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Colegios de Cali donde ser docente es una profesión riesgosa

En el primer trimestre amenazaron a diez profesores en Cali. Ladera y Oriente, las zonas más vulnerables. Los colegios Monseñor Ramón Arcila, Santo Tomás, Humberto Jordán y Juana Caicedo y Cuero son los más afectados.

12 de abril de 2011 Por: Redacción de El País

En el primer trimestre amenazaron a diez profesores en Cali. Ladera y Oriente, las zonas más vulnerables. Los colegios Monseñor Ramón Arcila, Santo Tomás, Humberto Jordán y Juana Caicedo y Cuero son los más afectados.

Pese a que Felipe Gómez* ha tenido tres oportunidades de entregar su tarea, sigue evadiendo su responsabilidad. El profesor de Matemáticas jamás le pondrá una mala nota: Prefiere seguir viviendo.No es una exageración. En el año lectivo 2009-2010, siete docentes, dos rectores y una coordinadora escolar abandonaron la Institución Educativa Maricé Sinisterra, del barrio El Rodeo.Cuentan que los educadores se “pasaron de listos” y días más tarde aparecieron las amenazas. En el último caso, por ejemplo, el rector del Maricé Sinisterra empezó a recibir llamadas. Dicen que no saben por qué. Despachó durante quince días desde la Secretaría de Educación, pero la orden fue “irse del todo”. No hizo caso y como represalia le dispararon al vigilante del colegio. El problema no es sólo por reprender. Cuatro profesoras de la institución educativa Eustaquio Palacios pusieron en riesgo su vida al intentar proteger a un niño de séptimo grado. No sabían que ese pequeño, que fue golpeado, era hermano de un pandillero y su verdugo, el líder de otra banda de Siloé. Esa guerra callejera las envolvió y ahora están refugiadas a la espera que les asignen una nueva institución.La Secretaría de Educación Municipal le reveló a El País que en este año diez docentes fueron reubicados por estar amenazados. Los colegios Monseñor Ramón Arcila, Santo Tomás, Humberto Jordán y Juana Caicedo y Cuero son los más afectados. Víctor Manuel Cabrera, subsecretario para la Administración de Recursos, reconoce que “esa no es la solución”.A pesar de ese panorama, Carolina Campo, abogada de la dependencia, afirma que las estadísticas no son “tan negativas”. Durante esta Administración, sostiene, ningún docente ha reportado lesiones generadas por amenazas y tampoco ha habido muertos. Aún así el miedo recorre los pasillos de algunas instituciones del Distrito de Aguablanca, Siloé y Terrón Colorado.La guerra también es adentroHay docentes que aseguran que los colegios son zonas de paz, que dentro de ellos los enfrentamientos entre pandillas no existen. Pero Francia Estupiñan*, maestra de un colegio del Oriente, sabe que eso es retórica.“Mi problema fue decirle a ese niño que dejara la bulla o lo sacaba del salón”. Recuerda que al día siguiente un joven de unos 16 años la estaba esperando en la esquina del colegio y le dijo que “o se abre del colegio o le doy piso (muerte)”. Le mostró un arma de fuego que tenía entre el pantalón y la camisa.La mujer todavía se escucha temerosa al otro lado del teléfono. Relata que ese muchacho era un pandillero que le advirtió que con su hermano “nadie se mete”. Francia ahora dicta clases en un corregimiento de la capital del Valle.El docente Germán Bedoya* comenta que “esta sociedad dejó de educar a sus hijos. Uno tiene que ser muy cuidadoso cuando habla. Si regaña tiene que hacerlo suave y no se pueden hacer exigencias, únicamente pedir favores”.Algunos porteros en las instituciones educativas dicen que a los muchachos no se les puede requisar. La ley lo prohibe.La abogada de la Secretaría de Educación indica que para hacer una requisa se requiere presencia del Icbf, la Policía Comunitaria, la Defensoría del Pueblo y la Personería. “Eso es una pérdida de tiempo porque cuando por fin hay funcionarios para adelantar el proceso, los muchachos ya se han dado cuenta y no llevan las armas al colegio”, reclama la funcionaria. Mientras tanto, las intimidaciones llegan en hojas de cuaderno, en mensajes al teléfono celular o a través de llamadas.El Subsecretario Administrativo de Educación dice que cuando suceden esos casos, los docentes son separados del colegio y luego reubicados.El maestro tiene que poner un denuncio ante la Fiscalía y ellos evalúan el caso. Cuando la amenaza viene de un menor de edad —como generalmente sucede—, el proceso queda en una querella.“Esos estudiantes tampoco pueden retirarse de la institución. No los podemos expulsar porque derecho a la Educación lo impide”, indica el Subsecretario Administrativo de Educación Municipal.*nombres cambiados por petición de las fuentes.Tras una amenazaA través de la Resolución 1240 del 2010, el Ministerio de Educación Nacional creó un Comité Especial de Docentes y Directivos Docentes Amenazados. El organismo lo conforman el gobernador o el alcalde, el Secretario de Educación, el Procurador Regional, Distrital o Provincial, según corresponda a su jurisdicción; un representante del sindicato que agrupe el mayor número de docentes y el jefe o responsable de talento humano de la Secretaría de Educación.

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