Cuestionan millonario contrato de asistencia jurídica en la CVC

Febrero 01, 2011 - 12:00 a.m. Por:
Elpais.com.co
Cuestionan millonario contrato de asistencia jurídica en la  CVC

La Acción Popular contra CVC y Epsa fue instaurada por la comunidad vecina al río Anchicayá, que resultó afectada por el vertimiento de lodo en la zona.

La Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, CVC, podría invertir $2.800 millones en la contratación de una firma de abogados para que la asista en un proceso que la propia oficina jurídica de la entidad ya atendió desde octubre del 2009.

La Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, CVC, podría invertir $2.800 millones en la contratación de una firma de abogados para que la asista en un proceso que la propia oficina jurídica de la entidad ya atendió desde octubre del 2009.En efecto, el jueves pasado el Consejo Directivo de la entidad aprobó una adición presupuestal para contratar a un grupo de abogados, con el fin de que presenten un recurso frente a un fallo de Acción Popular en su contra. El fallo en mención condenó, en el año 2009, a Epsa y a la CVC a pagar un poco más de $140.000 millones por los presuntos daños que se le habrían causado a la comunidad por el vertimiento de lodos en el río Anchicayá y que procedían de la hidroeléctrica del mismo nombre que es propiedad de Epsa. Los pagos, según el fallo de primera instancia de un juzgado y que luego confirmó, en segunda instancia, el Tribunal Contencioso Administrativo del Valle, correspondían un 80% a Epsa y un 20% a la CVC. Es decir a la entidad ambiental debería cancelar unos $28.000 millones de la época, unos $33.000 millones a precios de hoy.Pero lo que ignoraban algunos consejeros es que ya la CVC, con sus propios abogados del área ambiental, encabezados por James Ortega, profesional de la Oficina de la Asesora Jurídica, desde el 21 de octubre del 2009, había presentado la solicitud de revisión eventual ante el Consejo de Estado. Ante esa situación, que se conoció el fin de semana, el Sindicato de la CVC y miembros del Consejo Directivo exigieron explicaciones. Incluso, algunos miembros del Consejo precisaron que aprobaron dicha adición porque no se les dio la información correcta.Uno de los primeros en pronunciarse fue Ramiro Tafur, delegado del Presidente de la República en el Consejo, quien en un correo electrónico a la directora de la CVC, María Jazmín Osorio, le expresó su preocupación por el hecho, debido a que tras haberse aprobado la partida de los $2.800 millones (...) “he recibido información que me indica que abogados nuestros ya habían hecho hace un año el tramite de la solicitud de revisión y se está a la espera de que el Consejo de Estado se pronuncie si revisa la sentencia”. Según el correo de Tafur, esa información no fue suministrada por la Subgerencia Jurídica, razón por la cual se dio aprobación a la partida para la contratación del grupo de abogados. “Por los motivos enunciados y porque me siento asaltado en mi buena fe, solicito a ustedes suspender de inmediato la contratación del grupo de abogados, hasta cuando se revise en una próxima junta el estado real de la demanda y mientras se cancela el acuerdo aprobado”. De igual forma, el Consejero pidió al Departamento Jurídico que le explique por qué no se dio información completa sobre el proceso de la revisión de la Acción Popular que solicitaron oportunamente los abogados de la CVC. “Esto me parece una falta grave que nos ha inducido (a los consejeros) a tomar una decisión equivocada por omisión de información”. Según confirmó Tafur, el sábado la Directora de la CVC le respondió un e-mail donde le dijo que su solicitud iba a ser atendida y para ello comisionó a la Oficina Jurídica, tras aclarar que en el próximo Consejo Directivo se debía dar “total y absoluta claridad” de la situación, que “está dejando a la administración en tela de juicio por omisión de información que igualmente desconozco”.Por su parte, la asesora del Ministerio del Medio Ambiente, Sylvia Pombo, se pronunció por la misma vía y aseguró que le parecía grave que la falta de información o el suministro errado de la misma “induzca a tomar decisiones no aptas para la Corporación cuando todos debemos velar por el patrimonio de la misma”, tras añadir que no está de acuerdo en que se contrate la firma de abogados hasta que esta situación sea tratada en la próxima sesión del Consejo. En respuesta a esas peticiones, Osorio anunció en el e-mail que quedaba “detenido” cualquier acto administrativo que hubiera expedido o se encontrara en trámite en el marco del acuerdo que se aprobó el jueves. No obstante, El País consultó con miembros del Sindicato de la CVC sobre la respuesta de la Directora y, según dijeron, en la tarde de ayer en la Oficina Jurídica no se había recibido orden alguna de parar la contratación. Ante ello, James Ortega, quien tuvo a su cargo el caso y preside la organización sindical, en un derecho de petición a la Dirección de la Corporación y la Jefe Jurídica solicitó que se le explique por qué si aún no se le ha revocado el poder que le confirió la entidad para llevar el proceso ante el Consejo de Estado se pretende contratar a otros abogados. Pero Ortega va más allá y pregunta qué acciones distintas a las judiciales realizarán los abogados, que justifique dicha contratación, “a sabiendas que los trámites judiciales que ordena el Artículo 11 de la Ley 1285 de Enero 22 de 2009, ya fueron realizados por el suscrito desde el 21 de Octubre de 2009”.De igual forma, el abogado cuestiona el por qué la administración de la CVC, transcurridos un año y dos meses, “tiempo en el cual se encuentra precluida la posibilidad de presentar ante el Consejo de Estado, la solicitud del mecanismo de revisión eventual contemplado en el Artículo 11 de la Ley 1285 de 2009, contra la sentencia proferida por el Tribunal Contencioso Administrativo, decide contratar un grupo de abogados ‘…para que lleve a cabo la defensa de los intereses de la Corporación…’, a sabiendas que el suscrito, como abogado de la entidad, realizó las acciones en el tiempo oportuno y dentro del término legal. El abogado sostiene que la contratación que se pretende y que valdrá $2.800 millones “es extemporánea, inoportuna e inconveniente para los intereses de la CVC, puesto que se corre el riesgo inminente de que el grupo contratado cobre una ‘Comisión de Éxito’ sin realizar ningún trámite, o realizando un supuesto trámite extemporáneo, con base en la gestión del suscrito, que por demás es la gestión y el estudio del Grupo Ambiental, que actualmente coordino”.

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