El 'exilio' de los ex invasores del jarillón del río Cauca en Cali

Agosto 28, 2011 - 12:00 a.m. Por:
Diana Carolina Ruiz Girón, reportera de El País.
El 'exilio' de los ex invasores del jarillón del río Cauca en Cali

Los habitantes de Brisas de Nuevo Amanecer se trasladaron a vivir en barrios de las comunas 6, 7, 13, 14 y 21. En las casas arrendadas, viven en precarias condiciones. Alcaldía afirma que no es obligación sostenerlos.

Las 940 familias que abandonaron el dique del río Cauca amenazan con volver. Reclaman más subsidios y el lote que les prometieron. En las comunas 6, 7, 13, 14 y 21 ya se les acabó el refugio temporal.

Hace 15 días se venció la última cuota del arriendo y Jackeline Sinisterra aún no decide qué hacer. En su cabeza retumba la amenaza que hace poco le lanzó la dueña de la casa donde vive hace tres meses: “Si no tiene la plata, lo mejor es que se vaya”.Ella y 939 familias más fueron desalojadas el 11 de mayo pasado de la invasión Brisas de Nuevo Amanecer, en el jarillón del río Cauca. El compromiso fue que a cambio de marcharse del dique y desbaratar los ranchos, recibirían un subsidio de vivienda de tres meses. Sin embargo, fue la promesa del lote para una casa propia lo que hizo que la mayoría levantara sus rústicas viviendas.Hace 16 días se acabó el subsidio que la Secretaría de Vivienda les ofreció. Esos $600.000 que servirían para mantenerse dentro de un techo temporal se agotaron y ahora el fantasma de la repoblación del dique renace como resultado de lo que parece un proceso que sólo puso paños de agua tibia a un problema social cuyo fin no parece estar a la vista.Como si presintiera lo que se vendría, Leidy Ballecilla guardó gran parte de las tablas, guaduas, plásticos y hasta la puerta verde de madera húmeda y desteñida que conformaban su cambuche. “Como van las cosas, nos va a tocar volver”, comenta.Dice que sabía que el dinero se acabaría. “Imagínese uno sin trabajo, escasamente con lo de comer y ahora en esta ‘volteadera’”, explicó la mujer de 28 años.Sus únicas pertenencias son los restos de lo que fueron las paredes de su antigua casa, porque el televisor, su ropa y la de sus cuatro hijas, la cocineta y los muebles están retenidos en la casa que alquiló en el barrio El Retiro. Dice que en la invasión lo tenía todo y que allí vivía bien, pero sobretodo “relajada”. Jackeline argumenta que, aunque pocos lo crean, vivir peor que en el jarillón sí es posible. Y que es justo lo que le está pasando. Relata que por $200.000 sólo pudo alquilar un planchón en el que tuvo que armar con pedazos de madera, plástico y pendones publicitarios un nuevo rancho donde sólo caben dos camas sencillas, tres poltronas rasgadas, un descolorido armario y una mesa con el televisor encima. Adentro el olor es nauseabundo, producto, tal vez, de la bacinilla donde se acumulan los líquidos. La cocina está a la intemperie, al igual que la escalera de guadua, único acceso al planchón. La mujer de 30 años y madre de cuatro niños de 4, 9, 11 y 12 años, dice que en Brisas vivían como “reyes” y confiesa que evadir el pago de impuestos, arriendo y servicios públicos “era una ventaja”.En los últimos tres meses, los habitantes de Brisas de Nuevo Amanecer lograron confundirse entre la población de las comunas 6, 7, 13, 14 y 21, en el oriente de Cali. A barrios como Potrerogrande, Manuela Beltrán, Puertas del Sol, Antonio Nariño, Pízamos, Talanga, Marroquín, Ciudadela del Río, Comuneros, entre otros, fueron a parar los invasores se que llevaron consigo pobreza, inseguridad y hasta problemas de convivencia y salud.Ana Milena Guerrero cuenta, por ejemplo, que le tocó pasar las noches en vela para evitar que a sus hijas de 9 y 12 años las violara el hijo de la dueña de la casa donde llegó a vivir. El hombre lo intentó varias veces. Por eso, y porque todas las noches se celebraban fiestas, se llevó sus cosas hasta el Polideportivo Invicali Decepaz, donde decidió invadir, al igual que otras 16 familias que desde hace un mes permanecen de nuevo en un espacio que no les pertenece. Zona de promesasLa incertidumbre de los desalojados desembocó esta semana en protestas frente al CAM, bloqueos de la Avenida Ciudad de Cali y violentos enfrentamientos entre invasores y autoridad.Todo porque, aseguran los inconformes, aún no se cumple la promesa que la Administración local les hizo como estímulo para efectuar el desalojo. “El Alcalde nos dijo que íbamos a tener un lote en el que podríamos auto construir nuestra casita”, aseguró Fidel Vargas, otro de los reubicados. Pero “el Municipio no tiene recursos para adquirir más predios”, explicó Marco Zambrano, secretario de Vivienda. Tampoco para regalarle una casa gratis a cada familia reubicada. Eso, en cálculos preliminares, costaría $40 mil millones, cuando el presupuesto de la Secretaría no supera los $15 mil millones.“Aquí nada es regalado. Si alguien quiere casa, debe aportar lo que le corresponde”, dijo Zambrano. “Hay recursos garantizados para otros tres meses de subsidios, que saldrán de una reserva que tenemos de $500 millones”, aseguró el funcionario. Con esa plata se espera calmar el problema por otros 90 días.“Que salgan y trabajen”Para Eliana Salamanca, secretaria de Gobierno de Cali, la problemática social que dejó el desalojo no tiene nada que ver con la decisión de recuperar un espacio que históricamente no tuvo ‘ni Dios ni ley’.Lo de los subsidios, argumentó, fue un gesto humanitario que el Municipio no estaba obligado a hacer. “Si no tienen cómo pagar un arriendo que salgan a trabajar y se dediquen a algo legal”, respondió enérgicamente la Secretaria de Gobierno local. Y es que para ella, todos los líos que dicen están padeciendo los antiguos invasores ya no son competencia de la Alcaldía, en parte, porque vivir en el jarillón se volvió un negocio para muchos.Otra visión tiene el Defensor Regional del Pueblo, Andrés Santamaría, quien indicó que el modelo de los subsidios temporales “ha sido un fracaso cada vez que la Administración local intenta un proceso de reubicación”. El Defensor explicó que los traumatismos en los pagos y las trabas para acceder a los recursos indican que en Cali no ha sido clara la política pública para atender a la población vulnerable. “No desconocemos que haya ilegalidad en el asunto cuando hay quienes se aprovechan para convertir los subsidios en un estilo de vida o negocio. Pero es deber del Estado responder por los derechos fundamentales de ellos y aquí el Estado está representado por el Municipio”, dijo Santamaría.El sociólogo e investigador de la Universidad Santiago de Cali, Fernelly Dominguez, advirtió que “Cali no aguanta toda la presión demográfica que significa el desplazamiento” y menos si no hay control a la llegada de más personas y sin proyectos de vivienda efectivos.Y en medio del debate, de si se atiende o no a los invasores, de si se les regala o no un lote, un nuevo exilio se aproxima. Martha y Betty Riascos, junto a sus nueve hijos, están listos para emigrar nuevamente. Ambas concuerdan en que, seguramente, el nuevo cheque se demorará. Por eso, esperarán en el salón del Polideportivo que adecuaron ilegalmente como casa, mientras les llega el momento de regresar al jarillón, al que consideran es su “verdadero hogar”.Para tener en cuenta940 familias fueron desalojadas de la invasión Brisas de Nuevo Amanecer.897 recibieron el subsidio de arrendamiento por tres meses.A 43 familias se les negó la ayuda por recibir con anterioridad subsidios o vivienda.En la Fiscalía continúan las investigaciones sobre a quienes hacen negocios con los terrenos del jarillón.296 viviendas conforman el Proyecto Barrio Taller, que será entregado en septiembre.El 19 de agosto se abrió la convocatoria para la gente en situación de desplazamiento interesada en adquirir vivienda en este proyecto.Otra 728 casas se construirán dentro de la quinta etapa de Potrerogrande.

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