Conozca por qué Cali se ha convertido en la ciudad de las invasiones

La Secretaría de Vivienda calcula que en la ciudad hay 92 invasiones en las que viven 19.401 familias, aunque advierte que la cifra real es mucho mayor. Jarillón del río Cauca sigue habitado. Persiste el tráfico de lotes.

Cali es una ciudad de invasiones. Los datos de la Secretaría de Vivienda indican que en total, son 92. En total, en esas 92, viven  19.401 familias. Algo así como 100 mil personas. Algo así como otra ciudad entera. Una ciudad que en realidad tiene mucha más gente. La Secretaría de Vivienda hace una advertencia: las cifras más recientes sobre invasiones están actualizadas hasta 2010. ¿Cuánta gente ha invadido en los últimos tres años? ¿Cuánta gente ha llegado? Aquello nadie lo sabe. Pocas comunas, en todo caso, están exentas del asunto. El mapa de los asentamientos humanos de desarrollo incompleto – así le llaman los arquitectos a las invasiones – es un mapa de puntos rojos por todos lados. Los hay en las comunas 1, 2, 4, 6, 7, 13, 14, 15, 16, 18, 20 y  21 y más allá de esos contornos. En la zona rural se han detectado seis asentamientos ilegales. La comuna 13, Distrito de Aguablanca, es la más invadida. Solo ahí se cuentan 26 invasiones. Solo ahí, hasta 2010, habían 3.056 familias. Justamente ahí es tanta la gente que ha llegado que se está formando la invasión más grande de Colombia: La Florida. (Lea la historia mañana).El humor sigue siendo el remedio infalible para soportar la vida, lo que nos pasa. Los nombres de los asentamientos son una burla a la realidad. Está ese nombre bello, La Florida, que suena a playa pero que en estos días de lluvias es barro, mucho barro. En la Comuna 15, donde hay diez invasiones, está el asentamiento Las Gorditas. En las invasiones, los gorditos son escasos. En la misma Comuna 15 hay otros asentamientos de nombres pomposos, literarios: Brisas del Bosque; Brisas del Caracol; África; El Encanto.Pero de encanto, no hay nada. Atrás de todo está esa historia mil veces contada: desde los años 50, por la violencia, desde los 70 con el auge económico que vivió Cali tras los Juegos Panamericanos y su desarrollo industrial, desde entonces y hasta hoy, han llegado millones de personas convencidas de que esta es la sucursal del cielo, el paraíso de las oportunidades, del trabajo. Y  no.Cali, más bien,  es la ciudad que más población desplazada recibe, en el país con mayor número de desplazados del mundo según el Centro de Monitoreo del Desplazamiento Interno: entre 4.9 y 5.9 millones de personas.Entonces la mayoría de los invasores son ellos, las víctimas de la guerra que se libra en el Cauca con las Farc o en el Pacífico con sus tantos grupos armados ilegales. Y unos y otros, las víctimas, llegan a Cali a intentar seguir su vida, simular las condiciones en las que estaban como una manera de evitar que la guerra les arrebate de tajo lo que son. Los desplazados del Cauca, entonces, levantan sus ranchos en las zonas de ladera, al fin y al cabo vienen de un departamento montañoso. Los del Pacífico, costeros, prefieren los terrenos planos, las cercanías a los ríos. El dato es del arquitecto Carlos Humberto Marín, de la Secretaría de Vivienda. Y entre los invasores hay víctimas, sí, campesinos que huyen de la violencia, gente que sueña con encontrar un trabajo, pero también hay algunos que aprovechan para hacer negocio.Rodrigo Zamorano, coordinador del Consejo de Gestión de Riesgos de Desastres, denuncia una lógica perversa: hay quienes invaden las zonas de más alto riesgo de Cali como el jarillón del río Cauca o las laderas no tanto por necesidad sino suponiendo, erróneamente, que eso los va a privilegiar cuando el gobierno elija a los beneficiarios de las viviendas gratis. Invadir zonas muy peligrosas, mirarle la cara a la muerte en una inundación, en un deslizamiento de tierra, poner en riesgo a la ciudad, piensan algunos, es comprar una boleta VIP para tener techo, asegurar privilegios sobre los otros. Y además aún persiste la venta y el alquiler de lotes en las invasiones, gente que trafica con tierra que no es suya, otra historia mil veces contada. En Cinta Larga, un tramo del jarillón del río Cauca ubicado justo atrás del barrio Petecuy, algunos de los que fueron reubicados en Potrero Grande - y viven ahí - aún tienen en arriendo los lotes de Cinta Larga. Lo denunció un líder de Petecuy que pidió no ser identificado. Por rancho, al mes, los traficadores de tierra ajena reciben $100.000. Pero el negocio es el volumen. El líder de Petecuy conoce gente que tiene hasta 15 ranchos alquilados, es decir que reciben $1.500.000 cada 30 días, libres de impuestos, servicios públicos. Justamente, por las invasiones, Emcali registra pérdidas cercanas al 50%. Es decir: la empresa produce 20 millones de metros cúbicos de agua al mes, pero los equipos de medición reportan apenas 10.5 millones de metros cúbicos consumidos por los usuarios. En energía la pérdida oscila entre tres y cuatro millones de kilovatios, $600 millones de pesos mensuales. El Secretario de Gobierno, Carlos José Holguín, asegura sin embargo que desconoce la problemática del negocio de las tierras de invasión, de los traficadores de lotes ajenos. Esa historia que se ha contado mil veces no la ha escuchado. A su despacho, dice, no han llegado denuncias. Y sobre el problema de las invasiones, un asunto que se le salió a Cali de las manos, Holguín dice que su secretaría se ha dedicado a evitar que surjan nuevos asentamientos. Los otros, los que históricamente han estado en Cali, “es un proceso de la Secretaría de Vivienda”. Y ahí, en Vivienda, tanto el arquitecto Carlos Humberto Marín como el ingeniero civil Luis Fernando Gómez coinciden en que el de las invasiones es un tema de ciudad, no exclusivo de una dependencia. Ha faltado una política pública, interés político, dice Marín, para tratar el asunto. Porque la ciudad sigue en riesgo. No solo socialmente. No solo porque la mayoría de las familias que están en zonas de invasión no tienen trabajo para subsistir. También porque hay asentamientos que están debilitando obras vitales para la seguridad de Cali en cuanto a inundaciones como el jarillón del río Cauca y las lagunas Pondaje y Charco Azul, que regulan los niveles de las aguas en días de lluvia. Alrededor de esas obras hay 24 asentamientos ilegales, 12 a lo largo de los 17.5 kilómetros del jarillón y los otros 12 alrededor de las lagunas. A esas lagunas les han quitado espacio. Donde antes era agua rellenaron con escombros, construyeron ranchos, y los que ahí viven (invasiones como Playa Baja, Nueva Ilusión) es como si durmieran sobre un terreno que tiene la estabilidad de una gelatina. Están en riesgo. Y un diagnóstico del jarillón elaborado a finales de 2012 por la Corporación Osso y la firma holandesa Royal Haskoning DHV hizo varias advertencias: el dique no ofrece la protección necesaria cuando los niveles del río Cauca se acercan al nivel de la corona del mismo. Entonces, esa corona debe elevarse. El dique registra modificaciones hechas por el hombre que lo debilitan: se identificaron 12 cruces de tubos; 12 escombreras; 118 rampas; 10 puentes artesanales. Con el jarillón, entonces, se hace lo que se quiera, no hay quién controle. Fabio Vélez es director del componente social del Pjaoc, el proyecto con el que se pretende recuperar, en los próximos tres años, los diques y las lagunas Charco Azul y el Pondaje. Fabio cree que históricamente, tanto los políticos que han gobernado a la ciudad, como los mismos ciudadanos, desconocen la importancia del jarillón y las lagunas, luego se descuidan. Pensamos que son terrenos tan lejanos de todos, tan al oriente, tan de otros, que no nos importan. Una de las tareas del Pjaoc, una de las tareas de Vélez, precisamente, es educar a Cali, hacerla entender que se trata de obras vitales.Si el jarillón cediera, por ejemplo, se inundarían 79 barrios de diez comunas, 174.000 viviendas, siete estaciones de policía, 500 centros educativos. También quedarían inservibles las plantas de potabilización de aguas con lo que dos millones de personas se quedarían sin el servicio. Las pérdidas económicas, además, se calculan en 7,3 billones de pesos y evacuar toda el agua que entraría a la ciudad tardaría cinco meses. Si el jarillón se rompiera, entonces, Cali padecería la tragedia más grande de su historia. Fabio Vélez insiste, entonces, en esa palabra: vitales. El jarillón, las lagunas, son vitales. Que estén invadidas, que la ciudad esté invadida, es, entonces, un asunto de ciudad, no un asunto exclusivo de una secretaría.¿Qué es el Pjaoc? El ‘Plan Jarillón de Aguablanca y Obras Complementarias', Pjaoc, es la estrategia del gobierno nacional y municipal con la que se pretende recuperar el Jarillón del Río Cauca y las lagunas El Pondaje y Charco Azul, fundamentales para evitar inundaciones en la ciudad, disminuir el riesgo de desbordamiento del río. El proyecto es coordinado en conjunto con el Fondo de Adaptación de la Presidencia de la República.Entre las acciones trazadas por el proyecto, está reasentar las ocho mil familias que aproximadamente viven tanto a lo largo del jarillón del río Cauca, (17.5 kilómetros) y alrededor de las lagunas Pondaje y Charco Azul, cuya función es regular los niveles de las aguas en días de lluvia. “Las lagunas almacenan el agua lluvia, para darle tiempo al sistema de bombeo de evacuar y que no se presenten inundaciones al sur oriente de la ciudad. Por eso son obras tan vitales para Cali”, explica Fabio Vélez, director del componente social del Pjaoc. El proyecto, también, aportará recursos ($823.000 millones exactamente) para desarrollar las obras de intervención del jarillón río Cauca, trabajos que cuestan aproximadamente 1.3 billones de pesos. El Pjaoc está presupuestado para desarrollarse durante tres años, es decir, hasta 2016. Lea aquí la respuesta del Municipio, en boca del Secretario de Gobierno, a la problemática de las invasiones en Cali.