Archivan investigación por irregularidades en elecciones de Cali

Junio 07, 2013 - 12:00 a.m. Por:
Elpais.com.co | Colprensa
Archivan investigación por irregularidades en elecciones de Cali

El registrador Nacional, Carlos Ariel Sánchez Torres.

El Registrador Nacional, Carlos Ariel Sanchez, fue investigado por un supuesto requerimiento de dinero, como soborno, para agilizar o no el proceso de revisión de firmas de Rodrigo Guerrero Velasco y Susana Correa cuando eran candidatos a la Alcaldía.

La Fiscalía General de la Nación archivó la investigación que se adelantaba contra Carlos Ariel Sánchez Torres, registrador Nacional, por las supuestas irregularidades que se habrían presentado en las elecciones a la Alcaldía de Cali de 2010. El Registrador Nacional fue investigado por Martha Lucía Zamora, fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia, por un supuesto requerimiento de dinero, como soborno, para agilizar o no el proceso de revisión de firmas de Rodrigo Guerrero Velasco y Susana Correa Borrero, entonces candidatos a la Alcaldía de la capital del Valle del Cauca. Tras labores de policía judicial por parte del ente acusador, Zamora no encontró méritos para continuar con la investigación por los supuestos delitos de prevaricato por acción, falsedad ideológica en documento público, concusión y alteración de resultados electorales. En la decisión, de 32 páginas conocida por Colprensa, se expresa que no se encontraron los elementos necesarios para establecer que se cometió alguna conducta ilícita, aunque aclara, amparándose en una sentencia de la Corte Constitucional, que si surgen nuevos elementos probatorios la indagación podrá reanudarse. La investigación inició en octubre de 2011, luego de que la Fiscalía 95 de la Unidad de Administración Pública de Cali compulsara copias para investigar a Sánchez Torres, por las supuestas irregularidades en las que habría incurrido durante el proceso de certificación de las inscripciones de los candidatos Correa Borrero y Guerrero Velasco. Los dos políticos manifestaron que les habían hecho exigencias de dinero a miembros de sus campañas, a través de la suma de 40 millones de pesos y 200 millones de pesos, respectivamente, para corregir errores en las firmas presentadas. Inicialmente la Registraduría no aceptó las inscripciones y la Fiscalía empezó las indagaciones tras las denuncias públicas, entre estas un comunicado del presidente de Juan Manuel Santos, sobre estas supuestas irregularidades. Luego, los candidatos fueron inscritos, tras una segunda revisión de las firmas. Los resultados de la investigación Durante las pesquisas realizadas, la Fiscalía ordenó legalmente las interceptaciones de los teléfonos y correos electrónicos del Registrador Nacional, así como a las cuentas bancarias y a las propiedades suyas y de su familia. Inicialmente, la Fiscalía desestimó una posible conducta punible por el delito de prevaricato por acción denunciado por el senador Alexánder López Maya, quien afirmó que Ariel Sánchez modificó la ley para beneficiar al candidato Rodrigo Guerrero Velasco, quien interpuso el recurso de reposición cuando inicialmente parte de las firmas que presentó no fueron certificadas. Según el Senador, Ariel Sánchez modificó la ley al emitir la resolución 7541 de 2011, que derogó los artículos 52 y 62, que establecían las técnicas de muestreo para la revisión de apoyos de las candidaturas por grupos significativos de ciudadanos. El Congresista señaló que esta decisión favoreció a Guerrero Velasco. Sin embargo, el ente investigador dijo que esta acción "no contrario a la ley, sino que realizó un reajuste reglamentario en el modo de verificar los apoyos ciudadanos para las candidaturas, con el cual no vulneró los derechos fundamentales", sino que incluso "redundó en beneficios de aquellos". Zamora también establece que "generó una decisión que propugnó por brindar más y mejores garantías al proceso tendiente a verificar los apoyos ciudadanos para las candidaturas". Además, la Fiscalía manifiesta que con esta acción se dio "un marco de verificación mucho más amplio que aquel por medio del cual se venía realizando la técnica de muestreo". Los resultados consideran que los efectos de la decisión no tenían como destinatarios exclusivamente a este aspirante de la Alcaldía de Cali. "No puede advertir la Fiscalía que existe una manifiesta contrariedad entre lo decidido por el Registrador Nacional y la ley", dice la decisión. En cuanto a la falsedad ideológica en documento público, el senador López Maya argumentaba que un comunicado inicial de la Registraduría arrojó cifras diferentes al que se emitió comunicando el aval de la inscripción de Guerrero. Sin embargo, el ente investigador manifiesta que "resulta evidente" que son personas distintas a Ariel Sánchez las que hacen el conteo y verifican las firmas y estampan en los respectivos formularios las cifras. La Fiscalía explica la diferencia de los números por dos razones: que las personas que hicieron la primera revisión no fueron las mismas que hicieron la segunda, para responder el recurso de reposición y, segundo, que un observador diferente pudo haber realizado una mejor selección de firmas para estipular cuáles resultaban aptas. Concusión y alteración de resultados electorales El delito de concusión se contemplaba, por la presunta existencia de un pedido indebido a integrantes y colaboradores de estas dos campañas a la Alcaldía de Cali, a cambio de la inscripción de las candidaturas o la garantía de éxito en las elecciones. No obstante, la Fiscalía dice que por medio de las entrevistas que se realizaron en esta indagación no se pudo individualizar a la supuesta persona que abusó de su cargo haciendo la solicitud de dinero. Para la fiscal Zamora, ninguna de las personas de las campañas que se entrevistaron "realizan un señalamiento directo de la persona que hubiera podido ser individualizada". Del mismo modo, respecto al delito de alteración de resultados electorales, para el ente investigador "resulta evidente" que para el mes de agosto de 2011 "apenas estaba en proceso de consolidarse la mención a un candidato particular", por lo que se dice que para que pudiera existir el delito de alteración de resultados electorales, al menos "debía haberse iniciado el proceso de votación". El ente investigador resalta que "el proceso electoral como tal no había comenzado" por lo que no se puede afirmar que la alteración se produjo.

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