"El Dagma debe dejar de hacer lo que no le toca": Luis Rodríguez

El nuevo director de la entidad, Luis Alfonso Rodríguez Devia, espera que a mitad de año las podas pasen a manos de operadores de aseo. Habrá apuesta por el empleo verde.

Es llanero, odontólogo y tiene 57 años. De Cali le enamoró el paisaje verde que, dice,  poco se ve en otras ciudades del país. La fascinación de Luis Alfonso Rodríguez por el medio ambiente lo ha hecho participar en un buen número de proyectos de ciudad enfocados a tratar conflictos ambientales. La inseguridad hídrica de Cali es lo que más le preocupa. Ahora Rodríguez tiene la tarea de comandar el Dagma, una entidad que, según él,  es más  un letrero y que opera como una oficina de contratos. Su principal objetivo será que la entidad deje de hacer lo que no le toca, por lo que espera que el mantenimiento de zonas verdes pase a manos de los operadores de aseo de la ciudad a más tardar a mitad de año. Dice, además, que su apuesta será la de  generar empleo verde a través de oportunidades de negocio en escombros y aprovechamiento de material reciclable. ¿Cómo encuentra al Dagma? Lo encuentro como lo conoce la opinión pública. Es una institución que es más un letrero, y suena duro decirlo, pero es que es un cascarón institucional y administrativo, con 25 personas de planta de las cuales solamente ocho son profesionales calificados realmente, los demás hacen parte de servicios generales y otro tipo de cargos. Es una institución que tiene una responsabilidad inmensa y una importancia grandísima para una ciudad tan grande como Cali, donde los temas ambientales son el núcleo de grandes decisiones estratégicas, pero en la que no encuentro la infraestructura, y esto se sabe desde hace varias administraciones, al menos las dos últimas han intentado hacer una reforma administrativa, pero no ha sido posible.  ¿Qué tan problemático resulta trabajar bajo este mismo esquema? Arrancar es muy duro. La logística administrativa es lenta, mientras otras dependencias ya están iniciando sus labores, yo apenas estoy contratando a los que me van a hacer los contratos. El Dagma, realmente, es una oficina de contratos, por eso es que la entidad, durante los primeros tres meses, es muy débil.   Ya llevamos más de 15 días de gestión y tengo represadas quejas, peticiones, demandas, solicitudes de licencias. Ahí podría estar algo gravísimo, como que estuvieran tumbando un árbol patrimonial y yo aquí ni siquiera me estoy enterando.  El alcalde Armitage quiere hacer una reforma administrativa para hacer más eficiente al Municipio y dejar de entregar puestos a los políticos. Se sabe que históricamente el Dagma ha sido una entidad usada para el pago de favores… Por directriz del alcalde Armitage, vamos a acabar con la politiquería, en el sentido técnico de nuestra actuación, para seleccionar el equipo. Hoy, las personas que estoy dejando cuentan con especialidades en los temas de la institución. Son personas que llevan 5 o 6 años aquí. Sin embargo, se pierde mucha memoria institucional en los cambios de gobierno. Arranqué con los funcionarios de planta, creé un esquema para que puedan trabajar por ahora y les di la tarea de seleccionar a la gente que estaba funcionando. He ratificado casi todos los equipos por un periodo de seis meses, en el que haremos una evaluación en cada una unidad.  ¿Cómo está la situación de los contratistas? ¿Va a recortar el número de contratos? El año pasado, los contratistas fueron 492. Voy a arrancar con 250 en la primera fase e iremos contratando en la medida de las necesidades. No tiene sentido contratar a todas esas personas si no tienen qué hacer todavía. Esta institución es muy grande, con aspectos muy importantes, pero con grandes fallas, especialmente en temas que no nos tocan. ¿Como cuáles? Nosotros somos autoridad ambiental, pero nos cargaron una serie de actividades, no sé si de manera correcta o incorrecta. Una de ellas es el mantenimiento de las zonas verdes. Estamos trabajando hasta 18 horas seguidas para que, con creatividad, podamos acabar esos 1.300.000 metros cuadrados que nos falta. Estoy evaluando contratar un proceso de participación ciudadana, y lo voy a apoyar con lo que tengo, para que todos, incluso yo, nos vayamos a echar machete a esas zonas a las que no hemos llegado. ¿Desde cuándo las podas van a quedar en manos de las empresas de aseo que operan en Cali? Yo quisiera que sea a más tardar a mitad de año. Pero una cosa es mi deseo, y la otra son los temas administrativos y legales que hay que cumplir. A mí me preocupa que esto lo ha asumido el Dagma con recursos propios, con una incapacidad instalada para realizar esa tarea, por lo que todos los años hay que hacer unos trámites larguísimos que terminan siendo un desgaste para la entidad. El Dagma debe dejar de hacer lo que no le toca y recuperar su vocación como autoridad ambiental, ese es mi objetivo central.  ¿Cómo se van a atender las zonas que aún falta por mantenimiento? Ya tenemos los recursos, aunque estoy en una angustia porque no hemos podido comenzar la contratación. Lo positivo es que no está lloviendo tanto, por lo que nos da más días antes de que crezca más el prado. Uno sabe que la gente se desespera teniendo un matorral al frente,  las quejas registradas en el sistema lo demuestran. Nos falta un 10 % por atender de las podas que comenzaron en diciembre, el  que esperamos comenzar en la primera semana de febrero. Yo pido paciencia a la gente, el tema contractual es complicado pero vamos a superarlo. Los escombros en Cali es otro tema álgido que deberá asumir. La escombrera de la Carrera 50 sigue siendo problemática y se suman los múltiples depósitos crónicos ubicados en la ciudad... Esa escombrera de la 50 tiene que cerrarse definitivamente y debe convertirse en una zona verde, que tanto le hace falta a la ciudad. Es increíble que una oportunidad de negocios tan importante como la generación de escombros sea un problema mayúsculo. No veo por qué no los hemos podido disponer adecuadamente. Tenemos que ser capaces de promover la organización de una empresa de aseo de base comunitaria y voy  a ensayar las opciones que hay con los cobijados por las sentencias (recicladores), con los carretilleros, con personas que están en el negocio.  Queremos apostarle al  empleo verde.  ¿Cómo funcionaría el empleo verde? Los escombros tienen un valor en dinero y existe toda la tecnología para su tratamiento. Lo ideal sería que alguien le pagara por los escombros al Municipio y que en su tratamiento se engancharan esas personas. Ya tenemos algunos cálculos que nos dicen que con esa oportunidad de negocio se podrían generar 120 empleos. Definir el sitio para ese aprovechamiento no ha sido fácil. Aunque el POT dio viabilidad para hacerlo en algunos predios, el desarrollo se le dejó a los privados... Si no se pueden disponer los escombros en ningún lugar de Cali, toca llevarlos a otro lado. Esto es un problema no solo de la ciudad, también del área metropolitana. Ya tuvimos una primera reunión con el alcalde de Candelaria, lo mismo haré con los responsables de áreas ambientales de Yumbo y Jamundí, porque hay que concertar soluciones. Si producimos escombros y no tenemos donde disponerlos, podemos mirar quién está dispuesto a ayudarnos a desarrollar esa oportunidad de negocio. Lo otro que hay que impulsar son las rutas selectivas (para aprovechar material de reciclaje). Las asociaciones de recicladores, muchas de ellas muy bien conformadas, pueden encargarse de ese empleo verde, todo ese material vale mucho dinero y queremos usarlo como se debe. Si logramos que las personas que se dicen cultas y decentes separen en la fuente para contribuir al mejoramiento del ambiente, es ganancia. Tanto recicladores como carretilleros se quejan  por la dificultad que tienen para ganar una licitación y prestar sus servicios. ¿Cómo lograr que esos empleos verdes no se queden en grandes monopolios? Quiero plantear que la ciudad, que hoy se divide en 4 zonas, se pueda dividir en 12 para incentivar el empleo verde. Si hay más zonas para atender, hay menos monopolio y  la posibilidad de contratación resulta mejor para las organizaciones de base, pueden obtener recursos prestando servicios ambientales sin necesidad de intermediarios, eso es característico del empleo verde y está alineado con la propuesta del alcalde Armitage de impulsar la generación de empleo en la ciudad desde todos los sectores. Ese deseo de generar empleo hizo que se ampliara la Ley Zanahoria y las quejas por ruido en diversos sectores no se hicieron esperar. ¿Cómo van a garantizar que la rumba no perturbe la tranquilidad de los ciudadanos en sitios críticos del oeste y sur de la ciudad?   Se creará un frente común contra el ruido, que es una idea liderada por el alcalde Armitage y de la Secretaría de Gobierno. El Dagma actuará como parte de un grupo conformado por los empresarios de la noche, Cotelco, Tránsito, Policía, el gremio de taxistas. Implementáremos un piloto que durará un mes, con operativos en sectores críticos como Juanambú, Granada, Peñón y la Carrera 66. Se harán jueves, viernes, sábados, e incluso algunos días de semana, de día y de noche, para hacer mediciones de ruido. Tenemos autoridad para confiscar elementos que generen impacto. En la primera semana de febrero arrancaríamos. La gente se queja del ruido que se genera al terminar la rumba, música a todo volumen en carros,  peleas en la calle. Ahí ustedes no tienen competencia, le toca al Tránsito y Policía. ¿Cómo van a hacer para que los controles sí sean efectivos? Yo creo que sí va a funcionar. En este comité en el que están todas las entidades podremos coordinar estos controles, estoy confiado en que esta ‘minga’ por el ruido funcione. El Alcalde está muy interesado en que esta oportunidad de estimular el empleo sea realidad. El ruido también es un tema de cultura ciudadana y hay que hacer un arduo trabajo de educación. El piloto nos dirá si los niveles de ruido aumentan o no, porque lo importante es que, en cualquiera de los casos, podamos demostrarlo. Estamos en plena temporada de ‘El Niño’ y  la anterior administración intentó sancionar a quienes derrochan agua. ¿Le va a apostar a las multas por esta causa? Yo haré lo que me toca hacer, ser la autoridad ambiental , y en muchos de los casos en los que la ley nos da dientes y facultades sancionaremos a quienes le hagan daño al entorno. El derroche de agua es una categoría que no hemos podido medir bien. Debemos revisar el tema. Lo que sí hay que decir es que Cali se está enfrentando a una inseguridad hídrica en todos los aspectos.  ¿Cómo enfrentar ese riesgo? Cali es una de las pocas ciudades en el mundo que no reserva agua. La reserva que tiene, con dos reservorios, es de horas. Lo que queremos hacer es una idea que ha trabajado mucho  Gustavo de Roux y es la de estimular los reservorios naturales creando alcancías de agua. Es buscar que la producción del agua natural sea constante.   La apuesta es aliarnos con los acueductos rurales para cuidar las cuencas en La Buitrera, Felidia, La Leonera, Pichindé e incluso en Pance para recuperar las cuencas.  Queremos impulsar esto  con recursos que  la Ley 99  da a los municipios para compra de predios estratégicos para el abastecimiento del agua. Estos se devuelven año tras año, porque no se invierten. También se pueden establecer exenciones de impuestos por prestación de servicios ambientales, entre otras.