Así son las batallas silenciosas que se libran por implantes PIP

Así son las batallas silenciosas que se libran por implantes PIP

Diciembre 14, 2013 - 12:00 a.m. Por:
Alda Mera | El País.
Así son las batallas silenciosas que se libran por implantes PIP

Jennifer Jiménez Cabrera (i) y Lucía Inés Murillo Salazar (d).

Dos mujeres portadoras de prótesis PIP cuentan cómo les cambió la vida. Una dio su batalla y ganó. La otra, apenas empieza.

Cuando nació su segunda hija, Jennifer Jiménez Cabrera no la pudo amamantar. Su seno izquierdo le comenzó a doler “en extremo”. La joven madre no sabía si era por la lactancia o por efecto de las prótesis que se había implantado. Total, la leche se le secó y no pudo alimentar en forma natural a su bebé.En ese mismo año, marzo de 2010, la Agencia Francesa de Seguridad Sanitaria de Productos de Salud (AFSSAPS), alertó sobre los “efectos adversos del producto” y el riesgo de rotura de los implantes PIP. Pero Jennifer había ido al quirófano un año antes (2009), el 31 de octubre, una fecha que fue como un mal presagio de lo espantoso que le resultó someterse a la mamoplastia.Solo el 28 de diciembre de 2011, como si fuera una inocentada más, estalló el escándalo mundial. Jennifer vio en televisión y en los periódicos que se lanzó la alerta mundial de retiro “preventivo y sin urgencia” de las prótesis marca PIP.Ella, preocupada, reunió $45.000 y se hizo tomar una radiografía y arrojó que sus implantes estaban bien. Sin embargo, después del drama de la lactancia en 2010, su caso ha empeorado.Jennifer no se puede acostar del lado izquierdo, no soporta que su esposo le toque esa parte y, lo que más la afecta, no tolera que sus hijas, de 5 y 3 años, la abracen. Fuertes punciones la separan de sus seres más queridos, aunque los tenga al frente. “La niña mayor me dice: mami, ‘tú ya no me quieres, porque no me dejas que te abrace’”, revela la joven madre en su humilde casa de Floralia.Ella solo tiene 25 años, pero tampoco puede ir al parque a jugar y a correr con sus pequeñas, como antes. Cuando se agita, el dolor aparece. “Yo me dopo”, dice enseñando unas pastas. Jennifer no sabe que el medicamento que muestra se prescribe para la depresión, pero ella aduce que “me quitan el dolor”.Ella es una de las quince mil portadoras de los implantes PIP que se estima hay en Colombia. Y como muchas afectadas, ha querido acogerse a la ley que obliga a las EPS a realizar la cirugía para retirar las prótesis del delito. Pero ni siquiera le han hecho una nueva mamografía que explique porqué siente tanto dolor. O saber si se han estallado y la silicona industrial, sustancia no apta para el cuerpo humano, está poniendo en riesgo su salud.“Tengo Sisbén nivel 1, pero solo me cubriría el retiro de las prótesis malas”, dice la joven sin recursos para costear sus nuevos implantes. Ella no tolera el dolor, pero tampoco la idea de retirarse esos aditamentos con los que pasó de la talla 32 B a 36 B, sin reemplazarlos por unos nuevos en la misma cirugía. Estéticamente tendría una imagen contraria a la deseada inicialmente. Hoy es ama de casa y está validando el 9°, que suspendió por su maternidad temprana. Antes de contraer matrimonio con su actual esposo, un ex novio suyo fue quien pagó los $5.000.000 por la cirugía, que incluyó lipoaspiración con inyección de grasa en los glúteos. Con el fallo del 14 de noviembre pasado de un Tribunal de Comercio de Toulon, Francia, que ordenó indemnizar a las víctimas de PIP, Jennifer comenzó a recuperar documentos médicos con la esperanza de unirse a las 1486 colombianas demandantes representadas por la abogada Nathalie Lozano en Francia y así recomponer el daño que las PIP causan a su salud y a su vida. De su cirugía realizada por la cirujana María del Pilar Cabal en la Clínica Plástikos, tiene la copia de la historia clínica. Allí consta que se le practicó un “implante bilateral c/u 385 marca PIP microtexturizada”. Pero la paciente refiere que nunca le entregaron la certificación de la marca de los implantes. “Fui a reclamarla, pero la secretaria me dijo que no aparece, que no la encuentran, que está perdida, que van a llamar al proveedor, me quedaron de llamar, pero hasta hoy no me han dicho nada”, dice la joven.No obstante, la doctora Cabal ya le llenó y firmó un formato donde consta que los implantes sí eran PIP, tal como dice en la copia de la historia. Se trata de un recurso que interpuso el abogado Raúl Tascón con ponencia del magistrado Franklin Pérez Camargo ante el Tribunal Contencioso Administrativo del Valle, con fallo favorable para que las víctimas de PIP que no cuentan con la certificación de sus implantes, puedan probar a través del cirujano que las operó que sí son portadoras de esta marca de prótesis.“Me operé tal vez por complejos que uno tiene. Yo quería ponerme solo más cola, pero una prima me dijo que aprovechara y de una vez me aumentara el busto y ahora mire”, dice sin saber cómo quitarse ese dolor agudo que le punza su seno izquierdo al más mínimo contacto y del que la única doliente es ella. Si Lucía Inés Murillo Salazar no dice que fue víctima de las prótesis PIP, nadie pensaría que tiene implante de senos. Esta morena, alta y delgada, fue al quirófano para obviar un pequeño problema: los vestidos y las blusas se le escurrían porque era talla 32 B y decidió ponerse 34 B. Fue en octubre de 2006 cuando Lucía Inés, una ex secretaria de Itsmina, Chocó, y técnica en comercio exterior independiente que reside en Cali, decidió operarse para armonizar su figura. “El doctor Mauricio Moreno, de la Clínica Picasso me hizo los implantes y yo quedé contenta, feliz”, dice mostrando el folleto donde aparece el especialista.“Él sí me dio el carné con la marca de mis implantes, pero uno no se fija en marcas, uno deja eso a criterio del cirujano plástico”, cuenta ella. Pero cuando estalló el escándalo mundial de las PIP, una prima le dio la noticia: fue como si se le hubiese reventado su prótesis en su cara. Corrió a desengavetar sus documentos: sí, en ese papel decía: PIP. Se hizo tomar una radiografía de urgencia y fue peor: las bolsitas que tan feliz la tenían porque sus blusas estraples ya se sostenían solas, ya estaban rotas, bien rotas.De inmediato acudió a la clínica, pero allá le estalló otra noticia bomba: el cirujano había muerto. “Por fortuna, el doctor Moreno era muy profesional, había dejado mi historia bien organizada y el doctor John García, quien lo reemplazó, estuvo dispuesto a ayudarme”.Pero paciente y médico no contaban con otra situación que les explotó en los exámenes prequirúrgicos: ella tenía las plaquetas en 1.200.000 –lo normal son 400–. Es decir, había un riesgo alto de que en cirugía se formara un coágulo y ahí el estallido sí sería mortal.“El doctor me dijo que sería muy irresponsable si me entraba a cirugía así y me remitió al hematólogo. Y ahí empezó mi odisea”, recuerda Lucy Inés, quien no revela sus 55 años gracias a los genes longevos de su raza chococoana, según su propia expresión. Ante la negativa de su EPS y su plan de medicina prepagada para asumir estos tratamientos, le tocó entutelar. El fallo fue contundente a su favor. Así logró que Coomeva Oro, que había pagado durante 13 años y que nunca había utilizado para una enfermedad grave, asumiera los costos de especialistas, exámenes de citogenética, aspiración de médula ósea y medicamentos para rebajar sus plaquetas al nivel adecuado. Los días de angustia e intranquilidad desde enero de 2012, se tradujeron en noches de insomnio en que ni ella ni su mamá, doña Vilma Salazar, conciliaban el sueño. A esa tramitología, se sumó la espera de los resultados de algunos exámenes que venían de Estados Unidos.Solo en julio de 2012 estuvo a punto para ir a quirófano. El doctor García le cambió los implantes dañados por unos nuevos 34 B, con una marca que sí está certificada por la FDA de Estados Unidos, los Mentor, de Johnson & Johnson. “Sus implantes están reventados, son los más rotos de todos los que he retirado”, le dijo entonces el especialista al término de la cirugía.Lucy Inés sigue el proceso contra los fabricantes de PIP a través de sus abogados Lozano y Blanco Asociados, quienes llevan la demanda civil y penal en Francia de unas 7000 mujeres de distintas nacionalidades, incluidas 1486 colombianas.Pero también hace el seguimiento a través del diario El País y su edición digital. Lo dice mientras va desplegando los recortes de este diario que guarda junto con su historia y documentación clínica. “Aquí El País publicó –señala– que en 2006 la FDA ya había advertido de los peligros de los implantes PIP, entonces el Invima debió alertar y no lo hizo, por lo tanto, sí le cabe una demanda”, enfatiza esta paciente que piensa demandar al ente encargado de vigilar los medicamentos y alimentos que circulan en el mercado nacional.“Uno como paciente o usuario, insiste, está confiado en la labor del Invima, y consume medicamentos, alimentos y productos cosméticos que vienen del exterior, pero el Estado (Invima) cometió el error, de no verificar la calidad de esos implantes”, denuncia.Además, rechaza las críticas de quienes argumentan que el Estado no tiene la obligación de retirarles las prótesis por considerar que esas mamoplastias son de carácter voluntario y estético. “Así como la ortodoncia, las dietas, los cosméticos y todo lo que sea para mejorar es para todo el mundo–en ninguna parte dice que es solo para reinas y modelos–¿por qué uno no se puede hacer un aumento de busto?”, cuestiona.

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