Control de ruido, un problema que le gana la batalla a Cali

Diciembre 15, 2013 - 12:00 a.m. Por:
Diana Carolina Ruiz | El País.
Control de ruido, un problema que le gana la batalla a Cali

Barrios afectados por ruido proveniente de actividad nocturna.

En promedio se registran 75 decibeles (dB) de ruido. Después de 65 dB, la gente está propensa a sufrir problemas de salud.

Cali es una ciudad bullosa. En promedio, en ella se registran 75 decibeles (dB) de ruido, según mediciones de la autoridad ambiental. Es como si los caleños escucharan en la calle, de manera constante, un sonido de intensidad similar al de una alarma despertadora. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, OMS, después de 65 dB las personas están propensas a sufrir problemas de salud, en especial, de audición.Bajarle el volumen a la ciudad es una tarea que ciudadanos y autoridades califican como compleja. Se trata de un panorama en el que confluyen las debilidades en los controles por parte de las autoridades, las demoras para emitir sanciones, la cultura de la ilegalidad y las demandas de ciudadanos desvelados.La radiografía de esta ‘patología’ que padece la ciudad la presentó esta semana la Personería de Cali en un informe en el que se califican como “infructuosas” las labores realizadas hasta el momento en materia de control de ruido. El primer problema es que en Cali hay 1654 negocios nocturnos para controlar. Pero el Dagma (autoridad ambiental en la ciudad) tiene, a la fecha, 16 personas dedicadas a realizar operativos. Eso equivale a menos de un funcionario por cada cien establecimientos comerciales.Martha Landazábal, directora del Dagma, explica que “se sabe que la entidad carece de personal suficiente. El personal de Ruido es todo contratista y cuando salimos a buscar gente capacitada en esto no la encontramos, tenemos que formarla. Sí tenemos la necesidad de contar con mucho más equipo”. La funcionaria insiste en que la tarea por parte de la entidad se ha cumplido: Hasta la primera semana de diciembre de este año hubo 652 operativos, se aplicaron 116 medidas preventivas y se decomisaron 34 equipos de amplificación. Mónica Duque, encargada del área del ruido en el Dagma, explica que “podemos lograr que el negocio esté insonorizado, pero la gente que sale y hace remates en sus alrededores o el tráfico vehicular también generan impacto. Por eso, siempre hay que trabajar de manera articulada con Gobierno o Tránsito, porque vemos que los controles son más efectivos”. La falta de articulación de las autoridades es otra falencia en el control del ruido, según la Personería de Cali. Andrés Santamaría, personero de la ciudad, explica que “cuando se visitan los negocios se ve que la actividad para la que fueron autorizados no se cumple. El problema está desde la expedición del uso del suelo, se necesita verificar los sitios donde se entregan”.De acuerdo con funcionarios del Dagma, la mayor cantidad de quejas por ruido en sectores netamente residenciales se relaciona con usos del suelo mal manejados. La Subdirección de Ordenamiento Urbanístico, que entrega los conceptos de usos de suelo (documento que define qué actividad se puede ejercer en un predio) tiene 17 funcionarios para hacer visitas y verificar si se cumple la norma. María Virginia Borrero, subdirectora de dicha dependencia, dice que a diario se reciben 120 peticiones para expedir o revisar usos del suelo “y ese proceso es manual. Hoy solo tengo una persona para hacer eso, hay 525 conceptos represados. Estamos aplicando planes de choque para descongestionar el proceso”.En el control de los usos del suelo en los establecimientos, la Secretaría de Gobierno también está involucrada. Su principal falencia, dice la Personería, es que no vigila permanentemente los sitios donde se ordenaron cierres preventivos o se impusieron sanciones.Según voceros de Gobierno, la dependencia tiene cuatro personas para hacer visitas y siete abogados para los procesos jurídicos de sanción. “Es muy poco pero los controles son constantes”, dicen.“Se está estudiando instaurar acciones populares porque los vecinos no ven correctivos definitivos para discotecas, a pesar de las quejas e infracciones comprobadas”, dicen habitantes del barrio Gran Limonar, afectados por el ruido de algunos locales de la Carrera 66. “Me cansé de esperar”Mientras las entidades afrontan líos administrativos, los ciudadanos se aferran a las vías judiciales en busca de medidas efectivas y sanciones ejemplares.El pasado 20 de noviembre, por ejemplo, el Juzgado 21 Penal del Circuito ordenó a la Secretaría de Gobierno, en segunda instancia, cerrar dos locales de la Avenida 6N con Calle 17N. “Llevaba cuatro años pidiéndoles a las autoridades sanciones al respecto, pero me cansé de esperar. Les pasé videos, fotos y papeles probando las irregularidades y nada pasó”, contó la demandante. “No es posible que existan casos como el de una clínica que a través de una tutela pide cerrar un negocio cercano para que los pacientes hospitalizados puedan dormir”, comentó el Personero de Cali, durante la exposición del informe de ruido y uso del suelo, del pasado lunes.Martha Peña, presidenta de la Junta de Acción Local, JAL, de la Comuna 2, explicó que “gracias a una tutela, en el 2007 se impidió que se realizaran eventos hasta altas horas de la noche en el Centro de Exposiciones Las Orquídeas, por el ruido e impacto en el espacio público”.En el Dagma, que este año recibió diez tutelas pidiendo controles por ruido, explican que un cierre no es tan sencillo. Según Mónica Duque, la entidad puede demorarse hasta seis meses en expedir resoluciones de cierres temporales y definitivos. “La ruta de sanción está establecida por la ley. Se debe escuchar a las partes, los sancionados pueden presentar sus apelaciones y hacer adecuaciones. La Dirección Jurídica se toma el tiempo que se exige. El próximo año saldrán sanciones definitivas de procesos que comenzamos este año”, indicó.Un año puede tardar, además, emitir resoluciones de retiro definitivo de usos del suelo o cierres definitivos de establecimientos por parte de la Subdirección de Ordenamiento Urbanístico. El mismo tiempo se puede tomar la Secretaría de Gobierno para sancionar a negocios que operan de forma irregular.“Se hacen informes técnicos, citaciones. Los sancionados ponen y ponen recursos y se vuelve una discusión jurídica. Por ley, todo el mundo tiene derecho a la defensa. Hay que respetar el debido proceso”, explica la Subdirectora de Ordenamiento.Pero frente a esto, líderes como Diana Casasfranco, de la JAC de Juanambú, asegura que “lo que molesta es que no se den respuestas. Aquí tenemos 200 folios, de hace 4 y 5 años, de peticiones para que se revise si los locales que aquí funcionan son legales o no. Pero vienen un día, hacen un cierre y no vuelven, entonces los dueños abren el sitio y no les importa la gente”.La señora Borrero argumenta que los usos del suelo también se dan con el principio de la buena fe, de que se cumpla la norma. Pero en Cali, dice la Personería, hay estancos que funcionan como discotecas, restaurantes que sirven como bailaderos, tiendas en las que se consume licor, pese a tenerlo prohibido. “La gente le pide a uno que le ponga la música duro para bailar y ellos son los que mandan. Por ejemplo, nosotros traemos orquesta para darle un plus a la clientela”, argumenta el administrador de un restaurante bar de la Calle 9 con Carrera 62, reincidente infractor de los parámetros de ruido, según funcionarios del Dagma.También están los impedimentos que la misma gente, clientes y propietarios, les ponen a las autoridades para evitar los controles. “Sancionamos negocios y nos ponen tutelas. Si los jueces ordenan abrir sitios que ya habíamos cerrado por operar de forma irregular, debemos proceder”, explican voceros de Gobierno. “Se necesita capacitar a la gente sobre el manejo del ruido pensando en que todos tienen derecho a la salud y tranquilidad. Tenemos una cultura de ruido que no se cambia de la noche a la mañana”, dijo la Directora del Dagma.Soluciones para el futuro Estatuto del ruido: Para el 2014, el Dagma espera crear este documento, que unificará los criterios normativos para manejar el ruido y sancionar a infractores. Zonas de protección acústica: En el nuevo POT quedarán señalados los puntos más críticos en materia de ruido. En ellos habría suspensiones de entrega de usos de suelo y adecuaciones correctivas en negocios ya existentes. Uso de alto impacto: Así será catalogado el uso de suelo para expendio y consumo de licor por parte de Planea- ción. El objetivo es exigir a los negocios adecuaciones acústicas como cerramien- tos, a manera preventiva. Digitalización de usos del suelo: Ordenamiento Urbanístico trabaja en sistematizar documentos y crear aplicaciones digitales para evitar fraudes o anomalías en la entrega de conceptos.

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