Consultorios jurídicos, una alternativa de justicia para las familias caleñas

Septiembre 20, 2015 - 12:00 a.m. Por:
Lorena Dumancely Salazar | especial para El País*

Miles de ciudadanos acuden a los centros de atención de las universidades Santiago de Cali, Icesi, San Buenaventura, Javeriana, Cooperativa y Libre.

Rosalba Artuluaga Cruz, de 55 años,  tenía una deuda de $380.000  con un almacén de telas en Cali. Se quedó sin trabajo y al no poder pagar  al establecimiento fue embargada.  Como pudo consiguió el dinero y  terminó pagando un millón de pesos a la abogada que representaba al almacén. “Un año después, decidí vender mi casa, pero fue imposible ya que el inmueble seguía apareciendo en embargo. Me perjudicaron horrible. Pero gracias a un amigo que me recomendó el consultorio  de la Universidad Santiago de Cali pude comenzar a resolver mi caso. Me ha gustado  la atención y  ha sido eficaz la ayuda”. Como el de doña Rosalba son muchos los casos, asesorías o conciliaciones que atienden los estudiantes de los dos últimos años de derecho de las universidades Santiago de Cali, Icesi, San Buenaventura, Javeriana, Cooperativa y Libre. Ellos   dan  soluciones a  los miles de  problemas, querellas o violaciones de derechos que sufren los caleños.  Los seis consultorios jurídicos y de conciliación trabajan en las cuatro  áreas del derecho: civil, laboral, administrativo y familiar. Algunos prestan sus servicios en el área penal, pero los estudiantes por su condición no pueden llevar hasta últimas instancias los casos penales, sino abogados ya graduados. Yeraldin Restrepo Giraldo, estudiante de octavo semestre de derecho de la Universidad Icesi, afirma que deben ser cuidadosos a la hora de hablar con quienes solicitan ayuda . “No solo es saber cómo aplicar la teoría aprendida, sino también ser conscientes de la manera cómo se le habla al consultante, ya que a veces, atendemos a personas carentes de una educación primaria y para eso también nos prepara el consultorio”.  Los servicios  se prestan gratis   a personas de estratos 0, 1, 2 y 3. También a ciudadanos en condición de desplazamiento o marginalidad.   Los consultorios realizan una primera entrevista exhaustiva para estudiar al consultante,  con el fin de, si por ejemplo,  alguien que vive en estrato 4  demuestra que no tiene recursos, los estudiantes  le presten colaboración. “El abogado por excelencia debe contar con vocación de servicio, su entrenamiento en el consultorio afina su sensibilidad con el público”, afirma Laura Olarte, egresada de derecho de la  Javeriana, quien hace un año trabaja como auxiliar de docencia en el centro educativo. El consultorio jurídico de la Universidad de San Buenaventura lleva ya 40 años en funcionamiento y este año firmó un convenio con 7 bibliotecas ubicadas en el oriente de la ciudad, para atender virtualmente a quienes necesiten consultas   y no tengan cómo desplazarse hasta sus instalaciones en el barrio Versalles. Su directora Claudia Isabel Mendoza siempre está en busca de gestar planes en pro de la sociedad. Para ella hay que “ser preventivos y no curativos”, por eso,  desde el consultorio, dice, busca aportar a la construcción del tejido social en Cali. Heidi Guzmán es la directora del consultorio jurídico de la Universidad Cooperativa de Colombia. Ella comenta que ellos organizan  de 7 a 8 brigadas de conciliación al año en la Casa de Justicia de Aguablanca,  para enseñarle a la gente a reclamar sus derechos.  Cada semestre se benefician alrededor de 500 ciudadanos. “Uno de los casos que más recuerdo ocurrió en el Oriente, una madre lloraba porque debía entregar a sus hijos, ya que no tenía para darles un sustento. La señora  alegaba que su esposo le hacía disparos delante de los menores y  no era justo separarse de sus niños. Sin embargo, uno de los chicos que manejaban  el caso se conmovió y llamó a  todas las sucursales de la empresa  para la que él trabajaba, en busca de empleo para la señora.  Al final pudo conseguírselo”, comenta Guzmán. Ese día, confiesa ella, se sintió  agradecida por la labor de sus estudiantes y tranquila de saber que se están formando, en su facultad, abogados integrales. El consultorio jurídico  de la Universidad Santiago de Cali adelanta un plan de inclusión para la comunidad LGBTI. “Tenemos pensado organizar un grupo de estudiantes que se sientan identificados con la comunidad LGBTI,  para que el trato sea atendido de tú a tú y ellos de una manera más cómoda puedan expresarnos todos sus problemas”, afirma la directora del consultorio Lina María Ibarra, quien agrega que ellos reciben  muchas personas de esta comunidad, cuyos miembros a veces son  marginados por sufrir alguna enfermedad de transmisión sexual. Añade que el semestre pasado fueron atendidas 3344 personas  en donde los procesos laborales fueron los más consultados con 741 casos, seguido de los de familia con 715 y civil con 676, acompañados por 600 estudiantes de séptimo a décimo semestre. Óscar Vergara Taborda es abogado y docente en el área de derecho de la Universidad Libre. Él considera que los consultorios son una fuente de aporte al desarrollo de la comunidad para la convivencia en paz y además, ayudan a la descongestión de despachos judiciales. “Recuerdo un caso que me impactó mucho. Unos señores adultos,  8 o 10 hermanos, fueron citados  para discutir a quién le entregaban a la mamá, ya que ella se había constituido en un problema para la familia. ¡Vi a sus hijos tratando de eludir la responsabilidad del cuidado de su progenitora!”. Luz Mariela Sánchez, directora del consultorio jurídico de la Universidad Icesi; Juliana Rojas, directora del consultorio de la Universidad Javeriana y Damaris Blandón, directora del consultorio de la Universidad Libre, también hacen parte del grupo de  seis mujeres que lideran la defensa de los derechos de los caleños en condición de vulnerabilidad,  mostrándoles a los ciudadanos cómo por medio de  la conciliación y la paz se resuelven los conflictos. Laura Olarte comenta que en el consultorio atienden con regularidad casos de madres cabeza de hogar a quienes no les pagan, ni siquiera, el mínimo legal. “En muchas ocasiones, el empleador ejerce maltrato físico y verbal con sus empleados, no los afilian a las EPS, ni a las ARL, es decir, que si tienen accidentes laborales no pueden recibir indemnización y mucho menos podrán pensionarse. Muchas veces, continúa Olarte, esas madres vienen al consultorio y en medio de su dulzura e ingenuidad nos piden que les ayudemos para asegurarse su vejez y el futuro de sus hijos menores". La profesional precisa, además,  que los ciudadanos que más necesitan acceder a la justicia son quienes menos posibilidades tienen de llegar a ella. En el consultorio de la Universidad Libre los casos con más resonancia son  sobre las tutelas interpuestas para la prestación de  servicios de salud. “Las EPS suelen negar de manera permanente los servicios, planteandoles siempre a los usuarios que están excluidos (del POS). Sin embargo, la Corte Constitucional ha dicho que la vida es un derecho fundamental y que hay que preservarlo, conservarlo y más, instituciones  captadoras de máximos recursos no deben negar el acceso a la salud cuando de por medio está la vida”, afirma  el abogado Óscar Vergara. Datos de contactoU. Libre:  Diagonal 37A N° 3-10 U.  de San Buenventura:  Avenida 4 norte N° 19N-34.U. Santiago de Cali:  Cra 8 N° 8-17U. Javeriana: Cra 5 N° 12-16U. Icesi  Cra 9 N° 9-49U. Cooperativa: Av 3N N° 54-23 *Integrante del Semillero Sala de Periodismo UAO - El País.

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