Condena de ocho años por negocio del lote El Rubí, en los Farallones de Cali

La ex directora del Dagma Beatriz Eugenia Ramírez también fue condenada a pagar millonaria multa.

A ocho años de prisión, inhabilidad de 126 meses para el ejercicio de cargos públicos y el pago de más de cuatro mil millones de pesos por concepto de multa y perjuicios materiales al Municipio, fue condenada la ex directora del Dagma, Beatriz Eugenia Ramírez Vergara, por la controvertida compra del predio El Rubí, hace más de cinco años. A la ex funcionaria se le halló responsable de los delitos de peculado por apropiación y celebración de contratos sin el cumplimiento de requisitos legales.La drástica condena, una de las más duras proferida contra un servidor público en la región, fue tomada por el juez 12 penal del circuito Gustavo Alberto Molina Rengifo y pone fin a uno de los más polémicos negociados con recursos del erario caleño.El País, diario que el 13 de febrero del 2005 hizo la denuncia pública sobre la dudosa transacción del predio El Rubí, conoció el 20 de mayo del 2010 en exclusiva la providencia de 44 folios fechada el 12 de mayo pasado.En ella, el juez encontró responsable de los citados delitos a la ex directora del Dagma, le aplicó las sanciones penales y pecuniarias señaladas y le negó el beneficio de detención domiciliaria.En lo económico determinó la aplicación de una multa por $1.220.158.133 más $12.875.000 (25 salarios mínimos legales) “por el concurso con el contrato sin cumplimiento de requisitos legales”.Además, condenó a Ramírez Vergara al pago de $2.776.751.63 “por concepto de perjuicios materiales a favor del Municipio de Santiago de Cali”.Los hechos por los cuales fue condenada la ex directora del Dagma se relacionan con la compra por parte del Municipio, a través de esa dependencia, del lote El Rubí, un predio de 301 hectáreas ubicado a más de 3.750 metros de altura sobre el nivel del mar, en el corazón del Parque Nacional Natural Los Farallones.La compra fue pactada con los sucesores del señor Jorge Enrique Berrío Escobar por la suma de $2.414.566.266, una cifra que según el peritazgo señalado en el proceso, excedía en 32 veces el avalúo catastral del bien inmueble.La respectiva promesa de compraventa fue suscrita por Ramírez Vergara en su calidad de directora del Dagma el 17 de diciembre del 2004 y el 29 de diciembre de ese mismo año se pagó la mitad del monto del negocio, o sea, $1.207.283.133.En representación de los vendedores del predio firmó el abogado Rafael Ignacio Bonilla Vargas, a cuyas cuentas ingresaron los recursos pagados por el Municipio.Según las pesquisas del CTI, el abogado hizo retiros en efectivo de dineros para presuntamente pagarle a quince personas que integraban los dos clanes familiares del sucesor del predio (las familias Berrío Guerrero y Berrío Sandoval), supuestos beneficiarios de la transacción.A cada uno les dio entre siete y ocho millones de pesos y $112 millones más a la matrona de la familia. Es decir, se repartieron alrededor de $224 millones. El destino del resto del dinero no se conoció.Por esa razón, algunos de los miembros de las familias beneficiarias decidieron coadyuvar la denuncia por el presunto peculado en el negocio del Rubí, la cual había instaurado el ex director de Bienes Inmuebles del Municipio, Claudio Borrero Quijano, en febrero del 2005.Tras el apoyo de la denuncia, los familiares inconformes recibieron otros $25 millones cada uno, aparentemente con el ánimo de que retiraran la denuncia.El proceso continuó pese a que un fiscal encargado por quince días ordenó la preclusión del caso y desconoció a Borrero Quijano como denunciante. Sin embargo, el proceso fue reabierto por orden del entonces fiscal Mario Iguarán en el 2009.En el 2004, cuando se celebró la negociación durante la Administración de Apolinar Salcedo, el Dagma estaba en manos del grupo político del actual presidente del Concejo, Orlando Chicango. El País le preguntó sobre el caso y Chicango aseguró que Beatriz Eugenia Ramírez no era de su grupo político ni hizo proselitismo con él. “Yo tuve responsabilidad política en el Dagma con la doctora Nelsy Navarrete”, aseguró Chicango, quien estimó que la sanción “es excesiva”.Agregó que “tenemos que ser respetuosos de los fallos y, en ese orden de ideas, debemos acatar las decisiones y si el caso se ha ajustado al debido proceso los responsables deben asumir las consecuencias de sus actuaciones”.Otro antecedenteUn negocio similar de predios rurales había realizado el Dagma en 1999, el cual terminó con sanción fiscal, pero no penal.En noviembre del 2006, la Contraloría halló responsables al ex director del Dagma Julián Sepúlveda y las abogadas Yolanda Acosta Manzano y Alexandra Gómez López por detrimento patrimonial en cuantía de $6.527.889.775 al erario.Tal suma habría sido pagada en exceso por los predios rurales que, según la evaluación técnica, costaban menos y fueron erróneamente avaluados.La providencia dice que “se trata de una conducta grave en la medida en que la señora Ramírez Vergara, en calidad de directora del Dagma, defraudó el patrimonio del Municipio en beneficio de terceros”.Beatriz Eugenia Ramírez, ex directora del Dagma, ya había sido suspendida del cargo por la Contraloría y destituida por la Procuraduría que la inhabilitó por diez años para ejercer cargos públicos.