Convenios, atajo ideal para eludir licitaciones en Cali

Convenios, atajo ideal para eludir licitaciones en Cali

Marzo 05, 2011 - 12:00 a.m. Por:
Unidad investigativa
Convenios,  atajo ideal para eludir  licitaciones en Cali

Gracias a un convenio por valor de $233 millones se contrató los servicios de la Emru para la logística de la elección de los representantes de los predios de las 21 Megaobras, aunque no es su objeto ni misión funcional.

Bajo esta figura, el Municipio ha hecho contratos por $250.000 millones, para todo tipo de actividades. El abuso y la mala aplicación de esta modalidad es el sello de la actual Administración.

Un año después de que estallara el escándalo por el ‘carrusel’ de contratos en Bogotá y justo cuando se dan las primeras sanciones, empiezan también a conocerse similares irregularidades en otras regiones del país.La revista Dinero reveló el jueves pasado que “el Alcalde Jorge Iván Ospina enfrenta quince investigaciones por presuntas irregularidades en la contratación y su esposa, la ingeniera Marcela Patiño Castaño, acepta que ha tenido sociedades con miembros del consorcio Construcciones Maja, que ha ejecutado obras con el Municipio”.En medio del ruido generado por estas denuncias hay un aspecto de la contratación de la Alcaldía que había pasado inadvertido, pero que poco a poco se va destapando, debido a su dimensión.Se trata de la forma como el gobierno del médico Ospina ha usado la contratación directa, a través de la figura de convenios interadministrativos (entre entidades del Estado) o de asociación (entre el Estado y un particular), para evadir los procesos de licitación y concursos de méritos que ordena el Estatuto de Contratación Pública.De acuerdo con la información divulgada por la Contraloría de Cali, utilizando dicha modalidad han sido ejecutados por la administración de Ospina un total $244.494 millones en los últimos tres años.Aunque el ente de control advierte que podrían ser mayores los recursos involucrados a través de convenios, “debido a que nosotros hacemos un control aleatorio, o sea, no revisamos todos los contratos sólo algunos”, recalcó Alma Carmenza Erazo, contralora de Cali. Esos recursos estatales han sido gastados en toda clase de objetos y fines (obras, compras, estudios, conciertos, elecciones), pero ni un sólo de esos pesos ha sido adjudicado a través de una licitación o concurso, “todo ha sido entregado a dedo”, dijo una fuente de la Fiscalía que investiga las obras del estadio, contratadas por esa vía.El País hace público un listado con los convenios que hasta ahora pudo encontrar y corroborar, firmados entre las diferentes dependencias del Municipio y también con particulares (ver tablas y documento en página web), algunos de ellos han sido objeto de vigilancia especial por parte de la Contraloría, la Procuraduría y la Fiscalía.La preferencia por esta modalidad de contratación causa preocupación entre los expertos en Derecho Administrativo como los abogados Jorge Santos y Hernando Morales, quienes coinciden en que “si bien es una figura legítima, mal aplicada atenta contra los principios de transparencia, igualdad, economía y selección objetiva que consagra la Constitución colombiana”.En igual sentido se pronunció la contralora Erazo, “lo que se exige al Municipio no es que deje de hacer convenios, sino que cumpla con las normas que le obligan a certificar por escrito debidamente motivado, que las entidades particulares tienen reconocida idoneidad, lo cual no es otra cosa que la experiencia con resultados satisfactorios que acreditan la capacidad técnica y administrativa, como es el caso de la Sociedad de Mejoras Públicas, que no cumple con ese ítem”.Santos y Morales consideran que la prueba de que las entidades que se escogen para hacer los convenios no tienen idoneidad es que “se termina subcontratando buena parte del objeto social, cuando no es el 100% de lo convenido”.Ante las críticas El País consultó a María del Pilar Cano, directora Jurídica de la Alcaldía, y quien se encarga de revisar cada uno de los convenios que firma el alcalde Ospina. La funcionaria destacó que “los convenios son un instrumento legal orientado por los mismos principios de la función administrativa, nosotros hemos venido haciendo las cosas apegados a la ley, la prueba es que en estos años no tenemos ningún fallo fiscal en contra porque se haya perdido el dinero de una obra, es más, la gente se queja pero está viendo que las obras van avanzando, se están haciendo”. Aunque como dice la funcionaria, aún no hay fallos contra la Administración por estos convenios, hay que decir que son múltiples las investigaciones en curso por esta razón, que convocan no sólo a la Contraloría, sino a la Procuraduría y a la Fiscalía.El ratón cuidando el quesoLos reparos también van enfocados a que los objetos de los convenios son demasiado amplios, como en el caso de un convenio entre la Secretaría de Infraestructura y Valorización y la Empresa de Renovación Urbana, Emru, por valor de $233 millones y cuya finalidad es “adelantar los servicios complementarios tendientes a promover la participación democrática para adelantar el proceso electoral de los representantes de los propietarios de los predios en la zona de influencia de las 21 Megaobras”.Al respecto, la Directora Jurídica de la Alcaldía señaló que “el objeto social de la Emru es amplio y como fue la entidad que coordinó lo referente a las Megaobras, por eso también apoyó esa elección”.Pero las quejas van más allá. La Contralora señala que al no haber competencia entre los subcontratistas se puede generar un efecto de relajamiento que afecte la buena calidad de las obras. “También puede afectarse el principio de economía, que es cuando el Estado busca el mejor bien o servicio por el mejor precio posible”, dice Erazo.Cano, jurídica de la Alcaldía, replica: “Tanto la Emru, como el Fondo Mixto y las demás entidades con que hacemos convenios tienen su propio estatuto de contratación, por eso no se puede afirmar que se viola el principio de igualdad, cualquiera puede participar de sus invitaciones”.Al revisar este punto, El País encontró que si bien es cierto que las entidades mencionadas tienen estatutos de contratación, por lo general sus invitaciones para recibir ofertas son privadas, lo cual no asegura la amplia e igualitaria participación de oferentes.Otro punto polémico es el valor que debe pagar el Municipio por la administración de los convenios. “En algunos casos se paga, pero no en todos, ese es un tema que depende de las características de cada negocio, y cuando se paga es por la gestión que los profesionales de entidades como la Emru o el Fondo Mixto realizan para cada proyecto, incluso eso nos ayuda a bajar costos”, argumenta Cano.Lo que no queda claro es si dichos funcionarios son pagados con dineros oficiales y hacen parte de la nómina de las entidades mencionadas, o si sus ingresos salen del presupuesto de cada proyecto.Tal vez la crítica más aguda tiene que ver con la interventoría de los convenios, algo fundamental para evitar que los recursos públicos se despilfarren por malos manejos de los subcontratistas.Al respecto, Cano sólo atinó a responder que, “de acuerdo a la Ley la vigilancia la hacemos con funcionarios idóneos del mismo Municipio”.Los contratos extrañosEn la revisión a 103 convenios hay varios cuyo fin o valor llaman la atención por si solos. Tal es el caso de los $8.000 millones que le dio Planeación a la Emru en el 2009 para el “enlucimiento de los espacios públicos de la ciudad”. O de los $2.000 millones que la misma dependencia le entregó a la universidad del Valle para que “identifique la viabilidad de la torre única de telecomunicaciones para el Municipio”. También genera dudas los $10.000 millones que le dio la Secretaría de Gobierno a Fedecafe para “fortalecer el área perimetral del centro de reclusión Valle del Lili, de donde todavía se siguen escapando lo jóvenes internos”.

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