Comodatos, un dudoso negocio para el Municipio

Comodatos, un dudoso negocio para el Municipio

Junio 14, 2010 - 12:00 a.m. Por:
Redacción de El País

No se lleva un inventario claro de los inmuebles oficiales en manos de terceros. Unos los subarriendan, montan fábricas y oficinas, hacen negocios con ellos y muchas veces ni siquiera pagan los servicios públicos.

Los comodatos o bienes fiscales que el Gobierno ha cedido a particulares para que ayuden a una obra social están siendo mal usados por algunos de sus beneficiarios. Unos los subarriendan, montan fábricas y oficinas, hacen negocios con ellos y muchas veces ni siquiera pagan los servicios públicos de agua y energía.Según el director de Bienes Inmuebles de Cali, Freyber Bernal, el Municipio cuenta hoy con 186 comodatos, pero se ha exigido la restitución o devolución del 20% de ellos por su manejo indebido.Las razones son diversas. Muchos de los comodatarios (personas o entidades con los inmuebles a cargo) los tienen prácticamente abandonados, no les hacen mantenimiento o han dejado de pagar los servicios públicos y acumulan millonarias deudas con Emcali por ese concepto.Pero también hay casos en que el comodato ha perdido su objeto social. Eso quiere decir que el inmueble lo están utilizando para otra cosa diferente a la que se había pactado. Lo subarriendan o lo explotan con fines de lucro económico personal.Por ejemplo, en una vivienda entregada en comodato en el barrio Antonio Nariño para una organización social se encontró que funcionaba una fábrica de ataúdes. En el barrio Obrero, otra casa oficial era usada para fabricar calzado y producir yogur.El Centro de Desarrollo Comunitario del barrio obrero, ubicado en la Calle 21 con Carrera 11D, tiene una deuda de $30 millones en servicios públicos con Emcali, por lo cual se ordenó su restitución.En el inmueble de la Carrera 31 No. 17-69 del barrio Santa Elena que había sido dado en comodato a una ONG venía funcionando un negocio de medicina homeopática. Y dentro del polideportivo del barrio Cristóbal Colón (Calle 23 con Carrera 37A) un particular, el señor Arnoby Díaz, hizo una vivienda para uso personal.Bernal señaló también que le ha reclamado al Instituto Tobías Emanuel porque en el inmueble del barrio San Fernando, cedido en comodato, permitió la instalación de una antena de telefonía celular, lo cual significa la explotación lucrativa del bien fiscal por el particular. Además, según la Personería, la antena genera un efecto nocivo para la salud de los niños que atiende la obra social en ese lugar.Otro bien que está en proceso de restitución es la Casa de la Madre Soltera, ubicada en la Calle 9 con Carrera 9, frente a la Procuraduría, porque está en completo abandono.Ese inmueble era ocupado por José Hélmer Arias, quien está siendo desalojado. Hoy se investiga si el inmueble tiene algún valor patrimonial o, de lo contrario, sería demolido dado su avanzado estado de deterioro.Por otro lado, uno de los casos que más líos ha generado, es el de la zona verde de la Calle 50 con Carrera 49E . Ese predio fue cedido por una constructora al Municipio como área libre para el disfrute de la urbanización de Ciudad Córdoba.Sin embargo, la Junta Administradora Local lo cedió indebidamente a las juntas comunales de dos etapas de la urbanización para su explotación y los dignatarios de la comunidad hoy lo explotan como parqueadero. Allí parquean unos 200 carros al día, utilizan energía ‘pirata’ para iluminación y un taller de electromecánica, y toman el agua de una escuela aledaña para lavar carros. Según la Contraloría Municipal, la Junta de Acción Comunal recauda dineros por el servicio de parqueadero mensual a razón de $53.000 por automóvil y $90.000 por bus. Según los cálculos, se generarían ingresos por unos $20 millones mensuales. No obstante, los comodatarios no han dado explicaciones satisfactorias sobre el uso de esos dineros. Ellos responden que invierten la plata en ayudas de solidaridad para el vecindario y cursos de capacitación, pero eso no está debidamente sustentado. Por eso, la Dirección de Bienes Inmuebles de Cali pidió la restitución del predio.Sin embargo, Consuelo Cadavid, líder de Ciudad Córdoba, explicó que la comunidad se reunió y dijo que necesitaba la zona para parqueo de vehículos porque las vías estaban saturadas. Lo cierto es que en este caso la Administración no ha hecho un comodato con la Junta Comunal que explota económicamente el predio.Pagos irrisoriosEl concejal Milton Castrillón aseguró que la Administración Municipal ha abandonado el manejo de sus bienes inmuebles y cobra sumas irrisorias por aquellos que tiene en arriendo. Para él las cuentas no están claras. La anterior administración reportó más de 200 comodatos. Ahora dicen que son 186, tras un trabajo de actualización que hizo la Empresa de Renovación Urbana, Emru. Lo más grave, según Castrillón, es que “la Administración no cuenta con un aplicativo para actualizar el trabajo que hizo la Emru, la cual entregó un archivo en excel con la relación de los bienes inmuebles, pero esta información presenta inconsistencias y no hay mecanismos de actualización”.En la relación de bienes hay casos emblemáticos como el del restaurante Cali Viejo que tiene una deuda de arrendamiento superior a $300 millones y un pleito legal de por medio.También hay líos con los edificios San Marino, Fuente de Versalles y Versalles, este último cedido a Calisalud, donde funcionan oficinas públicas y particulares, algunas de las cuales son usadas en actividades diferentes a las determinadas en los comodatos. Funcionan firmas de abogados, empresas particulares y hasta apartamentos privados. Por eso, esos inmuebles serán restituidos.Una “Gestión desfavorable”En una auditoría, la Contraloría de Cali conceptuó que la gestión de la Administración Municipal “es desfavorable frente al control ejercido sobre los bienes inmuebles de su propiedad en manos de terceros”.Agrega que “existe un alto número de predios en manos de terceros sin contrato vigente. Hay incumplimiento en obligaciones como el pago oportuno de los cánones de arrendamiento, los cuales en algunos casos son demasiado bajos”.De igual manera, dice la Contraloría, “no existe un control del Municipio sobre las actividades a las cuales están destinados los bienes inmuebles, y se halló que algunas son contrarias a la ley o a lo estipulado en el contrato”. Y hay “un pésimo archivo de los documentos que conforman el historial de los bienes inmuebles del Municipio”.

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