Denuncia: la rumba no deja dormir a los habitantes de Ciudad Jardín

Los residentes aseguran que llevan cuatro años pidiendo el cierre de bienes que funcionan como casas de eventos en una zona residencial neta. Quejas.

Ciudad Jardín ya no es el remanso de paz y tranquilidad del pasado. El otrora sector residencial, ahora padece los mismos o peores problemas de sectores más populares, pues algunas de sus amplias  casas se han convertido en el atractivo para subalquilar y   realizar eventos familiares, rumbas de manilla y remates de fiestas.

Residentes del barrio se sienten  “sitiados” entre las casas de eventos camufladas como habitacionales, con el impacto ambiental de ruido, congestión vial, población flotante y otros efectos causados por  unos 16 inmuebles. Algunos de ellos son  subarrendados para hacer fiestas con música a todo volumen de jueves a domingo, y si  hay lunes festivo, la rumba se prolonga.

Uno de los habitantes del sector asegura que “todo adolescente o menor de edad que no puede adquirir licor en otros establecimientos, llega después de la 1:00 o 2:00 de la madrugada a rematar a Ciudad Jardín, donde encuentra rumba, licor y microtráfico de drogas y como no hay quien  controle, queda a sus anchas”.

El País hizo un recorrido por los inmuebles  en mención y ninguno tiene aviso en su fachada que anuncie su uso. “Las rumbas las organizan por internet”, dicen los moradores del barrio. 

Como  la Casa 14 de la Avenida Cascajal  (Calle 16 No. 106-250) o Casa de Eventos Las Palmas, habitada por Michael Vásquez. Este bien  inmueble está embargado por el Municipio, cuyo dueño debe  más de $260 millones por predial.

Los vecinos reportan  que allí hacen fiestas de hasta tres días, con niveles de ruido que superan los decibeles permitidos, infringiendo dos normas, la del uso del suelo (residencial, no comercial) y la de la contaminación auditiva.

“Hemos llamado a la Policía, al Dagma, a la Secretaría de Salud y hemos radicado denuncias ante la Secretaría de Gobierno, pero el dueño dijo que le pusieran las multas que quisieran”, relata otro de los perjudicados por el ruido.

 Miembros de la Junta de Acción Comunal de Ciudad Jardín, entre ellos,  Sara Ordóñez, permanecen en contacto con los entes oficiales  encargados de dar soluciones a esta problemática, pero infortunadamente, dice ella, las decisiones se dilatan por aquello del “debido proceso”. Otros  denunciantes reservaron sus nombres por seguridad. Uno dice que ya fue amenazado de muerte, otro con demandas judiciales y otro, incluso, agredido. 

“Una vez me atreví a reclamar y el dueño de la fiesta me retó con la frase   ‘usted no sabe con quién se metió’, delante de dos policías que no hicieron nada frente a esa amenaza”, reveló otro  de los afectados. A alguien más le advirtieron que se cuidara y otros solo callan para evitar riesgos.

Otra de   uso cuestionado es la Casa 40 de la Avenida Piedragrande (Calle 15B No.  107-190), donde, según los vecinos, hacen fiestas con música estridente de 8:00 p.m. a 6:00 a.m., pero que a las 10:00 a.m. se pueden reanudar.

En septiembre de 2014, el entonces subsecretario de Gobierno de Cali, Luis Alfredo Gómez, firmó el cierre de este sitio, pero continúa “con los eventos como si no hubiesen hecho nada, perturbando la tranquilidad de  los vecinos”, dice un derecho de petición puesto en la Personería Municipal, última instancia a la que recurrieron los firmantes luego “de haber agotado todas las instancias regulares”, reza el oficio.

¿Por qué proliferan las casas de eventos en el sector? Algunos de estos bienes pertenecieron a narcotraficantes que están prófugos, encarcelados o fueron asesinados,  quedando   en proceso de extinción de dominio y administrados por  la Sociedad  de Activos Especiales, SAE (antes Unidad de Estupefacientes).

Es la situación de la Casa 23 de la Calle de la Escopeta, la cual  figura a nombre de alguien que acaba de salir de la cárcel. Siempre ha vivido allí un hombre llamado Remington,  quien la subalquiló hasta el año pasado a otras personas para hacer  rumbas pesadas. La Policía dice que adentro no hay muebles de  habitación, y en el momento, la autoridad busca que  él desocupe el inmueble. 

Además, hay otras mansiones en problemas. La Policía ingresó un día a una de ellas y encontró que estaba subarrendada por cuartos a familias. 

Y no hace más de un mes, hubo una fiesta en otra en la que el organizador dijo que cerraba a la 1:30 de la madrugada, pero a esa hora la gente no se quiso ir. “Entonces el tipo  subió al balcón y lanzó una granada de humo, la gente salió corriendo y algunos comenzaron a hacerle  tiros desde la calle”, relata otro residente.

Otra es  la Casa 21 de la Avenida Piedragrande, que aunque fue reportada a la Secretaría de Gobierno, obtuvo el permiso para funcionar como apartahotel en la Calle 15B No. 106-115. Fue allí donde le hicieron un  atentado a Jair Sánchez Hernández, alias Mueblefino, miembro del Cartel del Norte del Valle y detenido después en una clínica de Bogotá.

Como si faltaran sitios de eventos,  la Casa 32 de la Calle de la Escopeta, en extinción de dominio por SAE, también incursionó en el negocio de las rumbas, con boletas y  manilla en febrero pasado.  Desde las 2:00 p.m. empezaron  a probar el sonido, los vecinos llamaron a la  Secretaría de Gobierno, que hizo presencia. No obstante, la dueña de la fiesta hizo unas llamadas a algunos políticos, que según ella eran amigos suyos, para impedir la acción de las autoridades.

Aún así, le cerraron la fiesta, pero la reiniciaron más tarde, porque  llegaron  artistas que se iban a presentar esa noche y  gente en motos. Llegaron agentes de   la Policía, pero la gente los insultaba y no los dejaron ingresar. “Solo a las 9:00 de la noche, que llegó  Tránsito con grúas para llevarse los carros, salieron corriendo”, cuenta  otra persona que se queja de que además del ruido, queda  encerrada porque los carros parqueados a lado y lado impiden el paso.

Eludiendo a la autoridad

Uno de los esguinces de los nuevos empresarios de rumbas para burlar la autoridad  es argumentar  que son fiestas familiares. Y entran  los carros a los jardines y sótanos, como en los ‘after party’  de la Casa 40, para  no ser detectados. 

Pero los que sí los detectan son los vecinos, que a las 3:00 o 4:00 de la madrugada se despiertan porque  los que se quieren ir de la fiesta, pitan y pitan para  que los que les obstaculizan el paso les den salida. “Es una tortura de guerra”, dice un vecino.  

Otra  maniobra es adquirir la residencia  que colinde con la parte posterior de la casa de eventos, con el objetivo de englobar el predio  y obtener el permiso para uso comercial. 

Así lo hizo el dueño de un restaurante en una calle residencial:  compró la casa de atrás que sí está sobre una vía  con uso comercial, unió las dos propiedades y  evadió la ley que no le permitía abrir allí un restaurante. “¿Y cómo en Planeación no se dieron cuenta?”, pregunta indignada una vecina del sector.

De ahí que algunos residentes ya han recibido “mensajeros” con propuestas de  compra. El argumento  es: “le tengo un buen cliente que le da mucha  plata por esta casa”, dice otro de los perturbados por la música, el alboroto y el trancón. “Esto ha afectado el normal desarrollo y crecimiento de mis  hijos, ya que no pueden dormir y presentan retraso en su proceso escolar y de aprendizaje”, se queja.

 “Llevamos tres años –dice mostrando documentos fechados en 2012– denunciando la situación ante la Secretaría de Gobierno, la Alcaldía,  la Policía,  el Dagma. El Dagma vino, pero un día de semana a las 9:00 de la mañana y obvio, el resultado de la medición  arrojó que no había ruido perturbador”,  añade.

“Un inmueble de estos se compra para tener una vida tranquila y lo que menos espera uno es que le monten una discoteca al lado. Pero lejos de pensar en vender e irme, lo que uno espera es que el Gobierno haga  cumplir las normas y cierre lo que funciona como casas de eventos, pero son discotecas clandestinas”, puntualiza uno de los  afectados. 

Todos concluyen que su lucha es por mantener el uso residencial neto del barrio, porque para el predial sí lo es –pagan $13 millones por predio–, pero el uso del suelo, no. “No me quiero ir por  no hacerle el daño a mis vecinos, pero como vamos, dentro de poco vamos a ser los desplazados de Ciudad Jardín”.

Más casas

La Avenida Cascajal,  en  la entrada del Colegio Bennet, está invadida con cuatro casas seguidas con uso comercial. Todas están reportadas en Secretaría de Gobierno. Casa Vallano o Casa 5: Cra. 16A No. 107A - 156.  La Secretaría de Gobierno llamó a la dueña, pero no ha atendido el llamado de atención. Cabe recordar  que donde asesinaron ocho personas en octubre pasado, fue Villa Pance– finca de Leyner Valencia Espinosa, preso en EE.UU.– es alquilada para matrimonios y otras celebraciones. Mónica Echeverri,quien acompaña desde la Secretaría de Gobierno a la Comuna 22, dice que este año han hecho, con la Policía de La María, tres operativos y suspendido dos fiestas, al demostrar la publicidad en Facebook y la venta de manillas de ingreso a $20.000.