Colegios de ampliación de cobertura demandaron decreto del Mineducación

Diciembre 12, 2015 - 12:00 a.m. Por:
Redacción de El País.
Colegios de ampliación de cobertura demandaron decreto del Mineducación

$1.200.000 es el pago anual que reciben los colegios de ampliación de cobertura en Cali por cada niño atendido.

El recurso fue presentado ante el Consejo de Estado y dicen los directivos que están a la espera de que sean admitidos por esta alta corte.

Dos demandas por una supuesta ilegalidad en el Decreto 1855 de 2015, que deja por fuera a 63 colegios privados que son contratados para que atiendan niños con recursos públicos (a lo que se denomina ampliación de cobertura educativa) fueron puestas por los directivos de estas instituciones privadas.

Ese decreto del Ministerio, emitido desde septiembre, indica que los colegios que estén por debajo del percentil 20 en las Pruebas Saber no pueden ser contratados por el Municipio para matricular niños  bajo el sistema de la ampliación de cobertura.

El recurso fue presentado ante el Consejo de Estado y dicen los directivos que están a la espera de que sean admitidos por esta alta corte.

Guillermo Herrera, vicepresidente de la Asociación de Instituciones de Cobertura Educativa, Asoincoe, dijo que en el escrito que fue presentado al Consejo de Estado se hace referencia a la ilegalidad del proyecto debido a que no surtió trámites preliminares ante el Departamento de la Función Pública, pero además, “se vulnera el artículo 67 de la Constitución Nacional, que habla del derecho a la educación y su derecho a los padres y a los niños a escoger el sitio donde estudiar”.

Esa situación origina que 25.500 estudiantes atendidos en los 63 colegios que no pueden contratar, deben ser reubicados en otros colegios privados o en las instituciones oficiales.

Estas son las cifras que informó el Ministerio en días pasados, pero los colegios privados dicen que son 68 colegios los que quedarán por fuera, lo que dejará a 34.410 niños sin clases, mientras se resuelve la situación.

El directivo indica que si bien entiende que se debe trabajar para mejorar la calidad de la educación, “no es ajustado a la realidad que la única forma de medirla sea a  través de las Pruebas Saber”.

Aydée Romero, presidenta de Asoincoe, explicó que cuando se expidió el decreto no se “tuvo en cuenta las consecuencias del mismo en lo social. Son 34.000 niños que no tienen asegurada su permanencia en la educación y 5000 personas, entre docentes y administrativos, los que se quedan sin trabajo”.

Agregó que hay varias instituciones educativas que quedaron por fuera de la contratación, a pesar que fueron bien calificados con el Índice Sintético de Calidad Educativa, Isce.

Los directivos de las asociaciones aseguraron que “si los 214 colegios de ampliación de cobertura son tan malos, entonces las instituciones devolverán los 103.000 niños que son atendidos bajo esta figura”.

Adolfo Valderrutén, presidente de la Asociación de Colegios Privados con Contratación, dijo que el Ministerio tiene varios formatos de evaluaciones que no fueron tenidos en cuenta en el decreto. “Tenemos interventoría y supervisión de los contratos y además nos aplican la Guía 34. Todas esos exámenes, que nos los hacen anualmente, los hemos superado con éxito. El Ministerio abandonó esos criterios de evaluación”.

Agregó que si son lo “más corrupto y lo más malo en la educación, por qué la comunidad nos reconoce y sobre todo, por qué el Ministerio permitió que prestáramos el servicio por más de 30 años, cuando no había colegios en Aguablanca y la ladera”.

Valderrutén indicó que la mayoría de los niños que atienden en los colegios de cobertura “se los hemos   robado a la calle, a las pandillas”.

Agustín Valencia, de la Asociación   de Rectores y Colegios Privados de Colombia, Andercop, capítulo Valle, sostuvo que “mientras el Ministerio habla de la mala calidad de los colegios de ampliación de cobertura, no ve que muchos de los niños reubicados van a ser trasladados a colegios públicos que tampoco superan el percentil 20”.

El viceministro de Educación, Víctor Saavedra, indicó que “los padres pueden escoger el colegio, pero que el Gobierno debe garantizar que la institución brinde una educación de calidad”. Agregó que no cree cierta la “amenaza” de que los colegios entreguen los 103.000 niños, porque se están presentando a la convocatoria. “Si lo hacen, es una muestra de una cartelización de los colegios”, afirmó.

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