Controlaría investiga al municipio por irregularidades en la compra de 22 camionetas

Controlaría investiga al municipio por irregularidades en la compra de 22 camionetas

Marzo 29, 2012 - 12:00 a.m. Por:
Unidad Investigativa
Controlaría investiga al municipio por irregularidades en la compra de 22 camionetas

Desidia. Algunas de las camionetas que motivaron esta investigación se encuentran olvidadas en el sótano del CAM, con visibles daños como vidrios rotos, no tienen llantas o, incluso, el motor fundido, como la de la foto.

Contraloría revisa la forma en que 22 camionetas fueron dadas a los concejales en 2008 y los graves daños que tienen.

Una investigación por un presunto detrimento patrimonial que habría sufrido la Alcaldía de Cali inició la Contraloría Municipal, con el fin de establecer la presuntas irregularidades que se habrían cometido en la entrega de 22 camionetas Nissan, compradas por el Municipio, y que terminaron transportando a los concejales desde el 2008.La queja que dio pie a la investigación fue puesta ante la Oficina de Control Fiscal Participativo de la Contraloría, que recibe las denuncias de los ciudadanos y las procesa, por Nelson Polanía Burgos, dirigente sindical del Concejo, quien en los primeros días de enero de 2012 fue testigo de acaloradas discusiones entre varios de los concejales nuevos y los salientes, en el sótano del CAM. El caso fue encomendado a Alejandro Paz, director técnico ante la Administración Central de la Contraloría. Una de las causas de la denuncia es el pésimo estado en el que se encuentran dichos vehículos, que apenas tienen cuatro años de uso. Entre los que están en peor situación se destaca el que recibió el concejal Juan Carlos Olaya del partido Mira. “Lo que a mí me dieron no es una camioneta sino un ‘cacharro’, que tiene el chasis torcido, está sin aire acondicionado y hacía más de 40.000 kilómetros que no le cambiaban el aceite, fue un milagro que el motor no se fundiera”, le explicó Olaya a El País.El concejal del Mira no ha podido precisar quién era el anterior usuario de la camioneta, pero sí le gustaría que los organismos de control lo ubicaran pues “no se compadece que un bien público haya sido tan mal cuidado”.Pero este no es el único caso. Existen por lo menos media docena de concejales que hoy no pueden usar los vehículos asignados debido a que estos presentan desperfectos mecánicos, les han cambiado las piezas originales, tienen daños en lata, pintura y vidrios o, incluso, el motor fundido ¿Quién dio la orden?La investigación que inició la Contraloría busca identificar si existe responsabilidad fiscal por el presunto detrimento patrimonial causado a la Alcaldía de Cali por la negligencia en el cuidado y mantenimiento de las 22 camionetas asignadas a los concejales, las cuales son consideradas bienes públicos.Es por esta condición, ser bienes del Municipio, que la Contraloría busca determinar quién dio la orden de entregar dichos carros para uso de los concejales sin que “medie un mecanismo jurídico adecuado para el control de los mismos, precedido de un estudio sobre la viabilidad de su entrega”, como reza uno de los oficios que piden la indagación.El País identificó que las camionetas fueron compradas por la Dirección de Desarrollo Administrativo de la Alcaldía el 10 de octubre de 2008, a través de la licitación pública número LP DDA-03, negocio que le costó al Municipio $1.795 millones.Varias cosas llaman la atención, la primera de ellas es que si bien la licitación habla de 27 camionetas, 15 de cabina cerrada con full equipo a gasolina y 12 doble cabina con platón a diesel, al revisar el acta de entrega de la Distribuidora Nissan S.A. se aprecia que dieron una camioneta más, de las que son a Diesel.Al parecer esa camioneta es el resultado de una oferta especial que aseguró la compra por parte de la Dirección de Desarrollo Administrativo, que en esa época era dirigida por Arturo Barco, exfuncionario que es el directamente implicado en la investigación, junto a Johannio Marulanda, quien era el alcalde encargado y firmó el contrato, así también como Jorge Iván Ospina, pues la responsabilidad de la tutela de los bienes del Municipio es indelegable.La justificación dada por la Alcaldía en el Estudio de Conveniencia y Oportunidad realizado antes de celebrar el contrato de compraventa de las camionetas fue que se pretendía satisfacer la necesidad creada por “el deterioro del parque automotor de la municipalidad”, el cual para la fecha del negocio, “constaba de 237 vehículos de los cuales un 78% estaban el mal estado, toda vez que tenían más de 10 años de uso, a los que si bien se les habían hecho reparaciones y mantenimiento, mostraban un gran deterioro y ya no brindan la seguridad necesaria a los servidores públicos que se desplacen por la vías de la ciudad en el ejercicio de sus funciones”. Por lo tanto, con la adquisición de las 28 camionetas se pretendía resolver este problema al “proveer los vehículos necesarios y en condiciones óptimas para el desplazamiento y normal desempeño de los objetivos misionales de la Administración y sus distintas dependencias”.Por eso, la Contraloría indaga cómo fue que si los 28 automotores pretendían resolver un problema de movilidad en la Alcaldía, 22 de ellos, o sea, el 80% de los bienes comprados, terminaron prestando su servicio a los concejales de Cali elegidos para el período de 2008 a 2011 y, como si esto no fuera suficiente, ningún funcionario de la Administración Ospina fue encargado de vigilar y controlar el buen uso de las camionetas.El País intentó comunicarse en repetidas ocasiones con Arturo Barco, pero no contestó el celular. Por su lado, José Luis Pérez, quien era el presidente del Concejo cuando llegaron las camionetas, dijo que “las iban a dar en comodato, pero eso suponía que el mantenimiento corría por cuenta del Concejo y la entidad no cuenta con recursos, por lo que las entregaron con actas que firmaron los chóferes o auxiliares de los concejales”.Si bien la investigación de la Contraloría no incluye a ningún concejal pues la responsabilidad sobre los vehículos recae en los funcionarios de la Alcaldía, la Procuraduría puede tomar medidas disciplinarias contra los cabildantes y sus conductores en los casos en que las camionetas presenten daños graves distintos al desgaste normal.Pérez, quien ahora funge como asesor de la Alcaldía, aclaró que “los carros asignados a Rodrigo Guerrero, Nelson Garcés y a mí, mientras fuimos concejales, fueron devueltos en perfecto estado”.

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