comunidad y lo que sabemos acá es lo que dicen líderes de Los Andes: que van a controlar la subida de material y la gente no va a poder hacer sus mejoras, o que no van a dejar sacar productos de los cultivos por falta de permiso. Pienso que hay mucha desinformación”, dice un hombre, quien afirma que lleva 20 años viviendo en esa vereda.

Pero ¿cuál es la realidad del proyecto, suspendido hace dos semanas, y por qué un grupo de la comunidad no quiere que se ejecuten estas obras?

A finales de julio el Dagma adjudicó la licitación por $1491 millones para construir el puesto de control en discusión. La obra inició este mes en el predio El Arbolito, ubicado en la vereda El Cabuyal, corregimiento Los Andes, a 8,6 kilómetros de Peñas Blancas (ver mapa). La idea es construir instalaciones con zona de vivienda y pesebreras para albergar a la Policía de Carabineros, así como un espacio para las autoridades ambientales.

A través de dicho puesto se hará veeduría a lo que entra y sale de la zona. El objetivo, señala Juan Camilo Vallejo, subdirector del área de Gestión Integral de Ecosistemas y Umata del Dagma, es garantizar la conservación del medio ambiente, controlando no solo la minería sino la tala, ocupaciones ilegales y contaminación de acuíferos, entre otros problemas que afectan a los Farallones. Asimismo, dará más seguridad al sector, añade Vallejo.

Sin embargo, el pasado 11 de septiembre un grupo de habitantes de la zona rural decidió taponar la vía para manifestar su inconformidad con dicha construcción -que solo alcanzó a avanzar con la tala de árboles- y solicitó una mesa de concertación que dos días después fue conformada para discutir los puntos que los inquietan.

Ayadid Ortega, presidenta de la Junta de Acción Comunal de la vereda Pilas del Cabuyal y representante en el Consejo Municipal de Desarrollo Rural, aclara que quienes se oponen a la construcción no son mineros sino campesinos que habitan la zona desde antes de 1968, cuando fue declarado el parque nacional. Y su temor, añade Ortega, es que sean perseguidos.

“Estaríamos de acuerdo con el puesto si hay unos compromisos de manejo con la comunidad, lo que no queremos es que esto se convierta en un acoso total al campesino, que le vayan a querer decomisar todo, a no dejarle pasar sus materiales para el mejoramiento de vivienda”, dice Ortega. Igualmente, la señora manifiesta que ven como “un peligro” la ubicación del puesto cerca a un caserío.

Minería en Farallones

Parques Nacionales adelanta un proceso de caracterización de las familias que habitan en los Farallones. Hasta ahora tiene un censo de 387 familias, 946 personas y 400 construcciones entre habitacionales e infraestructura para el sistema productivo.

Bernadro Peña / El País

Asimismo, señala que la distancia del puesto de control a la zona de minería es grande y no sería efectivo.

Pero estos son los únicos argumentos para no dejar avanzar la obra. También están pidiendo que se detenga la aplicación de medidas sancionatorias de demoliciones de viviendas, dar continuidad al plan de choque social por la afectación causada por la minería, terminar la Vuelta de Occidente y que el Municipio responda por inversiones de saneamiento básico, entre otros.

¿Por qué es necesario el control?

Juan Iván Sánchez, director territorial de Parques Nacionales, reconoce que es cierta la restricción que se hará en el ingreso de materiales de construcción “pero eso está amarrado a varias estrategias, hay que caracterizar la zona, conocer quiénes viven para identificar ocupantes legales e ilegales y para cada uno de esos debe haber una acción diferente”.

“Asociado al tema de las minas también el puesto (de vigilancia) tiene una función de controlar la ocupación ilegal en la zona rural. Es un área protegida y no se puede vender entre particulares propiedad al interior del parque, hemos identificado que hay una compra y venta de predios, una fragmentación y eso no está permitido”, advierte.

Lilia Estela Hincapié, procuradora ambiental y agraria para el Valle, asegura que aunque el puesto no solucionará en un 100 % los temas de control a las actividades irregulares en los Farallones sí es indispensable.
“No toda la comunidad se opone. A la Procuraduría acuden personas a denunciar la situación que se está presentando, que se está incrementando la minería, son denuncias que la gente no hace abiertamente por temor a cualquier represalia”, dice Hincapié.

Para Alberto Ramos, abogado ambientalista, los controles a la minería no deben ser a distancia y deben realizarse de manera permanente: “Sin esos operativos y esa permanencia la minería va a continuar y el daño no solamente es a las aguas y a la salud de las personas sino que se afecta la biodiversidad de los Farallones”.

Aunque el Dagma asegura que el puesto de control se construirá, porque entre otras cosas es un compromiso en el Plan de Desarrollo, lo cierto es que por ahora no se sabe hasta cuándo estará suspendida la obra, cuya fecha de entrega está pactada para el 29 de diciembre.

Operativos

Parques Nacionales indicó que este año se han realizado más de 135 recorridos de  control en los que se han detectado 118 personas en las Minas del Socorro (Farallones) de las cuales 49 han sido judicializadas.
Se han desmantelado más de 90 campamentos e identificado 421 socavones, de los cuales el 95 % están inactivos.

El Ejército, que tiene una base en el sector donde están las minas, señala que una de las dificultades en el control de la minería ilegal es que para poder judicializar se deben hacer capturas en flagrancia y con elementos que evidencien la actividad ilícita. También añade que los delitos por afectación a los recursos naturales son excarcelables y muchos capturados quedan libres.

Parques Nacionales tiene 238 procesos sancionatorios activos por actividades como minería, quemas, ganadería y ocupaciones indebidas, entre otros.

“No sé qué enemigos tengo”

En medio de la polémica por la construción del puesto de control y vigilancia ambiental han surgido cuestionamientos a la labor que viene desempeñando el corregidor de Pichindé, Jorge Rodríguez, quien lleva 15 años como primera autoridad de ese corregimiento.

¿En su labor de corregidores ustedes han ayudado a frenar el tema de minería ilegal?

Por supuesto, para eso nos tiene el Alcalde allá, para que estemos pendientes de todo tipo de actividad irregular que se dé en la zona y más en los Farallones donde se lleva a cabo, ahora a menor cuantía, el tema de exploración y explotación de minería ilegal.

Hay señalamientos contra usted, dicen que sabe de las actividades mineras ilícitas y no actúa, que es invasor de la zona, que en un vehículo transporta material químico...

Yo no sé qué enemigos tengo yo, soy un servidor público que vive permanentemente dedicado al tema comunitario, a buscar alternativas para que la comunidad tenga una vida llevadera, y aparece en la columna de un señor periodista unos señalamientos que me parecen, de manera respetuosa, muy irresponsables porque eso puede tener bastantes afectaciones en mí.

Y la acusación de que usted transportaba insumos ¿es cierto?

Que tal el Alcalde entrando al CAM con 20, 30 o 40 kilos de dinamita, que tal yo como autoridad llevando eso en mi vehículo, que es familiar, llevando carga o en este caso insumos para la minería ilegal.

¿Tiene algún interés en que no se construya ese puesto de control?

Para mí es mejor que lo construyan porque eso significa más turismo y más seguridad para nosotros, por ese sector se presenta mucho hurto, mucho sujeto en vehículos y motocicletas cometiendo atracos e irregularidades en la vía porque es un sector muy solo.

¿Por qué cree que un sector de la comunidad se opone a la obra?

La verdad yo no entiendo, a mí me parece que ustedes como periodistas deberían indagarlo. En mi opinión la seguridad no debe ser una seguridad solicitada con permiso de nadie, la fuerza pública no está vedada para estar en los sitios donde se requiere.

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