Compradores de oficinas en edificio vida, ¿dueños de nada?

Más de 60 especialistas ven perdida su inversión porque aún no tienen escrituras o porque compraron acciones de una sociedad que no tendrían ningún valor.

El día que un reconocido médico de Cali se acercó a la Oficina de Instrumentos Públicos para tramitar las escrituras del consultorio que adquirió en el Edificio Vida Centro Profesional, se llevó una sorpresa de la que tres años después aún no logra reponerse.Tanto él como otros 34 profesionales y algunos acreedores, quienes aceptaron consultorios como pago de las deudas de C&C Arquitectura e Ingeniería, que se acogió a la Ley 1116 o de insolvencia, se encontraron que por los líos legales de la constructora no pudieron tramitar las escrituras y hoy sus bienes figuran como propiedad del patrimonio autónomo Fiduciaria Corficolombiana S.A. Por eso rechazaron que en el informe exclusivo publicado el pasado domingo por El País , el dueño de la constructora, Jaime Cardona Canal, asegurara que los líos de insolvencia de su firma solo comprometen la clínica que se construye en la Torre C y que fueron entregadas sin problemas las torres A y B.“Cómo va a decir el señor que no hubo problemas con las torres A y B cuando más de 30 personas que pagamos $180 millones, $300 millones y hasta $1000 millones no tenemos escrituras; esos bienes hoy figuran como respaldo de las deudas del constructor y nosotros simplemente como tenedores o como invasores y no podemos hacer ningún tipo de negocio con ellos”, indicó uno de los médicos bajo la reserva de identidad.Sin embargo el arquitecto Jaime Cardona Canal aseguró que hay responsabilidad en los compradores porque “se hicieron las escrituras y no fueron a registrarlas en Instrumentos públicos; o porque no tenían plata o por algún otro motivo, pero sin embargo se les honró la compra... Yo puse una persona que se llama Jeison Julián Álvarez única y exclusivamente a hacerle seguimiento al tema de la escrituración”.“Quedan pendientes unas 35 escrituras, pero no pasa nada porque había unas promesas (de compraventa) y ellos consignaron la plata en la Fiduciaria y se demostró ante la Superintendencia de Sociedades (cuando se entró en Ley 1116) que habían comprado y la ‘Súper’ autorizó la entrega. En el último mes hemos hecho 20 escrituras”, dijo el arquitecto.Resultó peor el remedioAunque sin escrituras, al menos los médicos trabajan en sus oficinas. Más delicada es la situación de los proveedores que aceptaron consultorios como parte del pago y hoy no saben si fue peor no tener un respaldo de la deuda o aceptar semejante “encarte”.“Tras de que la constructora no nos pagó, nos hizo unas escrituras que no pudimos registrar; donde no aparecemos como propietarios y tampoco podemos vender para recuperar parte del dinero”, señaló uno de los acreedores.“Peor aún; como se supone que eso es de nosotros, llevamos tres años pagando servicios, administración y todas las obligaciones del local cuando algunos no han podido ni rentar los consultorios porque el señor los entregó sin parqueadero y en esas condiciones no es atractivo para nadie”, indicó la fuente.Otros de los médicos afectados que se acercaron a El País tras la publicación del informe del pasado domingo, en el que se reveló que el constructor tiene 519 obligaciones vencidas con 120 acreedores por más de $106.400 millones, aseguraron que en principio no había escrituras porque no se les había pagado a los notarios.¿Dueños de qué?Pero el drama de los afectados no es solo el de proveedores y médicos sin papeles de sus consultorios. Hay un grupo de 32 especialistas que invirtió en acciones de Vida Zonas Francas de Salud, que supuestamente operaría la clínica y hoy tiene embolatados $2400 millones.Para finales del 2010 el constructor empezó a vender la ilusión de la clínica, a ofrecer acciones y a conformar grupos de especialistas para la operación “pero todo era en silencio, en el anonimato, una cosa rarísima en la que creímos”, aseguró uno de los médicos afectados.Entonces Cardona Canal, según los denunciantes, empezó a armar ocho grupos de cuatro profesionales, entre cirujanos, anestesiólogos, ortopedistas, neurocirujanos, etc., para que cada uno invirtiera $300 millones por paquetes de 30.000 acciones, con un valor de $10.000 cada una.Sin embargo, luego se enteraron que Vida Zonas Francas de Salud solo tenía el 15,4% de las acciones de la clínica, que el 84,6% lo tenía la constructora y Vida Centro Profesional y que la sociedad en la que ellos invirtieron también fue incluida en la ley de insolvencia.“Cuando contratamos un abogado, porque no nos invitaban ni a las asambleas, nos dimos cuenta que de lo único que éramos dueños es de una deuda que tiene Vida Zonas Francas de Salud por diez mil millones de pesos con el Banco de Occidente”, dijo uno de los médicos.Hace tres semanas, los grupos de accionistas recibieron un documento fechado el 29 de diciembre del 2014 y firmado por César Estrada, representante legal de la sociedad, en el que les entrega títulos a sus nombres por 30.000 acciones de la sociedad, por valor de $300 millones y que representan una participación de 3,39%. Pero ante las circunstancias, es poca la confianza que tiene en el documento y en que esté legalizado porque “dudamos que la Superintendencia de Sociedades le fuera a permitir a la constructora suscribir acciones de una sociedad que está quebrada y en Ley 1116”.En diálogo con El País, César Estrada, quien firma los certificados, aseguró que “esas acciones las compraron los médicos hace mucho tiempo y las pagaron, pero Vida Zonas Francas de Salud, que es la emisora de las acciones, registró el ingreso como un anticipo porque había que registrarlas en la Cámara de Comercio para poderlas entregar”.“Vida Zonas Francas de Salud hizo en registro y procedió a entregar los títulos porque la inscripción de las acciones apenas se hizo a finales del 2014. Eso se hizo antes de que Zonas Francas entrara a Ley 1116 y solo faltaba protocolizar el registro de la emisión de acciones y se procedió a la entrega de los títulos porque ya los habían cancelado y no habían recibido los títulos”, explicó Estrada.Lea aquí: Los pleitos que se esconden detrás de la fachada del edificio Vida de CaliLa respuesta enviada por CorficolombianaLuego de la publicación del informe del pasado domingo, la Fiduciaria respondió mediante un comunicado que “es vocera y administradora” del fideicomiso y que lo ha cumplido íntegramente.También que los procesos de ejecución de la garantía que solicitaron algunos acreedores garantizados se encuentran suspendidos pro efectos de la reorganización de la empresa mediante Ley 1116.Negaron que hayan emitido certificados de garantía por más del valor del inmueble, que se han limitado a la administración del activo en garantía y que no han tenido injerencia directa ni indirecta en la administración del proyecto inmobiliario como tal.