De la planta de reciclaje de Cali solo quedó un 'elefante blanco'

Enero 25, 2016 - 12:00 a.m. Por:
Unidad Investigativa El País.
De la planta de reciclaje de Cali solo quedó un 'elefante blanco'

Pese a que la obra se terminó el 27 de enero del 2012 y el convenio liquidado en el 2013, la plata no evidencia ningún tipo de cerramiento como el que se especifica en el otrosí No.5, en el cual se reajustó el presupuesto con ese fin.

$1100 millones costó el centro de acopio que jamás funcionó; entre otras cosas porque fue hecho junto a los tanques de agua potable.

El proyecto a través del cual se construiría en la ciudad de  Cali una planta de reciclaje o de clasificación de basuras, firmado en el 2009 por el gobierno de Jorge Iván Ospina, tenía el fracaso garantizado.

Después de años de improvisaciones para salvar el convenio que hizo el exalcalde  con la Sociedad de Mejoras Públicas, y tras invertir $1100 millones en una planta de  reciclaje que jamás se inauguró, la obra quedó como ‘elefante blanco’ abandonado e inservible a la entrada de la Planta de Tratamiento de Agua Potable de Puerto Mallarino.

Según lo proyectado, el lugar serviría para dar cumplimiento a la Sentencia T-291 de la Corte Constitucional que ordenaba buscar una alternativa laboral a los 677 recicladores que vieron afectado su sustento con el cierre del basuro de Navarro.

Lo absurdo es que después de reclamos ciudadanos, suspensiones de obra, la firma de varios otrosí y de todas las advertencias, a algún funcionario se le ocurriera que el lugar adecuado para construir un centro de acopio de basura para su clasificación fuera justo adentro de la principal planta de tratamiento de agua potable  de Cali.

Y más ilógico aún, como aseguran algunos exfuncionarios, que directivos de Empresas Municipales permitieran la construcción de la obra dentro de la planta de Puerto Mallarino y junto al reservorio de agua, y esperaran a que fuera terminada para hacer reparos.

Tumbos por la ciudad

Si algo le faltó al proyecto para dotar la ciudad de una estación de clasificación de basuras, según los documentos que pudo obtener El País, fue planificación.

Primero, porque la administración Ospina no contrató directamente la obra sino que le pasó los recursos a la Sociedad de Mejoras Públicas, a través de los controvertidos convenios interadministrativos para que ellos la subcontrataran, como lo recordó el exgerente de Emcali Javier Pachón.

Así consta en el Convenio de Asociación No. 4133.027.2.039, del 15 de diciembre del 2009, cuyo fin era construir a partir del 30 de diciembre de ese año, y en un plazo de dos meses, el centro de recuperación y acopio de residuos reciclables en la Av. 2N entre calles 37A y 39, en Prados del Norte.

Pero los dolores de cabeza empezaron solo cinco días después, cuando debió decretarse la primera suspensión del convenio ante el malestar y la oposición de los vecinos de Prados del Norte y del barrio La Isla por los problemas ambientales y de inseguridad que generaría este depósito.

En un tiempo récord de diez días, el 15 de enero del 2010, se firma el primer otrosí manifestando que el ‘centro de acopio de residuos sólidos aprovechables’ ya no se construiría allí, sino en el ejido de Navarro, en el lote La Corbata, de  propiedad del Municipio.

El 7 de abril del 2010 se firmó el acta de reinicio de actividades para el Centro de Acopio, pero nadie se percató que en marzo la Corporación Autónoma Regional del Valle había expedido el Acuerdo 025 fijando medidas de protección ambiental al régimen diferido de Navarro y los humedales. 

Según los documentos, el 8 de abril del 2010 ya la Sociedad de Mejoras Públicas había firmado contrato para el diseño y construcción de la obra con la ‘Fundación Nuevos Horizontes Por un Desarrollo Sostenible del Ser Humano’ por un valor de $727 millones.

Ante las nuevas adversidades, el 1 de junio del 2010 se suspende nuevamente el convenio y es solo hasta el 15 de diciembre del mismo año que se firma el otrosí No. 2 cambiando de nuevo el sitio y autorizando su construcción dentro de la Planta de Tratamiento de Agua Potable de Puerto Mallarino.

Lo que viene después son cinco suspensiones más de la obra y la firma de otros cuatro otrosí en los que se dilataba el plazo de entrega y se hizo un reajuste presupuestal porque ya el dinero no era suficiente para hacer una obra que llevaba dos años de retraso.

Como si se tratara de una inocentada, el 28 de diciembre del 2011, a  tres días de que Jorge Iván Ospina dejara el cargo, se firmó el otrosí No. 6 extendiendo el plazo de entrega hasta el 27 de enero del 2012, estando ya Rodrigo Guerrero como alcalde.

Sobre las responsabilidades

Pero si fue difícil y tormentoso hallar un lugar para construir la planta de reciclaje de la ciudad, no lo será menos tratar de definir las responsabilidades de cada uno de los funcionarios que participó en el levantamiento de este monumento a la improvisación en Puerto Mallarino.

El exalcalde Jorge Iván Ospina aseguró no saber por qué Rodrigo Guerrero no puso la planta a funcionar. 

“Lo que sé es que el Dagma en mi época lo pensó como una estación piloto, cubierta y sectorial para reciclaje y aprovechamiento de algunos residuos y aún no se había pensado ni construido el segundo reservorio. Pero no tengo ni idea de las razones por las que Guerrero desestimó el proyecto y no lo dejó establecer”, dijo Jorge Iván Ospina.

Una respuesta indirecta podría ser el radicado 0283, del 26 de mayo del 2015, donde el entonces gerente de Emcali, Germán Marín Zafra, le dice a la directora del Dagma, María del Mar Mozo, que no es viable poner a funcionar la planta porque el objeto del convenio entre el Municipio y la Sociedad de Mejoras Públicas es distinto al convenio que firmó antes la gerente de Emcali Susana Correa con Jorge Iván Ospina y el Dagma y que no debió construirse el centro de acopio en la planta de Puerto Mallarino.

“Es totalmente inconveniente e improcedente el que Emcali permita la utilización de sus bienes para desarrollar competencias ajenas y generar beneficios a terceros, por encontrarse los mismos afectos solo al servicio público a su cargo”, reza el documento.

Nicolás Ramos, hoy director de la Sociedad de Mejoras Públicas, explicó que ellos lo único que hicieron fue construir la planta en el lugar que les indicó el dueño del contrato.

“Eso no se terminó porque el Municipio indicó cuál era el lote y para la segunda etapa, que era construir la vía de acceso, la Oficina de Planeación Municipal dijo que ese lote que destinó el mismo Municipio no se podía usar para el acceso porque aumentaba el tráfico en la glorieta y quedó la obra sin por donde entrar”, indicó Ramos.

La última palabra la tendrá la Oficina de Responsabilidad Fiscal de la Contraloría de Cali, que adelanta la investigación para definir las responsabilidades por el supuesto detrimento patrimonial que se ha generado.

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