Contraloría cuestiona las obras del estadio Pascual Guerrero

Ente fiscalizador confirma denuncias hechas por El País y hace 11 hallazgos entre fiscales, disciplinarios y penales. El informe cuestiona la gestión adelantada por el Municipio y el Fondo Mixto del Deporte, entidad que recibió $83.886 millones.

Once anomalías o hallazgos administrativos detectó la Contraloría de Cali en las obras de remodelación del estadio Olímpico Pascual Guerrero, contratadas por el Municipio de Cali con el Fondo Mixto del Deporte.Descargue el informe de la Contraloría en PDFDicho contrato, otorgado a través de cinco convenios administrativos, tuvo un valor de $83.886 millones. Entre las conclusiones de la Contraloría se destaca que “no hubo la planificación ni el cuidado adecuado”. Pero además, hay actuaciones que llamaron la atención del ente fiscalizador por la aparente violación de normas y por las conductas asumidas por los funcionarios.Por ejemplo, los dos cargos con implicaciones penales que se relacionan con la compra de la pantalla y la financiación de las obras.La Contraloría evidenció “un incremento de 37 veces el valor que pagó el Fondo Mixto por la pantalla Led que tendrá el estadio”. En su defensa el Municipio alega que la comparación de precios, entre lo declarado por el vendedor (B&T Trading) ante la Dian y lo pagado por el Fondo Mixto no es procedente, sin embargo el hallazgo quedó en firme.Otro cargo que el Municipio no logró desvirtuar es el hecho de haber recibido 20 módulos de la pantalla que no están nacionalizados, o sea, que no pagaron impuesto y se pueden considerar de contrabando. La Administración dijo que no era responsable de revisar la información plasmada en la declaración de importación, pero la comisión auditora considera que era deber del Fondo Mixto como entidad contratante, del Municipio-Secretaría de Deporte y Recreación y del supervisor del convenio, “verificar que los elementos que se adquieran con ocasión de la contratación, cumplan con los requisitos legales”.Por esta razón se le correrá traslado del informe a la sección de Aduanas de la Dian para que inicie el proceso de confiscar la mercancía. Según la Contraloría “hay deficiencias en el manejo, control, conservación y custodia del bien que fue adquirido con recursos públicos y entregado al Municipio en el 2009”.Otro cargo que quedó en firme y tiene alcance penal por haber trasladado la obligación de conseguir la financiación al Fondo Mixto por un valor cercano a los $14.350 millones. “Allí se puso en riesgo la estabilidad de las obras y se puede ocasionar un detrimento patrimonial toda vez que el Fondo Mixto incurrió en unos costos financieros que no se pueden pagar con recursos públicos”, señala el informe.Finalmente el ente de control considera que hubo una “ineficiente gestión en la administración de los recursos públicos encomendados al Fondo Mixto para la compra de las sillas del estadio, lo que ocasionó un presunto detrimento al patrimonio público por la suma de $622.197.614 si se compara con el valor de adquisición de las sillas para el estadio de Armenia y por $843.064.166, si se compara con el valor de compra de las del estadio en Pereira”.