El sistema financiero tiene una función social, y como tal debe comprometerse aún más.

Por Germán Villegas

Ante la crisis económica desatada por el derrumbamiento de las pirámides, se oyen insistentemente voces que claman por una modificación en el sistema financiero colombiano, para hacerlo más asequible al ciudadano común, al de más bajos ingresos.

Cuando a la gente no se le dan soluciones institucionales para remediar sus más apremiantes necesidades, los ciudadanos, en su afán por satisfacerlas, optan por lo irregular, ilegal o informal. Es el caso de la vivienda: cuando el Estado no atiende la demanda de los destechados, los marginados van y construyen en sitios inadecuados o invaden o caen en el engaño de las urbanizaciones piratas. Así mismo, cuando el Estado no propicia condiciones favorables para la obtención de crédito barato y ahorro bien remunerado, la gente se desvía con su platica a entidades al margen de la ley, en lo que hoy todo el mundo conoce como ‘pirámides’.

Para facilitar y atraer a los colombianos a que hagan sus ahorros y utilicen el sistema financiero, en estos días de convulsión económica y social el Gobierno ha hecho uso de la legislación extraordinaria que le permite el estado de emergencia. Al amparo de esa figura ordenó que los bancos abran cuentas electrónicas, sin costo para el estrato uno y la población desplazada.

Por otro lado, nosotros en el Congreso le hemos dado primer debate al proyecto de ley que permite la creación de las cuentas de ahorro social, CAS. El producto financiero más utilizado en Colombia son las cuentas de ahorro; en la actualidad hay 15 millones de colombianos que tienen cuentas, esto equivale al 53% de la población adulta. La bancarización del país, es decir, el acceso a los bancos por parte de las gentes del común, ha aumentado gracias, entre otras cosas, al programa de la Banca de Oportunidades, que cuenta en el país con 4.700 corresponsales no bancarios, y ha logrado prestar casi $7 billones a la población pobre, que en muchos casos estaba en las garras de los agiotistas y usureros, que cobran el 10% diario, o sea el módico 300% anual.

El proyecto de creación de las cuentas de ahorro social aspira a que se siga incrementando el uso de los servicios institucionales legales. No se cobra al usuario, en estas cuentas, ni el costo de administración, ni la consulta de los saldos, ni transacciones que haga (dos al mes), ni los retiros. El requisito básico que deben cumplir las cuentas de ahorro social es que los movimientos no excedan de dos salarios mínimos y su saldo no sobrepase los tres salarios mínimos.

Propuse un artículo nuevo en la discusión del proyecto. Como es bien sabido, a muchos empleados y trabajadores colombianos les pagan sus sueldos y salarios a través de cuentas de ahorro. Los bancos, ni cortos ni perezosos, les cobran por distintos motivos, generando una merma en el el salario. Por esto hemos planteado que esas cuentas no sean objeto de cobro o gravamen alguno, y así preservamos el salario íntegramente. El sistema financiero debe recordar que tiene una función social indeclinable y que debe comprometerse con la responsabilidad social empresarial.