Contrato con el HUV enreda a concejal de Cambio Radical, Luis Enrique Gómez

El concejal estaría inhabilitado pues tenía vigente un contrato de obra seis meses antes de ser elegido.

El concejal de Cali por el partido Cambio Radical, Luis Enrique Gómez, podría perder su curul, de prosperar una solicitud ante la Procuraduría General de la Nación para que se investigue si estaba inhabilitado al momento de inscribirse como candidato y, por tanto, su elección quedaría en entredicho.El enredo surge por un contrato para adecuar la Unidad de Transplantes y Tejidos del Hospital Universitario del Valle, HUV, para el cual resultó elegido el ahora concejal, quien es arquitecto de profesión.La obra civil debía ser ejecutada en 90 días, pero por diversas y confusas razones nunca se terminó en su totalidad y sólo fue entregada dos años después de la fecha inicial, el 27 de octubre de 2010. Sin embargo, lo que enreda la inscripción y elección de Gómez es el acta de liquidación del contrato, fechada el 25 de abril de 2011, cuando él ya era candidato a la corporación edilicia de la ciudad.En este sentido el Artículo 40 de la Ley 617 de 2000, que fija las inhabilidades para ser inscrito y elegido como concejal, es claro. Dice la norma que no podrá aspirar “quien dentro del año anterior a la elección haya intervenido en la gestión de negocios ante entidades públicas del nivel municipal o distrital o en la celebración de contratos con entidades públicas de cualquier nivel en interés propio o de terceros, siempre que los contratos deban ejecutarse o cumplirse en el respectivo municipio o distrito”.Quien instauró la queja ante la Procuraduría fue María Isabel Larrarte, ex candidata al Concejo por el mismo partido, quien se vería beneficiada de ser anulada la elección de Gómez, pues ocuparía la curul en el Concejo.Al respecto, la denunciante precisó que su interés fue por “cumplir con un deber como ciudadana”, pero reconoció el beneficio que tendría si se decretara la inhabilidad de su copartidario.El concejal Gómez le dijo a este diario que no ha sido notificado por el Ministerio Público sobre proceso alguno en su contra y por esa razón no anticipa explicaciones al respecto. Sin embargo, aseguró que “se trata de una estrategia de grupos poderosos en mi contra”. Sobre la liquidación del contrato por la obra sin terminar ratificó a El País que entre las razones que adujo estuvieron sus inconvenientes de salud. “Pero el contrato fue liquidado bilateralmente”, advirtió.En caso de que se acogiera la solicitud de la señora Larrarte de suspenderle la curul a Gómez, sería ella quien llenaría ese espacio por haber obtenido la votación siguiente, siempre y cuando para el momento de la decisión no haya entrado en vigencia la reforma política que cursa en el Congreso, que deja vacía la silla de quien pierda la curul.Prueba reinaEl contrato que tiene en entredicho la curul del concejal Gómez se suscribió el 18 de diciembre de 2008 por un valor de $290 millones, pero sólo arrancó 46 días después, el 2 de febrero del 2009.Cuatro días después, el viernes 6 de febrero de 2009, cuando la tinta del acta de inicio aún no se había secado, la obra se paralizó por primera vez, debido a que una bacteria invadió el espacio del centro asistencial donde se efectuarían los trabajos. Y sólo se reinició 117 días después, el 3 de junio del mismo año, cuando la situación sanitaria fue controlada.Desde entonces se dio una cadena de suspensiones y prórrogas del contrato e incluso un ajuste a su valor, que lo elevó a $320 millones. Entre los motivos argumentados para las extensiones de tiempo se anota la imposibilidad de trabajar en espacios ocupados por las actividades propias del hospital.Otra de las suspensiones, la del 15 de octubre de 2009, fue solicitada por Gómez con la justificación de ajustar los diseños a “las nuevas disposiciones establecidas por el Instituto de Medicamentos y Alimentos, Invima, que permitieran la certificación de buenas prácticas”.A todas estas, el contratista había recibido un anticipo del 30% del valor total del contrato, equivalente a unos cien millones de pesos.La parálisis se alargó un año y la obra se reinició el 11 de octubre de 2010. Pero al día siguiente Gómez solicitó una nueva prórroga, argumentando según consta en el acta de liquidación conocida en forma exclusiva por El País, que “la mayor parte del tiempo transcurrido del contrato se utilizó en las obras de contingencia”, por lo que se autorizó un nuevo plazo de 60 días, hasta el 16 de diciembre.Sin embargo, a los cuatro días, el 15 de octubre de 2010, Gómez pidió la sesión del contrato, solicitud que el HUV rechazó. Esta negativa lo obligó a ampliar las pólizas de cumplimiento y estabilidad de obra antes de que éstas se vencieran.Una semana después, el 22 de octubre, Gómez pidió liquidar de mutuo acuerdo el contrato, esta vez argumentando que “se le presentaron problemas personales y de salud, que por fuerza mayor le hacen imposible seguir cumpliendo a cabalidad el seguimiento a la ejecución...”.Los quebrantos de salud aducidos por Gómez para no continuar con la obra no fueron impedimento para que una semana después se inscribiera como candidato al Concejo de Cali.A estas alturas de la relación contractual, el HUV había pagado cien millones de pesos por una obra que aún no veía materializada, según los requerimientos de la entidad de salud, por lo que las directivas del hospital decidieron postergar el proyecto y ejecutarlo luego, aceptando terminar el contrato con Gómez.El problema para el concejal es que el acta de liquidación, que es el documento válido para demostrar la finalización de su relación contractual con el HUV, fue suscrita el 25 de abril de 2011, apenas seis meses antes de ser elegido concejal, lo que ocurrió el 30 de octubre de ese año.Preguntado sobre este hallazgo Gómez manifestó que se encuentra recaudando la documentación con el HUV para poder emitir un pronunciamiento al respecto, dado que “es difícil recordar por el tiempo que ya transcurrió del mismo”. Sin embargo, descartó que se encuentre incurso en una inhabilidad porque, según él, ésta se presentaría “si hubiera firmado el contrato dentro del año inmediatamente anterior a la inscripción”.Según consta en el acta de liquidación del contrato los cien millones de pesos cobrados por el concejal Gómez corresponden a los trabajos que efectuó. El País recorrió los espacios intervenidos y encontró que efectivamente se ejecutó obra, sin embargo ésta no corresponde a la que fue contratada inicialmente.