Cinco meses después de denuncias de El País, mal de las invasiones no sana

Cinco meses después de denuncias de El País, mal de las invasiones no sana

Julio 02, 2010 - 12:00 a.m. Por:
Evelyn Rosero Ramírez

Todavía no hay soluciones definitivas, aunque la Secretaría de Gobierno indicó que próximamente realizará operativos de desalojo en algunos sectores de Cali. Más de 15.000 familias habitan en 97 asentamientos ilegales, según el último reporte entregado por Secretaría de Vivienda Municipal. Los 'inquilinos' de lo ajeno invaden una y otra vez.

Las invasiones siguen siendo una amenaza para el parque natural Los Farallones de Cali. Desde que El País denunció el pasado 31 de enero la presencia de 100 ranchos concentrados en la zona, la Secretaría de Gobierno Municipal realizó un operativo el 9 de febrero donde desalojó 40 de esos asentamientos subnormales en el sector de La Cajita, ubicado a una orilla del río Felidia, y se inició un proceso judicial a dos personas ante la Fiscalía. También se desalojaron cultivos de caña de azúcar y yuca.Hoy, cuando han pasado cinco meses, el problema sigue latente y todavía no hay soluciones definitivas. El subsecretario de Policía y Justicia, Fortunato García, indicó que aún queda por definirse si algunos bienes pertenecen al municipio o a particulares para llevar a cabo la acción pertinente. Es el caso de Lomas de Quintero, donde según la Corregidora de El Saladito, María del Pilar Millán, hay unos seis ranchos invadiendo. Afirmó que ya se pidieron los títulos respectivos a los habitantes de la zona, que demuestren que son propietarios de los predios. “Algunos dicen que son colonos y otros aseguran ser desplazados que están cultivando en los terrenos para sobrevivir. Hay un señor que presentó unos documentos, por eso hay que hacer el estudio pertinente antes de realizar el proceso de restitución y hacer el operativo de desalojo con todas las autoridades ambientales, la Personería Municipal, la Policía Nacional y el Ejército”, añadió Millán.Respecto a los asentamientos ilegales de Chiribico, también en el oeste, se está esperando la visita de Bienes Inmuebles, “porque también resultó un ciudadano exhibiendo una escritura pública diciendo que el predio es de él. El municipio también tiene un título, pero es sobre una generalidad del terreno y no hay claridad sobre la propiedad del mismo. Una vez se resuelva el proceso se procede al desalojo”, explicó Fortunato García.El funcionario también presentó un diagnóstico de las invasiones en el cerro Montaña Grande, ubicado en el corregimiento de los Andes. Dijo que se convocó a la CVC para que acompañara al corregidor del sector en la diligencia de inspección visual, pero un funcionario de la corporación informó que por razones de seguridad no era posible. Por eso, justificó, “el desalojo en esa zona está pendiente, ahora estamos concertando con el batallón de alta montaña para ir al sitio. Al parecer, allí hay presencia guerrillera”.Más de 15.000 familias viven en asentamientos ilegalesAsí lo reportó el último estudio realizado por la Secretaría de Vivienda Social. El informe indica además que hay 97 asentamientos existentes en Cali, de los cuales 18 están ubicados en la zona rural. Las áreas de invasión más críticas son Alto Aguacatal (comuna 1), donde hay 527 viviendas asentadas; Vista Hermosa-Patio Bonito (comuna 1), con 299; Alto Menga-Alto Vagón, con 383 (comuna 2); Altos de Normandía-Las Minas (comuna 2), con 455; Floralia-Río Cali (comuna 6), con 229; Floralia-Río Cauca (comuna 6), con 376; Brisas del Cauca (comuna 7), con 413; Belisario Betancurt (comuna 13), con 370; Sardi (comuna 13), con 551; Brisas de Comuneros y Valladito (comuna 15), con 936; Brisas de Mayo (comuna 20), con 369; La Fortuna y el jarillón Brisas de un Nuevo Amanecer donde resulta complejo determinar una cifra, pues los terrenos son ocupados una y otra vez por nuevos ‘inquilinos’. En el 2009 fueron desalojadas de La Fortuna, asentamiento ubicado a orillas de la carretera que conduce a la Portada al Mar, cerca de 200 personas y hace un mes se realizó un nuevo operativo para desalojar unas seis familias más. En Brisas de un Nuevo Amanecer, según el subsecretario de Vivienda, Miguel Zuluaga, de 983 familias asentadas 949 ya habían sido reubicadas. Posteriormente al terreno llegaron unas 370 más y en la ocupación más reciente se sumaron otras 80.Invadir es un negocioAunque muchos de los invasores en Cali corresponden a desplazados, que dicen migrar a la ciudad en busca de estabilidad y mejores oportunidades de empleo, hay otros conocidos como ‘invasores profesionales’ que buscan hacer negocio con los asentamientos ilegales.El Subsecretario de Vivienda indicó que “generalmente las personas que llegan a invadir a la ciudad, lo hacen para encontrar una estabilidad económica y la falta de empleo los obliga a apropiarse de un predio evitando pagar un alquiler. Sin embargo, hay invasores profesionales que se adueñan de terrenos privados o pertenecientes al municipio y los venden. Los habitantes de los sectores donde se presenta este fenómeno no contribuyen en la identificación de estas personas porque se sienten amenazadas y los mismos dueños de predios privados que han sido invadidos a veces no hacen las denuncias correspondientes y esperan a que el municipio les resuelva el problema”.Al respecto también se refirió el concejal Fernando Tamayo, para quien las invasiones en Cali se han disparado en un 40% más respecto a la administración pasada, porque falta autoridad.Denunció que, según un censo realizado en diciembre del año pasado, la comuna 18, en un sector de Los Chorros que limita con el sector Tamayos, habían 50 invasores, de los cuales 33 ya tenían vivienda propia en esa comuna. “Y actualmente esta cifra creció a 90”. El edil dijo que la invasión existe desde el 10 de agosto de 2009 y se han enviado cartas para su desalojo a la Secretaría de Gobierno pero no se ha hecho nada frente a la situación. “Hay un exceso de concertación por parte de la Secretaría de Gobierno con los invasores y eso propicia que los asentamientos ilegales crezcan. No se ha judicializado a ningún ‘invasor profesional’. Si seguimos como vamos esta ciudad sigue siendo tierra de nadie”, añadió Tamayo.¿Qué hacer?El alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, precisó que las soluciones a esta problemática no dependen solo de las autoridades locales sino del Gobierno Nacional, con el cual se debe crear una política integral para reducir la presión migratoria del campo a la ciudad.“Yo ya no puedo más, pues todos los días lo que tengo es una población de estrato 1 y 2 con baja capacidad de pago y el Gobierno local con baja capacidad de vincularlos al mercado laboral. Las comunidades que invaden buscan porvenir y todos los días llegan de manera subterránea a la ciudad para encontrarlo. Desalojamos diez familias y nos llegan 40. Hay pobreza, violencia en los campos y desde allí se debe dar una respuesta por parte del Estado”, expresó el mandatario local.Reconoció que desde lo local, sin embargo, es necesario el fortalecimiento de la Secretaría de Gobierno para acelerar la restitución del bien al particular o al estado, impedir que quienes están en un asentamiento subnormal de reciente aparición puedan ser beneficiarios de los subsidios de vivienda para acabar con la lógica de que hay que invadir para tener casa y ofertar vivienda de forma planificada con planes habitacionales como Potrerogrande, Altos de Santa Helena y la Ecociudad Navarro. Para el segundo semestre de este año quedaría lista la formulación del nuevo POT de Cali, donde las invasiones tendrán un capítulo aparte. Así lo anunció David Millán, subdirector del Plan de ordenamiento Territorial, al señalar que “una de las deficiencias más notables del documento vigente es que ha dejado por fuera el 40% de la denominada ‘ciudad informal’”.En este sentido, concluyó, “si tenemos un asentamiento que se ha consolidado en un terreno donde no hay cauces de ríos, ni zonas de protección de humedales y son suelos aptos para la vivienda podríamos pensar en un proceso de regularización urbanística en esa zona para que el asentamiento terminara de consolidarse y así normalizar los servicios de energía, acueducto y telecomunicaciones”. Anuncian medidasLa Secretaría de Gobierno Municipal implementará una política de intervención a los asentamientos subnormales. La jefe de esta dependencia, Eliana Salamanca, dijo que tendrá presencia de funcionarios en sitios estratégicos considerados neurálgicos en este aspecto. también se conformará un grupo de reacción inmediata. “Apoyaremos logísticamente a jueces, fiscales, Policía Judicial, CTI y Sijin para que se puedan investigar prioritariamente delitos como usurpación de tierras, invasión de tierras o edificaciones y urbanización ilegal”, indicó Salamanca. Las comunas en donde se realizarán los próximos operativos de desalojo son 14, 15, 18 y 21.Esta semana, en el sector de El Mortiñal, presuntos invasores iniciaron un incendio en la ladera, el cual se propagó afectando al menos una hectárea del cerro. Esta zona de la ciudad ha sido desalojada en dos oportunidades.

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